Los planes de la derecha para continuar con la desestabilización del gobierno sufrieron un duro golpe tras el acuerdo que el gobierno alcanzó con la Central Obrera Boliviana (COB) para trabajar el tema de las jubilaciones en un plazo de 45 días, con lo que se da una virtual tregua al conflicto que tensó la […]
El acuerdo fue firmado por el máximo dirigente de la COB, Pedro Montes, y el ministro de Hacienda, Luis Arce, entre otros.
La derecha está movilizada a través de una «huelga de hambre» de los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas, y de Beni, Ernesto Suárez Sartori, ambos de oposición, y de dirigentes de los comités cívicos de ambos departamentos del oriente boliviano, así como mediante acciones de violencia que la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) -un grupo paramilitar- está desarrollando contra dirigentes sociales y ciudadanos identificados con el cambio.
La protesta de la oposición a Morales es para que se les devuelva recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que se han utilizado para pagar la renta dignidad a los ancianos mayores de 60 años, una de las medidas sociales que mayor respaldo ha merecido de la población y que la derecha no ha podido evitar.
En los planes de la derecha figuraba una alianza con sectores sindicales para después del referéndum, como es el caso de los discapacitados.
Entre los puntos más relevantes del acuerdo están:
La nueva Ley de Pensiones, en actual tratamiento de las Comisiones de Desarrollo Social y de Hacienda de la H. Cámara de Diputados deberá ser consensuada en un plazo razonable que no exceda los 45 días a partir de la suscripción del presente acuerdo. La aprobación de la nueva Ley deberá ser realizada por tiempo y materia.
Constituir una comisión de alto nivel con capacidad decisoria que coadyuve la labor de las comisiones parlamentarias. Dicha Comisión deberá definir los aspectos centrales de la nueva disposición legal recuperando los planteamientos de la Central Obrera Boliviana y el Gobierno Nacional y alcanzando consensos en la forma de financiamiento de la renta de vejez y el carácter del ente gestor en el marco de un modelo de seguridad social basado en la doctrina y los principios del mismo, que beneficien a los trabajadores en su derecho de tener una jubilación digna.
El Gobierno Nacional impulsará una investigación imparcial sobre los luctuosos hechos de Caihuasi ante las instancias competentes. Por acuerdo entre el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni y el Gobierno, los problemas humanos emergentes del conflicto serán resueltos, directamente, entre ambas partes.
La Central Obrera Boliviana declara una tregua en las medidas asumidas con motivo del presente conflicto.