El gobierno argentino prohibió a sus fuerzas armadas alojar en sus dependencias a procesados o condenados penalmente. Esta práctica ilegitima se llevó a cabo hasta ahora con militares sometidos a la justicia por crímenes cometidos durante la dictadura, de 1976 a 1983. La Ministra de Defensa, Nilda Garré, también prohibió a los militares que custodien […]
El gobierno argentino prohibió a sus fuerzas armadas alojar en sus dependencias a procesados o condenados penalmente. Esta práctica ilegitima se llevó a cabo hasta ahora con militares sometidos a la justicia por crímenes cometidos durante la dictadura, de 1976 a 1983. La Ministra de Defensa, Nilda Garré, también prohibió a los militares que custodien el traslado de detenidos y que tampoco se hagan cargo de las notificaciones judiciales. Garré subrayó que la misión de las fuerzas armadas es la defensa nacional, algo claramente separado del tema de la seguridad interior. Con esta decisión, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner accedió al insistente pedido de organizaciones de derechos humanos. Actualmente hay más de 60 militares alojados cerca de bases, o dentro de establecimientos castrenses, dispersos por toda Argentina, la mayoría de ellos en la capital, Buenos Aires.
El gobierno de Argentina prohibió el domingo a sus fuerzas armadas alojar en sus unidades a personas procesadas o condenadas penalmente, como se viene haciendo hasta ahora con militares sometidos a la justicia por crímenes de la dictadura de 1976 a 1983.
La decisión fue trasmitida mediante una orden de la ministra de Defensa, Nilda Garré, a los estados mayores del Ejército, la Armada (Marina) y la Fuerza Aérea, según un comunicado de esa cartera.
Garré también prohibió al personal militar que custodie los traslados de los detenidos y que se encargue de notificaciones judiciales.
Defensa subrayó que los traslados deben hacerlos las fuerzas penitenciarias y de seguridad y no las fuerzas armadas, «cuya misión de defensa nacional está claramente separada de la de seguridad interior», fundamenta la disposición.
La decisión del gobierno de Cristina Kirchner se hace eco del insistente reclamo de organizaciones de derechos humanos por decenas de militares detenidos que están alojados en cuarteles y otras dependencias militares, en condiciones que esas entidades consideran de privilegio.
«Resulta necesario poner límite a esos alojamientos toda vez que las unidades militares no tiene competencia ni pueden asumir las responsabilidades que implican esos alojamientos», indicó el comunicado.
Garré se ha dirigido en varias oportunidades a los tribunales que atienden casos por violaciones a los derechos humanos para solicitarles que los procesados no fueran alojados en unidades militares dado que «no constituyen cárceles».
La ministra considera, además, que la presencia de los procesados implica un «mal ejemplo» para los efectivos de esas unidades y que el hecho constituye una desigualdad ante le ley frente al resto de los sometidos a instancias judiciales.
Actualmente hay 34 militares alojados cerca de la base de Campo de Mayo en una prisión con régimen común, más una docena en un cuartel de Córdoba y otra decena dispersa en establecimientos castrenses de Corrientes, Jujuy, Mendoza y Comodoro Rivadavia.