Con precios altos frenando el desabastecimiento y el contrabando, como afirma el ministro de Economía, la canasta familiar pierde en accesibilidad. Pese a la publicitada bonanza reaparece el déficit. «Hay una querella al interior de los sectores del pueblo», por el uso del productivo e improductivo del excedente, sostiene el Vicepresidente.
Replegada la Central Obrera Boliviana (COB), sin descartar su retorno a las calles antes del 1° de Mayo, la dos recientes semanas de protestas, muestran, entre otros saldos, que a cinco años de gestión y como resultado de la «querella por la renta nacional», el gobierno ha perdido control sobre parte significativa de los sindicatos, «sectoriales, corporativistas»; al tiempo que cobra mayor influencia la sintonía de las finanzas plurinacionales con la línea tradicional del Fondo Monetario Internacional.
Pero lo que hay es «una eclosión proletaria, sus reivindicaciones salariales son legítimas ante el deterioro constante del poder adquisitivo del salario y la evidente inflación, sobre todo de los alimentos», evaluó el ex viceministro Raúl Prada.
Es sólo una «pugna por el excedente económico del país», simplificó este martes, el vicepresidente Alvaro García Linera, rompiendo su silencio de varios días, luego de haber instado la semana pasada a los campesinos y cocaleros a defender al régimen contra la movilización de los sindicatos.
Prada a su vez cuestiona si el gobierno en sus constantes retrocesos, renunciando en la práctica a la aplicación de la nueva Constitución, «ha cruzado la línea divisoria y ahora se encuentra del otro lado de la vereda enfrentando al pueblo», preguntándose también: ¿las diferencias entre sectores se han convertido en contradicciones «oponiendo las perspectivas urbanas a las perspectivas rurales?»
Para el vicepresidente García Linera, que planteó su análisis en un esquema de reflujo social en el proceso de cambio, un llamado grupo «productivo y de izquierda» de sectores alineados al gobierno (que incluye a mujeres campesinas y ex colonizadores, cooperativistas, básicamente) preserva los intereses nacionales, mientras otro «improductivo y de derecha, salud y educación, de clase media estatal que se ha apoderado de la COB», tiende a salidas «corporativistas y sectoriales, individualistas», contrarias a las aspiraciones del resto.
«Esa es la disputa que estamos viviendo hoy, una querella por el uso del excedente productivamente o improductivamente al interior de los sectores del pueblo, una minoría frente a una gran mayoría del uso productivo», según el reporte de la agencia oficial ABI.
El diseño encontró semejanzas con la división entre la «Bolivia productiva» y la «Bolivia no productiva» aludidas el 2003 al final de la gestión Sánchez de Lozada, cuando atacaba al movimiento popular que lo derrocó.
RESTAURACIONES
«Las disonancias en los sectores populares se hacen sentir cuando se hace patente que el proceso de transformaciones se ha estancado y mas bien manifiesta una preocupante tendencia a restaurar el Estado-nación, el Estado liberal, el Estado colonial, en vez de fundar el Estado plurinacional comunitario autonómico sobre la base de la democracia participativa», agregó Prada.
La subida de precios hará que el contrabando sea «menos atractivo» y que la harina, el azúcar, el arroz y el maíz «no se vayan a otros países», dijo el pasado viernes en Washington el ministro de Economía Luis Arce, para quien el alza reducirá el contrabando de alimentos hacia Perú y Chile, declaraciones que fueron criticadas porque circunscriben el alcance de los alimentos sólo a los sectores que tienen altos y medianos ingresos.
La prensa internacional halló a Arce en la capital estadounidense junto a su colega de Planificación, Viviana Caro, asistiendo a las «Spring Meetings» del FMI y el Banco Mundial (BM), mientras el presidente Evo Morales continuaba, incluso el lunes, durante el repliegue de la huelga, lejos negociación con los sindicatos, cuyo round más reciente se extendió por más de 30 horas.
Contrariamente al gasolinazo de diciembre, Morales -que no dio el gusto a la COB de asistir a la capitulación- parece haber salido menos dañado del reciente conflicto, aunque su popularidad no remonta significativamente. El mandatario «ha demostrado que no tiene las soluciones, mientras el Vicepresidente ha mostrado que es él quien tiene las riendas del poder», dijo el analista Iván Arias.
EL DEFICIT
La particular forma de contrarrestar el contrabando y la inflación, deteniéndolos a fuerza de alzas, no precisaba sin embargo, cómo podrán los trabajadores, asalariados o informales, acceder -con un modesto aumento salarial, limitado a pocos sectores- a los incrementados precios de los productos de la canasta familiar disparados sobre todo en los últimos meses a consecuencia del «gasolinazo» de diciembre pasado, que pese a su fugacidad desestabilizó los ingresos familiares.
Paralelamente, por segundo año consecutivo, la zanja del déficit presupuestario -no obstante la subida de los ingresos del gas, las altas cotizaciones de los minerales y la acumulación de reservas internacionales- se cierne sobre la economía estatal desvaneciendo los cuatro primeros años de superávit y los pomposos anuncios de inversión que la caída de reservas hidrocarburíferas está difuminando, especialmente para la industrialización del gas.
Entre el 2006-2009, las finanzas estatales cerraron con superávit fiscal, que alcanzó el 2006 al 4,5% del PIB.
Sin embargo el año pasado hubo un déficit del 4,9% previéndose un 4,2% para este 2011 (que se incrementará, según sea 11 o 12 % de aumento salarial). El déficit se produjo, curiosamente, pese, asimismo, a preocupantes niveles de ejecución presupuestaria, cuyos remanentes, por decreto pasan al programa «Bolivia Cambia, Evo Cumple».
De acuerdo con las cifras oficiales, los ingresos por el gas aumentaron 53% en el primer trimestre del año con relación a igual período del 2010 (y seguirán trepando según ascienda el precio del petróleo, por ahora de 71 a 110 dólares).
Igualmente, las autoridades mineras proyectan rebasar los 2.642 millones de dólares ingresados por la exportación de minerales el año pasado.
El presidente Morales y su ministros, al igual que el vicepresidente Alvaro García Linera están adoptando una política macroeconómica «más estricta» que limita gastos en subsidios y salarios para controlar la inflación, de manera que el país se encuentra otra vez bajo la tutela del FMI y del Banco Mundial, dijo en un reciente reporte el servicio de noticias-Fobomade, un foro sobre medioambiente y desarrollo.
NUEVO ¿»PACTO MILITAR-CAMPESINO»?
El conflicto con los sindicatos dejó también en claro que el gobierno del MAS puede utilizar a cocaleros y «bartolinas», entre sus fuerzas más alborotadas, contra un sector de los propios movimientos sociales, como son los afiliados a la COB, dijeron observadores.
«Cuando en 1964 el general Barrientos dio un golpe y dizque dijo que continuaría la Revolución, agudizó esta polarización: firmó el Pacto Militar Campesino y, en cambio, masacró a los mineros la noche de San Juan», recordó Xavier Albo el último domingo.
«Ahora, con el MAS en apuros, hay cierta semejanza con la primera fase del mismo proceso: el MAS se acerca a los campesino indígenas cuando los mineros y la re-naciente COB (incluidos miles de maestros y salubristas asalariados del Estado) se alzan contra su ‘patrón’ gubernamental», advirtió el analista.
Otros encontraron sorprendentes signos de desesperación gubernamental al recurrir a la dureza de la represión, especialmente contra los maestros en Ventilla, El Alto y contra los jubilados, retenidos en su viaje hacia las marchas.
Era una señal «de que el gobierno se siente totalmente débil e inseguro para buscar otra salida por la vía del estado de sitio y la acentuación de la represión», refirió Miguel Lora en un reportaje, siendo paradójicamente perceptible el malestar de los policías, cuyas esposas exigen un aumento mayor al 10% para el sector.
La intervención campesina fue azuzada en medio de la protesta callejera de los sindicatos desde los más altos niveles de la administración gubernamental, aunque el vicepresidente García Linera prefirió el silencio de último momento, al no haber manifestado más al respecto en los últimos días.
Le tocó el turno a la Coordinadora de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba reunida de emergencia convocar para este martes a una concentración para repudiar las «acciones intransigentes» de los dirigentes sindicales mientras las «bartolinas» (mujeres de los sindicatos campesinos) solicitaban el sábado un referéndum para que la ciudadanía se manifieste sobre la declaración del ejercicio del Magisterio como una profesión libre, cesando a los maestros en huelga.
Paralelamente, el discurso presidencial oscilaba entre la recurrencia a cocaleros y campesinos y la denuncia de conspiración y desestabilización, hasta el simple llamado a poner fin a la «convulsión» o la cesión de un 1 % al aumento decretado el 2 de marzo.
Para el presidente Morales, la exigencia de la COB es una conspiración contra la democracia y la estabilidad nacional: algunos sindicatos radicales no deben pasar de la reivindicación de sus demandas salariales, «a agresiones y a una abierta conspiración contra la democracia y la estabilidad nacional», dijo el fin de semana en Cochabamba, a donde se trasladó desde Tarija.
Los cabecillas de las protestas, algunos dispuestos a aceptar el 11 %, insistían que incremento incluya a todos los sectores sobre todo porque la inflación de los últimos doce meses superó el 11 % y los precios de los alimentos subieron un 18 %.
«La COB no puede firmar nada todavía, pero de alguna manera se le torció el brazo al gobierno», dijo el dirigente de los maestros, José Luis Alvarez.
El ministro de Economía cuestionó a «sectores radicales que hacen el juego a la derecha, que quiere desestabilizar al gobierno», pero su colega de la Presidencia, Oscar Coca instó a desarticular cualquier iniciativa de seguir convulsionando el país».
En medio del conflicto, Rufo Calle, dirigente de un sector campesino adverso al oficialismo, advirtió que el MAS ya dividió a los movimientos sociales con la creación del «Estado Mayor del Pueblo» y la Conalcam, una coordinadora del cambio, coinvertidos según Calle en «aparatos de choque» contra los obreros y otros disidentes del régimen.
Calle rechazó cualquier tipo de enfrentamiento o confrontación entre sectores, en tanto que algunos círculos reflexivos de la cúpula gubernamental admitieron que el gobierno debe cambiar los términos de su relación con los movimientos sociales para alejar mecanismos espinosos como las «practicas clientelares».
No hay que dudar que el Gobierno está en un proceso de debilitamiento acelerado, dice el analista Iván Arias, «pero de ahí a considerar que se va a caer o que ya está en proceso terminal, es apresuramiento».
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