El gobierno trucho y la resistencia indígena-popular en Bolivia

En Bolivia finalmente se consumó el golpe de Estado y se estableció una dictadura cívico-militar, racista y pro-norteamericana con un gobierno trucho, es decir, simulado, o falso, como expresa su significado en el acervo popular. El presidente Evo Morales, su vicepresidente y varias autoridades tuvieron que asilarse en embajadas, junto con sus familiares, y acudir a otros países, como México en el caso de los primeros, para salvaguardar sus vidas amenazadas por las fuerzas fascistas que tomaron el poder por la vía de las armas y la represión.

Las movilizaciones pacíficas del pueblo han sido brutalmente reprimidas con un saldo de muertos, heridos, detenidos y desaparecidos ante la indiferencia y complicidad de gobiernos en el mundo, así como de organismos comparsa de Estados Unidos como la OEA, la ONU, la Unión Europea y los voceros de los gobiernos de derecha, como el de Bolsonaro, de Brasil, que no han tenido empacho en reconocer y justificar la asonada golpista y a sus representantes que se han autonombrado como las autoridades del nuevo régimen dictatorial, también justificado por Luis Almagro al calificar la irrupción golpista como un «autogolpe». Lo mismo aplica para la señora Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de los «Derechos Humanos» de la ONU que, en vez de condenar la represión en Ecuador, Bolivia, en su país Chile y en Haití, ha consagrado sus ataques y críticas contra el gobierno de Venezuela siguiendo el formato de la política de ataques y de agresiones del imperialismo norteamericano.

Replicando las más crueles e infames dictaduras con sus métodos de muerte y de violencia que se impusieron en América Latina por la fuerza durante las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, en muy poco tiempo el gobierno de facto ha adoptado una serie de medidas neoliberales y pro-imperialistas como la destitución de los embajadores del gobierno de Evo Morales; el anuncio de la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela y el retiro, mediante decreto, de Bolivia del ALBA, que es una de las principales consignas de Estados Unidos a sus operadores coloniales en los países dependientes a través de sujetos como Piñera, Bolsonaro y Macri, con el objetivo de minar la integración latinoamericana y fortalecer el dominio imperialista de Washington.

Investida por un ex-comandante de las fuerzas armadas, la autonombrada «presidenta» de facto, la ex-senadora opositora de derecha, Jeanine Áñez, que no puede ocultar, ni con maquillaje teñido de rubio, su nítido mestizaje y expresivo racismo anti-indígena -que, junto con los militares, retiró y mancilló la Whipala que es el emblema de los pueblos originarios- expidió un mortífero decreto que exime de toda responsabilidad penal a la policía y a las Fuerzas Armadas en la represión de las protestas en el país; dice así: «El personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad». De este modo dio rienda suelta y autorizó a las fuerzas armadas para reprimir a placer y con sadismo a los pueblos originarios, y a todos los inconformes contra el golpe de Estado, incluyendo a los que no son partidarios del presidente Evo Morales.

A diferencia de Venezuela, por ejemplo, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) no tuvo el cuidado, o tal vez la osadía, de construir fuerzas armadas populares, como los organismos milicianos defensores de la patria, que eventualmente hubieran podido contrarrestar el golpe fascista y la intervención del ejército oligárquico que hoy reprime al pueblo boliviano con saña y furia bajo las órdenes de la autoproclamada presidenta y de militares corruptos que siguen a pie juntillas las órdenes de Washington para destruir el proyecto social-popular construido por el depuesto gobierno a lo largo de 13 años e instaurar, al mismo tiempo, el fracasado neoliberalismo que hoy arde y se extingue prácticamente por todo el mundo a la luz de la crisis y decadencia del capitalismo histórico.

El presidente Evo Morales en el exilio ha planteado la posibilidad de un retorno para establecer un «diálogo nacional» con vistas a pacificar su país y evitar las masacres que está perpetrando el régimen genocida. Sin embargo, es muy difícil pensar que dicho régimen y sus personeros estuvieran dispuestos a sentarse en una mesa a negociar una transición democrática para restablecer el orden en el país, sobre todo considerando que quien en última instancia toma las decisiones es Estados Unidos. Y más aún cuando la presidenta de facto ha declarado que, de retornar el presidente Morales, sería inmediatamente detenido y sometido a juicio para encarcelarlo, sin descartar las denuncias probadas acerca de que ya había orden de asesinarlo si permanecía en el país después del golpe.

Otra posibilidad es que el régimen permita que sesione el Congreso, donde el MAS detenta dos tercios de los votos, tanto para evaluar y decidir si se acepta o no la renuncia del presidente Evo Morales y de las demás autoridades, como para establecer un calendario electoral que fije el proceso y las fechas para celebrar nuevas elecciones presidenciales en el entendido de que el régimen ya ha anunciado que no permitirá la participación en dicho proceso del presidente Morales. Además existen denuncias de la persecución de los parlamentarios de ese partido y de su posible proscripción y el encarcelamiento de sus miembros para evitar una salida constitucional que deponga a la dictadura. De hecho, el régimen anunció el 17 de noviembre de 2019, a través del nuevo «ministro» de facto, un tal Arturo Murillo, la creación de un «aparato especial de la Fiscalía» para detener a congresistas miembros o que son afines al Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Evo Morales que, supuestamente, estarían «incitando» a la violencia, mientras que, intencionadamente, el 30% de la oposición se niega a entablar negociaciones contra la mayoría constituida por el 70% de los escaños en el Congreso para dar la apariencia mediática de que no existen condiciones para reunir a los parlamentarios y definir el futuro del país.

El problema de fondo, como en Venezuela, radica en que la toma de decisiones finalmente la tienen los personeros de Washington quien evidentemente ha decidido apropiarse de los recursos naturales del país, con énfasis en el litio (también conocido como oro blanco) que es un mineral estratégico que se utiliza en la fabricación de acero, de baterías, esmaltes y lubricantes y en industrias como la electrónica y la medicina, entre otras.

Los Comités Cívicos, como el de Potosí, verdaderos semilleros de la contrainsurgencia y de la organización del golpe, comenzó sus ataques contra el gobierno plurinacional por haber firmado con Alemania un proyecto de explotación del litio 100% estatal gestionado a través de la creación de la empresa Yacimientos de Litio Bolivia (YLB) mediante la cual puso en marcha una planta productora de cloruro de potasio con acciones mayoritarias del Estado.

Uno de los promotores del golpe, el señor Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, también fue uno de los principales opositores a dicho proyecto que lo tildó de «antinacionalista», como pretexto para sustentar sus intereses golpistas a través de la consigna levantada en torno a que supuestamente se había registrado un fraude electoral en las elecciones presidenciales.

Por lo tanto existe una íntima relación estratégica y político-económica entre el golpe de Estado y la apropiación de los recursos naturales de Bolivia a través de las empresas trasnacionales norteamericanas que, de este modo, intentan fortalecer sus estrategias de confrontación imperialista contra potencias competidoras en ascenso como China y Rusia, entre otras.

Es este el verdadero trasfondo del golpe de Estado: despojar a los pueblos del mundo y a las naciones de sus territorios productivos originarios para trasladar esos recursos a los procesos de acumulación de capital de Estados Unidos, de la oligarquía financiera y del aumento de la tasa de ganancia de las minorías privilegiadas de sus clases dominantes enraizadas en el andamiaje del complejo tecnológico-industrial y militar de ese país.

Una vez instalada la dictadura a través del golpe, el régimen intentará revestirlo de «civilidad» para darle una apariencia de «democrático», sea a través de futuras elecciones fraudulentas con el control de los órganos electorales, o mediante comicios normales, pero que le aseguren una continuidad al régimen neoliberal excluyente de la mayor parte de la población boliviana. No se ve por donde se pueda restablecer el gobierno democrático anterior al golpe, sobre todo porque Estados Unidos tratará de legitimar el régimen de facto presionando su reconocimiento en los países que le son afines, como lo ha hecho en el caso de Venezuela con el presidente bufo Guaidó que es su marioneta mediante la que controla y manipula a la ultraderecha apátrida de ese país atrincherada hasta el presente en la Asamblea Nacional.

Consideramos que, más que la acción diplomática y política que el presidente en el exilio pueda ejercer para solventar una posible solución frente al golpe de Estado que derroque a las fuerzas golpistas y reestablezca mínimamente lo que se denomina democracia y estado de derecho, es la lucha popular del pueblo la que, en última instancia, podrá lograr este objetivo. Al respecto nos parece importante transcribir las siguientes resoluciones del Cabildo de los 14 Distritos de la ciudad de El Alto y de las 20 Provincias de Bolivia que constituyen un verdadero manifiesto de lucha y de las demandas más sentidas de la población contra el gobierno de facto y el genocidio que está realizando para intentar mantenerse en el poder:

1. Renuncia de la autoproclamada presidenta.

2. Renuncia inmediata de la alcaldesa Soledad Chapetón por incumplimiento de funciones y traición al pueblo alteño.

3. Liberación inmediata de los detenidos en las movilizaciones a nivel nacional.

4. Desconocimiento total de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto por parte de los 14 Distritos.

5. Repliegue inmediato de los militares a sus unidades.

6. Pedir a la policía que se reivindique con su pueblo para así poder llegar a la paz de todo el Estado plurinacional.

7. Expulsión inmediata de los señores Carlos Mesa Gisbert, Luis Fernando Camacho, Marco Puari por incitar a la violencia entre los bolivianos.

8. Pedir la presencia de los derechos humanos y de los medios de comunicación, nacionales e internacionales, para que difundan los atropellos que se están dando con este gobierno transitorio.

9. En caso de no reconocer nuestras peticiones resueltas en este megacabildo se tomarán medidas más radicales.

10. Hermanos y hermanas vamos a implementar bloqueos a nivel del Alto y las 20 Provincias y a nivel nacional y un paro indefinido con el bloqueo de 1000 calles.

11. Realizar un cerco a toda la ciudad de la Paz.

Los Cabildos, una especie de reflexión colectiva y crítica de la realidad social, son unidades y espacios ancestrales de participación popular donde se toman decisiones trascendentes para las comunidades y se establecen las líneas de acción que se tienen que desplegar. En el caso del golpe, las anteriores resoluciones señaladas constituyen las líneas mínimas de acción tomadas por las comunidades para intentar derrotar el golpe de Estado y los intentos de institucionalizar la dictadura revestida de civilidad impuesta por Estados Unidos y la oligarquía boliviana y que muy bien se pueden combinar y coordinar con la acción que desde el exterior desarrolle el presidente Morales desde su exilio en México.

Adrián Sotelo V. Investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la FCPyS de la UNAM.

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