El gobierno golpista de Bolivia mantiene una inusual presión sobre la embajada de México en ese país, con un exagerado despliegue de policías y militares, tratando que los nueve solicitantes de asilo ya instalados en esa sede se entreguen para ser juzgados por tribunales locales, ante el temor de que se pueda producir una salida […]
El gobierno golpista de Bolivia mantiene una inusual presión sobre la embajada de México en ese país, con un exagerado despliegue de policías y militares, tratando que los nueve solicitantes de asilo ya instalados en esa sede se entreguen para ser juzgados por tribunales locales, ante el temor de que se pueda producir una salida furtiva de éstos hacia algún país vecino.
Las relaciones diplomáticas entre México y Bolivia han llegado a un nuevo punto de tensión luego que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador denunció que su embajada en La Paz ha estado bajo el acecho de decenas de agentes de seguridad bolivianos y que su personal ha sido hostigado e intimidado por la Policía de ese país.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard señaló que su gobierno denunciará ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) al gobierno de facto de Bolivia por el hostigamiento de las fuerzas de seguridad a sus sedes diplomáticas en el país , expresando su «preocupación» por el despliegue exagerado de la policía y el ejército bolivianos.
El 23 de diciembre aparecieron fuera de las instalaciones de la embajada y de la residencia unos «90 elementos no solicitados de Policía y Ejército» de Bolivia, dijo Ebrard. «Para hacerles una idea, el número habitual no rebasa los seis», remarcó.
A raíz de esto, se contactó a las autoridades bolivianas para mostrar la «preocupación» de México sobre este despliegue y también se estableció contacto con Naciones Unidas y otros organismos internacionales, indicó el canciller.
López Obrador se sumó al repudio y dijo que «Eso no lo hizo ni (Augusto) Pinochet». En su habitual conferencia matutina deseó que Bolivia «recapacite y respete» el derecho de asilo y se aleje la «tentación» de tomar la embajada de México en ese país.
La Cancillería mexicana manifestó su preocupación por la violación de la inmunidad de sus representantes diplomáticos y exigió poner fin a la «excesiva vigilancia» desde que México hizo pública la decisión de dar asilo al derrocado presidente Evo Morales el pasado 11 de noviembre. «Es una acción concertada en contra de México», acusó Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe.
«Estas personas están actuando peor que las peores dictaduras centroamericanas y sudamericanas de los años sesenta y setenta. Están actuando con mucho dolo porque por un lado acusan, amenazan e intimidan y por el otro no quieren entablar la comunicación que amerita la situación», dijo el subsecretario.
El expresidente ultraderechista Tuto Quiroga, «delegado ante la comunidad internacional» de la dictadura afirmó en conferencia de prensa que López Obrador es un «cobarde matoncito (…) mientras es tan sumiso ante Trump, Castro y Maduro. AMLO es el padrino de tiranos latinoamericanos». Y agregó que el canciller mexicano Marcelo Ebrard «es el candidato prematuro buscando congraciarse con castristas».
Sin dudas, le sobran razones a México al denunciar la excesiva presencia de fuerzas armadas bolivianas a las afueras de la embajada que está a cargo de María Teresa Mercado Pérez, diplomática de carrera, y la inadmisible coacción de funcionarios de la dictadura, que no ha logrado el control político y social y se encuentra ante el riesgo de las elecciones a que se comprometió a convocar en 2020.
El vehículo de la embajadora Mercado también fue revisado de forma irregular, aun cuando lo prohíbe el derecho internacional, reclamó la Cancillería mexicana en una carta enviada a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la secretaría general de Naciones Unidas. Más de 150 funcionarios policiales y de inteligencia adscritos al Ministerio del Interior boliviano, fuertemente armados, rodean la residencia oficial de México en La Paz.
La excusa oficial de la presión a la representación diplomática mexicana es de «prevención ante eventuales ataques a la embajada mexicana para exigir la expulsión del ex militar, sociólogo y ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana», señaló -sin avergonzarse- secretario privado presidencial, Erick Foronda.
El Gobierno de facto acusa a Quintana de sedición y terrorismo por supuestamente instigar y financiar las protestas a favor del gobierno de Morales, cuya represión cobró 23 muertos en los últimos tres meses. «Vamos a ir a la cacería de Quintana», declaró la autoproclamada presidenta Janine Áñez a mediados de noviembre. Seis semanas después el asedio continúa, incluso en los límites legales de la Convención de Viena, el instrumento que media el derecho de las representaciones diplomáticas entre países.
Los asilados en la embajada mexicana son Javier Zavaleta López, exministro de Defensa; Héctor Arce Zaconeta, exprocurador general; Félix César Navarro Miranda, exministro de Minería; Wilma Alanoca, ministra de Culturas entre 2017 y 2019; Hugo Moldiz, exministro de Gobierno hasta 2015; Víctor Hugo Vásquez Mamani, exgobernador del departamento de Oruro; Pedro Damián Dorado López, viceministro de Desarrollo Rural, y Nicolás Laguna, director de la agencia digital Agetic.
En México también está asilado Luis Arce Catacora, antiguo ministro de Economía, y uno de los preferidos de Evo Morales para contender por la presidencia, que se ha convertido en otra fuente de tensión entre ambos gobiernos.
Por su parte, el coronel Julio Cordero, comandante departamental de la policía de La Paz señaló que para evitar que escapen esas personas «no vamos a disminuir un solo efectivo policial en la vigilancia de esos recintos porque estaríamos cometiendo el delito de incumplimiento de deberes, además que tenemos la orden para detenerlos en cuanto sea posible».
Otro factor de inconformidad boliviana ha sido el procedimiento utilizado por México para asumir la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que actualmente ejerce Bolivia y a partir de enero corresponde al norteamericano.
El gobierno de facto, por órdenes de Estados Unidos, ya ha anunciado su intención de dejar la Celac y señalado la «actitud inamistosa» de México al convocar a reuniones del organismo regional sin informar ni contar con el consentimiento de su país que está por entregar dicha presidencia temporal.
Sullkata M. Quilla. Antropóloga y economista, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
http://estrategia.la/2019/12/
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