El gobierno nacional se propone acelerar la regresión en materia de Derechos Humanos después de las elecciones de octubre. Clave en ese proyecto es un asesor del Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, el abogado Alfredo Mauricio Vítolo. Especialista en derecho corporativo y director él mismo de grandes empresas, Vítolo propugna el […]
El gobierno nacional se propone acelerar la regresión en materia de Derechos Humanos después de las elecciones de octubre. Clave en ese proyecto es un asesor del Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, el abogado Alfredo Mauricio Vítolo. Especialista en derecho corporativo y director él mismo de grandes empresas, Vítolo propugna el perdón a los militares detenidos por crímenes de lesa humanidad. Como consecuencia de sucesivas fusiones, es socio de Emilio J. Cárdenas en uno de los mayores bufetes del país, Nicholson y Cano Abogados. Sus principales clientes son el ingenio Ledesma (responsable de la detención arbitraria de Milagro Sala), el Centro Azucarero Argentino, la cámara de banqueros ADEBA, Copal, Grupo HSBC, Cargill, Acindar, YPF, Shell, Whirlpool, Verizon, Camuzzi, Mitsubishi, Panasonic, Adidas, Despegar, Chevrolet, Zurich, SCJ Johnson, Boehringer y Petronas Lubricants. Además Vítolo preside la financiera Ellerstina Inversiones, la comercializadora de combustibles Latin Energy Argentina y fue director de Metrogas, Air BP Argentina y Central Costanera.
Su socio Cárdenas es el inspirador de la serie de editoriales del diario La Nación que postula juzgar también a los sobrevivientes de la dictadura, que el diario llama terroristas, como forma de forzar una nueva amnistía. Vítolo se refiere con insistencia en sus escritos a la convivencia social pacífica. Pero en su muro de Facebook incluye una fotografía en la que dos niños le apuntan con armas de fuego, con alta probabilidad de juguete. Los tres sonríen en una feliz escena familiar. Para su publicación en esta nota los rostros de los niños han sido pixelados, como forma de protegerlos de la exposición a la que los sometió Vítolo, en una manifestación insólita para un presunto defensor de los Derechos Humanos. En otro post, incluyó un apoyo a la revuelta de las cámaras patronales agropecuarias de 2008.
El plan y sus protagonistas
El 16 de mayo Vítolo acompañó durante una visita al museo de la antigua ESMA a la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, Martha Minow. Antes, Minow y Vítolo se reunieron en el Archivo Nacional de la Memoria con Avruj, el secretario ejecutivo del archivo, Sergio Kutschevatsky, y el Subsecretario de Protección de Derechos Humanos, José Brian Schapira. Vítolo es asesor jurídico de esa subsecretaría. Los anfitriones acusaron a los organismos defensores de los Derechos Humanos de tácticas intimidatorias contra quien quiera apartarse de la visión que sostienen sobre lo sucedido en los setenta y ochenta, pero dijeron que el gobierno los va a silenciar. También enunciaron un plan con ese propósito, que se pondría en ejecución después de las elecciones de octubre y que incluye cambios en los programas educativos y la apertura de juicios por crímenes de lesa humanidad contra los supervivientes de la dictadura. El día anterior, 15 de mayo, la decana de Harvard recibió un doctorado honoris causa de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. También allí fue acompañada por Vítolo, quien tiene un posgrado en derecho de Harvard y fue secretario del club que en Argentina reúne a los graduados de esa facultad. Durante la ceremonia, Minow disertó sobre «Derecho, Justicia y Perdón». Su registro se aproxima al que aquí sostienen personas como el obispo católico Alcides Jorge Pedro Casaretto y Graciela Fernández Meijide, que oponen verdad y justicia como si fueran excluyentes.
En 1987, Vítolo coincidió en el Consejo de Consolidación de la Democracia con Carlos Fernando Rosenkrantz, quien desde la Corte Suprema de Justicia es otra pieza fundamental del mecanismo de regresión. En el caso Fontevecchia, la Corte contradijo una larga jurisprudencia, anterior incluso a la reforma constitucional de 1994, y sostuvo que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son obligatorios para la Corte argentina, que se reserva la última palabra. La aplicación de la derogada ley del 2×1 al represor Luis Muiña provocó una imponente respuesta social, con la mayor movilización que se recuerde en defensa del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, a la que Avruj se refirió en el diálogo con la decana de Harvard. Según el Secretario, la reacción de los organismos de Derechos Humanos fue tan fuerte «que nos obligó a retirar el apoyo oficial al fallo de la Corte Suprema para calmarlos». No mencionó la gigantesca marcha de repudio, cuya asistencia se estimó en medio millón de personas, ni la ley que por unanimidad -menos un diputado esclavista- interpretó que el 2×1 era inaplicable a crímenes de lesa humanidad. Según le dijo Avruj a Minow, «esta gente [por los organismos] no comprende la institucionalidad y la democracia, ni respeta la división de poderes».
Vítolo es uno de los propagandistas del fallo Fontevecchia. El 3 de mayo celebró su impacto en la Universidad Católica Plácido Marín, de San Isidro, una institución creada por el obispo Alcides Jorge Pedro Casaretto y el almirante Horacio Florencio Reyser, padre del principal asesor internacional del presidente Maurizio Macrì, Forencio Reyser Travers. Casaretto es uno de los principales impulsores de la denominada reconciliación y el guía espiritual del diputado Eduardo Amadeo, quien llevó esa idea al ridículo al celebrar la visita de Angela Merkel a la sinagoga de la calle Libertad, como si simbolizara el reencuentro entre los criminales nazis y sus víctimas judías. Vítolo es directivo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, cuyo presidente es otro firmante de los fallos Fontevecchia y 2×1, Horacio Rosatti. El mandato de Rosatti vence en agosto y Vítolo aspira a sucederlo, pero al no ser titular de cátedra ni doctor en derecho, tiene pocas posibilidades frente a Daniel Sabsay, pese al apoyo del Opus Dei.
Tres fallos en cuestión
El desconocimiento de las obligaciones internacionales del Estado no puede plantearse sin consecuencias complicadas para el gobierno, que el jueves debió soportar que Merkel recorriera el Parque de la Memoria en compañía de Vera Jarach, quien perdió a su abuelo en Auschwitz y a su hija Franca arrojada al Río de la Plata desde un avión por el terrorismo de Estado en Argentina. Alemania ha hecho un extraordinario trabajo de arrepentimiento y reparación por los crímenes de su dictadura de 1933 a 1945 y hasta hoy prosiguen los juicios contra los pocos perpetradores todavía vivos, que se acercan a los 100 años. Vítolo escribió un trabajo titulado La posibilidad de perdonar a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad, que publicó la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Allí afirmó que «los estados, sin renunciar a la idea de justicia, tienen la potestad, conforme a sus derechos nacionales y sin violar obligaciones de derecho internacional, de indultar o amnistiar a los responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad». Vítolo cuestiona la incorporación de tres fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Barrios Altos y La Cantuta, de Perú, y Almonacid, de Chile) por la Corte argentina a partir del fallo Simón, de 2005. «Los siete votos concurrentes de los miembros de la Corte Suprema en el caso Simón se fundan esencialmente en una interpretación parcial, extensiva y descontextualizada de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos», dice.
El perfil de Rosenkratz y Vítolo es similar en algunos aspectos al del también mendocino Carlos Horacio De Casas, propuesto por el Poder Ejecutivo para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: los tres son abogados de grandes empresas locales e internacionales que se interesaron en el derecho internacional de los Derechos Humanos durante la presidencia de Raúl Alfonsín, pero no lo acompañaron más allá del dictado de la ley de obediencia debida. Rosenkrantz y Vítolo veneran a Carlos Nino, De Casas a Santo Tomás de Aquino. Avalados por el monje negro de humo del radicalismo, Ernesto Sanz, pueden vestir la regresión con ropajes del liberalismo jurídico, sin los exabruptos contraproducentes de activistas como Cecilia Pando. De Casas suma a esto posiciones cavernícolas sobre otros temas, como las políticas de género y diversidad sexual y la libertad de expresión. Vítolo reprodujo en su muro de Facebook la exposición que De Casas hizo ante el comité de expertos de la CIDH. Pero omitió que fue el único candidato objetado por ese panel porque «no demuestra una reconocida competencia en derechos humanos». Sus dos actuaciones conocidas en la materia fueron la defensa de un militar imputado por crímenes de lesa humanidad y de dos banqueros del Opus Dei procesados por insolvencia fraudulenta.
Antes de comenzar la visita al museo, Avruj entregó [a Minow] un par de folletos explicativos. Pero lejos de ponderar su contenido, afirmó sin dudar:
-Todo lo que leerá aquí es la versión parcial de un bando. Lo mismo comprobará en la visita al Museo, pero lo vamos a cambiar.
En público, Avruj siempre se ha expresado en forma respetuosa a las víctimas del terrorismo de Estado. Pero en el diálogo con la jurista estadounidense invirtió los términos: llegó a llamar terroristas a las víctimas de la dictadura y víctimas a los familiares de los detenidos por crímenes de lesa humanidad. Tal vez algo o alguien le hizo pensar que encontraría oídos receptivos. Durante la visita, Minow destacó la importancia de la verdad contra el silencio y de un sitio de memoria como el de la antigua ESMA para enfrentar a la negación. Ante una consulta para esta nota, acerca de los conceptos expresados por Avruj sobre nuestra historia y la forma en que es expuesta en el Museo, la decana de Harvard respondió en forma diplomática que necesita tiempo para reflexionar sobre su visita y que se propone escribir al respecto más adelante.
Minow se ocupó extensamente de la denominada cultura transicional. En 1998 publicó el libro Between Vengeance and Forgiveness: Facing History After Genocide and Mass Violence (Entre la venganza y el perdón: cómo enfrentar la historia luego del genocidio y la violencia masiva). Allí sostiene que cuando la sociedad prioriza la curación y la reparación de la dignidad humana, las comisiones de la verdad pueden ser más útiles que los juicios, y pondera la importancia de los monumentos públicos, los programas educativos y las leyes de amnistía. En 2002 fue coeditora con Nancy Rosemblum del libro Breaking the Cycles of Hatred: Memory, Law, and Repair (Romper los ciclos del odio: Memoria, Justicia y Reparación). En uno de los tres ensayos que preparó para ese libro, se pregunta si es posible dar respuestas legales a la violencia que no desaten una escalada de venganza y afirma que las comisiones de la verdad y los juicios civiles por daños suelen dar mejor resultado que los juicios penales.
Una de sus pocas preguntas que hizo fue si se enseñaba a los jóvenes el periodo de la dictadura.
-Si, pero en forma sesgada. Sólo la versión de un bando. Pero vamos a cambiar eso. Hemos formado un equipo conjunto con el Ministerio de Educación que está trabajando en los nuevos programas- respondió Avruj.
Agregó que «si queremos contar la verdad, eso es considerado criminal». Puso como ejemplo la ley de la provincia de Buenos Aires que obliga a su gobierno a mencionar a la dictadura como cívico-militar y a cifrar en 30.000 el número de detenidos desaparecidos. Dijo que le parecía aberrante. Se indignó por la comparación con el Holocausto (sin reparar que también en ese caso existe un negacionismo que comienza por cuestionar el número de víctimas).
-Tenemos los datos precisos, no pasaron de 9.000, pero los organismos de Derechos Humanos hacen tanto escándalo que nos obligan a repetir la mentira de los 30.000.
Añadió que el gobierno tenía encuestas según las cuales la sociedad lo apoya y quiere «que se cuenten las dos partes de la historia». Ante un gesto de Minow, Avruj agregó que comprendía el valor simbólico de los 30.000, «pero hay que hablar en serio, no se puede vivir en la mentira». Añadió que «la sociedad quiere mirar hacia adelante, pero un grupo pequeño que grita mucho, tira hacia atrás». Luego de una pausa, anunció:
-Pero los vamos a silenciar.
Como explicación para la posición crítica de los organismos hacia el gobierno dijo que «están furiosos porque no les consulta su política de derechos humanos. Están mal acostumbrados». Contó el enojo de los organismos por su reunión con las que llamó «víctimas del terrorismo» y comentó:
-No quieren que las víctimas entren a este lugar. ¿A usted le parece?
La decana no contestó. Luego de una parrafada contra el «gobierno populista» que a su juicio «cooptó a los organismos de Derechos Humanos y les hizo perder independencia», Avruj le entregó un ejemplar de la edición 2016 del Nunca Más, la guió hasta el salón de actos en el que una gigantografía muestra el momento en que Ernesto Sábato entregó el informe a Raúl Alfonsín y explicó que había respetado el prólogo original y suprimido el que agregó la gestión anterior. La semana pasada Avruj prosiguió la tarea mediante una audiencia con el obispo castrense, Santiago Olivera, que antes había sido recibido por el propio Macrì, para que nadie pueda dudar que se trata de una política oficial. Avruj publicó una foto suya con el obispo y la leyenda «Para avanzar en un diálogo conjunto y en la cultura del encuentro». En marzo, Avruj pidió a la CIDH que durante su visita a Argentina recibiera a los familiares de los militares y al nuncio apostólico. La CIDH no lo aceptó. En cambio el viernes próximo su presidente Francisco Eguiguren visitará en la cárcel de Alto Sufridero a la presa política Milagro Sala, cuya vida e integridad física corren peligro.
Los Vítolo
Alfredo Mauricio Vítolo proviene de un linaje mendocino de abogados radicales católicos. Su abuelo, Alfredo Roque Vítolo, fue ministro del Interior del presidente Arturo Frondizi. Su padre, Alfredo Isidoro, creó en 1999 el Movimiento De la Rúa Presidente, para canalizar apoyos castrenses a su candidatura y en 2005 publicó el libro Amnistías políticas argentinas, en el que hoy se basa su hijo para propugnar el perdón a los militares detenidos por crímenes de lesa humanidad. Su tío, Daniel Roque Vítolo, fue abogado de Jorge Bergoglio durante sus años como arzobispo de Buenos Aires. También fue uno de los redactores de la ley de quiebras, y en los últimos meses se convirtió en el principal propagandista del Grupo Macrì en el debate sobre [la condonación de la deuda] del Correo Argentino, en línea con las afirmaciones presidenciales sobre el caso.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/43481-el-gran-salto-atras