El asesinato de candidatos como recurso para determinar el resultado de una elección no es una rareza ni un procedimiento inédito en donde nunca ha habido una democratización de los canales institucionales-electorales, aun cuando sí una relativa pluralización del sistema de partidos que garantizó la rotación de élites pero no cambios sustantivos ni canalización institucional […]
El asesinato de candidatos como recurso para determinar el resultado de una elección no es una rareza ni un procedimiento inédito en donde nunca ha habido una democratización de los canales institucionales-electorales, aun cuando sí una relativa pluralización del sistema de partidos que garantizó la rotación de élites pero no cambios sustantivos ni canalización institucional de las demandas sociales.
En México, los asesinatos en general y de candidatos en particular pasan inadvertidos; la violencia es la divisa dominante de la política, tanto en la modalidad de represión llana y abierta como en la acción consuetudinaria de las instituciones, que, sin moderación, quebrantan el orden constitucional a su antojo, señala Arsinoé Orihuela, en La digna voz.
Este alud de criminalidad e ilegalidad concertada desde las instituciones explica el fenómeno de la «naturalización» del maridaje violencia-política, íntimamente entrelazada con la violencia social. La decisión política que desencadenó la barbarie en México fue la guerra contra el narcotráfico, alentada y cofinanciada por EEUU, que decretó el expresidente Felipe Calderón en 2006, como una estrategia para aplastar por la fuerza las denuncias de fraude en su contra.
La crisis de violencia en el país es fruto de una octogenaria acumulación de procesos electorales fraudulentos, en la que los asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular es una norma más que una excepción. Es cierto que ha habido un agudo recrudecimiento, porque las fuerzas armadas, las añejas dinastías familiares y el narcotráfico han acumulado cuotas extraordinarias de poder, especialmente en el último decenio, señala Orihuela.
La guerra nunca fue contra el narcotráfico: éste es hoy el actor dominante en la política mexicana, pero habilitó un escenario bélico que propició el fortalecimiento de las fracciones más criminosas del poder político (jerarcas militares, dinastías familiares, narcotráfico). El fraude electoral de 2006 acarreó la guerra. Y el costo humano fue altísimo: 200 mil muertos, decenas de miles de desaparecidos, millones de familias desterradas de sus territorios o comunidades, y la normalización del terror, la criminalidad y la corrupción.
Tan sólo en los últimos cuatro meses hayan sido asesinados más de 30 aspirantes a cargos de elección popular. Hasta la OEA denunció que en México es asesinado un candidato cada cinco días. Si esto aconteciera en Venezuela, no es tan difícil imaginar el escozor internacional que provocaría. «Pero como acontece en México, donde la barbarie está naturalizada, nadie respinga, con excepción de unas escasas expresiones de preocupación».
Orihuela explica que cuando un candidato visita la comunidad o jurisdicción por la cual está compitiendo, el narco acostumbra secuestrar los vehículos en los que se transporta el candidato, reporteros y personal de prensa, para concertar ex profeso una entrevista entre el jefe narco de la «plaza» y el candidato, y coordinar a priori la «agenda de cooperación» entre el futuro funcionario y las organizaciones criminales. «Desde el punto de vista del neoliberalismo sin reservas, que profesa el culto de la superioridad de los mercados por encima de cualquier acción del Estado, México es la utopía», indica Orihuela.
El impacto sobre la población es directo y determinante y esa es, precisamente, la idea de los asesinatos: afectar la participación electoral y los resultados. El clima homicida alimenta el abstencionismo, en un país donde el voto no es obligatorio: a los comicios sólo asiste entre el 20 y el 40 por ciento del electorado. El asesinato de candidatos tiene como fin provocar un terror que aleje al público de las urnas.
Hoy toma importancia el caso de Carlos Santiago Carrasco, quien sirvió a diversos gobiernos de distinto signo en Oaxaca, reprimiendo a movimientos populares en 2006 y 2007. La Comisión de la Verdad (creada por el Congreso oaxeño) concluyó que se violó de manera masiva y sistemática múltiples derechos humanos, como la presunción de inocencia, al debido proceso; detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes; desapariciones forzadas, tortura sistemática y ejecuciones extrajudiciales
Si Carlos Santiago y muchos otros funcionarios, que fueron parte activa en la represión en 2006 y 2007, y que cometieron crímenes de lesa humanidad, permanecen en la administración pública, es porque ningún presunto perpetrador, ni autoridad sobre quien recaiga una responsabilidad mayor, ha sido presentado ante la justicia. Y, como no han sido juzgados, hay permiso para seguir violando los derechos humanos, dice Luis Hernández Navarro en La Jornada.
Lejos de olvidarse, las afrentas sufridas por el pueblo oaxaqueño en aquellos años son una herida abierta. Por eso es tan importante la decisión de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca de presentar una denuncia contra el Estado mexicano (donde se responsabiliza a los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón) ante la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad, para evitar así que estos crímenes queden impunes y se repitan.
Gerardo Villagrán del Corral. Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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