En la Argentina más de cinco millones de personas viven en la indigencia y no les alcanza para consumir las calorías diarias que su organismo necesita. Entre ellos habría tres millones de chicos.
Esos números empeoraron de la mano de la disparada de la canasta alimentaria en medio de la devaluación del 54% aplicada por el gobierno de Javier Milei tres días después de asumir.
La disparada del 118% en el dólar que generó esa devaluación, explicó en buena medida que el costo de vida haya subido 25,5% en diciembre.
Pero ya después de las PASO de agosto del año pasado se había producido una primera devaluación. Eso provocó, según el Indec, que en el tercer trimestre del año pasado la cantidad de personas indigentes subiera de 3,7 a 4,6 millones. Es decir, en un año aumentaron en 900.000 personas. Pasó del 8% al 9,9%.
A fines del tercer trimestre, el 38,5% de la población había pasado a vivir por debajo de la línea de pobreza en relación al 37,7 % de igual período de 2022, de acuerdo con el procesamiento de los microdatos de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) que difundió el Indec. Son casi 18 millones de pobres.
No entregan alimentos a los comedores
Desde la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Somos Barrios de Pie, cuyo máximo referente es Daniel Menéndez (exfuncionario de la gestión Alberto Fernández), el Movimiento Evita (a cargo del Plan Potenciar Trabajo en la era del Frente de Todos), hasta el MST Teresa Vive y el FOL (dos organizaciones que forman parte de UP, el conglomerado piquetero más combativo), denuncian falta de entrega de alimentos en comedores. Y responsabilizan directamente a la ministra, que se niega a entablar diálogo con las organizaciones sociales y trata a los referentes de los colectivos de “gerentes de la pobreza”.
La situación generó una serie de conversaciones, con la agenda alimentaria en primer plano, entre los máximos exponentes de las agrupaciones. En principio, la idea es realizar una actividad en conjunto el próximo 15 de febrero, fecha en la que se reunirá el Consejo del Salario Mínimo en la Secretaría de Trabajo.
En la UTEP subrayan que el diálogo es fluido, que hay articulación con todos los sectores, y destacan que la denominada “fila del hambre”, una hilera de personas que se conformó en la puerta del Ministerio de Capital Humano para reclamarle alimentos a Pettovello en los últimos días, dejó un saldo positivo: “Después de eso, salieron comunicados, en solidaridad de la situación, de la Iglesia, la Conferencia Episcopal, la CGTA y la CTA. Estamos en esa dirección, con mucho trabajo articulado”, sostuvo Alejandro Gramajo, titular de la UTEP.
La Unidad Piquetera también marchará a la Secretaría de Trabajo
Un plenario realizado el pasado jueves en la sede del Sindicato del Neumático definió la continuidad del plan de lucha de trabajadores ocupados y desocupados. Allí dos centenares de delegados que integran la Unidad Piquetera, el sindicalismo combativo, asambleas populares, de la cultura, entre otras, definieron movilizar el próximo jueves a la Secretaría de Trabajo para reclamar un salario mínimo igual a la canasta familiar y la continuidad del plan de lucha de la CGT y las CTA.
Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, explicóque: “queremos un salario mínimo de $ 500.000 y que no avancen con el desenganche de los Potenciar Trabajo que es algo que está en la agenda del gobierno y dejaría a los trabajadores más empobrecidos a la deriva”.
El dirigente explicó que insistirán en su reclamo de comida para los comedores populares, que “ya venía discontinuando el gobierno anterior, pero quedaron suspendidas definitivamente desde que asumió el nuevo gobierno. En los barrios la gente tiene cada vez más hambre”, se lamentó.
Cáritas Argentina se reunió con Sandra Pettovello
El director nacional de Cáritas Argentina, Luciano Ojea Quintana, se reunió el viernes con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y pidió que los movimientos sociales, asociaciones, centros vecinales y sindicatos preserven su rol en la asistencia a los sectores más vulnerables.
El reclamo se enmarca en «la renovación de un convenio de meriendas» que, según consideraron desde Cáritas, se malinterpretó al entenderlo como un «acuerdo exclusivo entre la Iglesia y el Estado», donde estas dos instituciones actúan como únicos interlocutores válidos en materia de asistencia social.
El jueves pasado, Pettovello firmó un convenio por $20.000 millones para la compra de 5 millones de unidades de alimentos en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Dicha ampliación del Programa de Abordaje Comunitario se decidió tras sucesivas protestas de organizaciones sociales por los recortes que llevó a cabo el Ministerio de Capital Humano.
El Frente de Lucha Piquetero se movilizó frente al Puente Pueyrredón
El dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni encabezó una movilización de numerosas organizaciones sociales frente al Puente Pueyrredón que pensaba dirigirse a las inmediaciones del ministerio de Capital Humano. En respuesta, el gobierno preparó un fuerte operativo de seguridad, en un nuevo episodio del conflicto a causa de los comedores populares. Si bien los manifestantes no lograron superar el operativo policial y no subieron al puente, sí cortaron toda la avenida Mitre de Avellaneda.
Los y las trabajadoras de los comedores populares, y las organizaciones piqueteras que integran, desarrollaron una acción frente al Puente Pueyrredón (Avellaneda) en reclamo contra el recorte total de la provisión de alimentos del Estado nacional para la asistencia alimentaria en los barrios, de la cual dependen millones de trabajadores pobres con sus familias.
La acción se desenvolvió desde las 10:00 con decenas de organizaciones piqueteras, muchas de ellas nucleadas en el Frente de Lucha Piquetero, las cuales denuncian que “más de 30.000 comedores populares (…) están cerrados producto de una decisión de la ministra Pettovello que se burla de la pobreza”.
Las fuerzas de (In) seguridad montaron un fuerte operativo represivo, incluso violando la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, violentando los términos del protocolo represivo de Patricia Bullrich y las leyes nacionales en la materia.
El objetivo de la manifestación era marchar hasta el ministerio de Capital Humano para reclamar contra las medidas de la “ministra del hambre”, Sandra Pettovello. La movilización se dio en el marco de fuertes tensiones entre la funcionaria y los dirigentes de organizaciones sociales, luego de que el pasado lunes y el miércoles los manifestantes en largas colas en las afueras del ministerio en reclamo de ayuda alimentaria, no encontraron respuesta por parte del Gobierno.
El Frente de Lucha Piquetero se convocó en los accesos entre la Provincia y la Ciudad para denunciar el cierre de comedores por la falta de insumos. Al respecto, Belliboni argumentó: “Son 30.000 los comedores populares que están cerrando uno a uno desde que el Gobierno decidió descontinuar la entrega que hacía el Estado para paliar la grave situación social que ha ido en aumento con la pulverización de los salarios y las jubilaciones”.
“Vamos a reunirnos con todas las organizaciones y nos vamos a unir en un gran plan de acción en los próximos días, no puede ser que el ajuste lo paguen los que menos tienen”, subrayó Belliboni.
En la misma línea, el dirigente advirtió que “esto recién empieza” y resaltó que el movimiento piquetero “ha enfrentado a los gobiernos ajustadores desde hace décadas y lo seguiremos haciendo para defender a los trabajadores desocupados y precarizados”.
El gobierno afirma que no entregará más recursos alimentarios a los “intermediarios” -entiéndase por estos a quienes garantizan el funcionamiento de miles de comedores a pulmón-, y que lo hará de forma directa, cosa desmentida por el destrato de la ministra hacia quienes fueron a la cita que ella proclamó.
Sin embargo, se trata de una política sesgada con un claro visto de discriminación contra los trabajadores desocupados que se organizan para mejorar sus condiciones de vida, ya que el gobierno nacional firmó convenios de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (Aciera) por $177.500.000 y con la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (Conin). Además, acaban de renovar un acuerdo con la Iglesia (Cáritas Argentina) por 310 millones de pesos para alimentos, luego del reproche público de la Conferencia Episcopal.
Los aumentos sobre la Asignación Universal por Hijo y los montos de la Tarjeta Alimentar no compensan el ajuste total del gobierno sobre la política de asistencia alimentaria, e incluso no llegan a cubrir siquiera la inflación profundizada por las políticas económicas de Javier Milei. Según un reporte de la consultora Analytica, en enero cayó 19,8% interanual lo destinado a asignaciones familiares y AUH. Estamos ante un claro ajuste contra los que menos tienen, sacándoles el pan de la boca a las y los niños de los barrios más castigados por la política de ajuste nacional.
Los y las trabajadoras y comensales de los comedores populares y las organizaciones piqueteras que integran reclaman el restablecimiento y el envío de los alimentos recortados y que se garantice el funcionamiento de los miles de comedores populares con una dieta balanceada y cantidades suficientes para cubrir una demanda creciente. Junto al reclamo por la mejora en las condiciones laborales de miles de trabajadoras, quienes solo en algunos casos perciben un salario mínimo de indigencia por mes.
Intermediarios que sí le gustan a la ministra
Por Sonia Tessa
Exactamente al mismo tiempo que la ministra Sandra Pettovello rechazaba recibir a las personas que se habían congregado en la fila del hambre, con su DNI -como ella misma había dicho-, su oficina de prensa difundía el comunicado sobre el convenio de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA), “para que reciban la ayuda directa y sin intermediarios”. El número de beneficiarios son 36.150, una nimiedad en relación a los 10 millones de personas que asisten a comedores comunitarios. Esa misma tarde, la ministra difundió su foto con Abel Albino, en la firma de un acuerdo con la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (Conin), en el que ambas partes se comprometen a trabajar en la lucha contra la desnutrición infantil. No fue azaroso que mostrara la inflexibilidad con organizaciones populares el mismo día que celebraba a evangélicos y al médico del Opus Dei que culpa a las madres por la desnutrición infantil (y a un vehemente ejercicio de la sexualidad también).
La deriva confesional en el combate contra el hambre tiene una historia: se conoce el rol fundamental de las distintas iglesias en la promoción del voto a Javier Milei. La Libertad Avanza tiene varios diputados nacionales provenientes de las iglesias evangélicas. Santiago Pauli, de Tierra del Fuego y Lourdes Arrieta, de Mendoza, son dos de ellos. También Nadia Márquez, de Neuquén, hija del pastor Hugo Márquez, vicepresidente de Aciera. La estrategia es similar a la de Jair Bolsonaro en Brasil, recostar su poder político en un culto con gran raigambre en los sectores populares.
Es por eso que Aciera publicó un comunicado exultante: “Es relevante destacar que el trabajo social realizado por las iglesias cristianas evangélicas a menudo pasa desapercibido. Este reconocimiento por parte del ministerio es un paso significativo para visibilizar y valorar la labor constante de estas instituciones en beneficio de la comunidad. En muchas ocasiones, el esfuerzo desinteresado de las iglesias ha sido olvidado, y esta iniciativa representa un cambio positivo y necesario”, escribieron en su página web.
Las promesas de campaña se van cumpliendo: la restauración conservadora, religiosa, el desalojo de cualquier organización popular de las políticas públicas, aunque la consecuencia sea arrojar al hambre a millones de personas, son algunas de las acciones que el gobierno está llevando a cabo.
Hay en esa simultaneidad de Pettovello un mensaje político contundente: la organización popular debe ser reemplazada por la beneficencia, por la acción vertical de las iglesias. Y no de cualquier iglesia. Conin tiene más de 100 centros en el país, además de 1.500 instituciones que dan ayuda alimentaria. Lo que también tiene son políticas activas para demonizar la anticoncepción y la diversidad sexual, y combatir las interrupciones de embarazos. Albino se hizo famoso por desestimar la protección que brinda el preservativo contra las enfermedades de transmisión sexual durante la exposición de distintos sectores de la sociedad ante el plenario de comisiones del Senado en el que se analizó el proyecto de ley que luego fue rechazado, en 2018.
La Libertad Avanza también tiene al menos un diputado del Opus Dei, el santafesino Nicolás Mayoraz, presidente -nada menos- de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que ya adelantó su intención de derogar la ley 27.610 (y aseguró tener los votos aunque, ya sabemos, los cálculos de LLA pueden fallar). También puede fallar la estrategia conjunta. Esta misma semana, la santafesina diputada nacional Rocío Belén Bonacci se cortó sola y presentó un proyecto en ese sentido, pero nadie más en el partido recogió el guante. Consideran que -todavía- no es el momento. Incluso, Lilia Lemoine le reprochó que hizo algo «dañino» porque iba a caer en saco roto.
La bravuconada de Pettovello con las organizaciones sociales tiene su contracara directa con la gentileza hacia Aciera y Conin. Y así, de paso -a días de la entrevista con el papa Francisco- marca la diferencia con la Iglesia Católica.
En ese mismo marco, la Conferencia Episcopal Argentina, órgano máximo de la iglesia católica, le reclamó que la comida no sea una variable de ajuste. “El tiempo de la pandemia nos enseñó el valor de la respuesta comunitaria organizada: unidos para curar, cuidar y compartir fue la consigna de ese tiempo. Se multiplicaron así, los comedores en nuestras parroquias, en las Iglesias evangélicas, entre los movimientos populares -especialmente en casa de vecinos que prestaron un lugar-. Las grandes protagonistas fueron las mujeres. Cada una se acercó a la olla pensando no sólo en sus hijos, sino también en los de los de los vecinos, y así formaron comunidad, así formaron un pueblo que le hizo frente a un desafío inédito. Si queremos trabajar por la paz social, tenemos que reconocer en primer lugar el valor del otro en cuanto otro, y su aporte al bien común”, le advierten en un documento que recoge la carta del Papa Francisco a los movimientos populares.
El miércoles a última hora difundió la renovación de un convenio con Cáritas. “Estamos muy felices de haber firmado la renovación del convenio de meriendas que desde hace mucho tiempo tenemos con el Estado nacional. Seguiremos trabajando junto a los que sufren la crisis alimentaria en el marco de la grave situación social que se vive. Renovamos el esfuerzo para que ninguna persona se quede sin cuidado ni protección”, dijo Luciano Ojea Quintana, director nacional de Cáritas Argentina.
Es que la asistencia alimentaria tiene en la Argentina múltiples actores (y sobre todo, actrices). Tampoco las organizaciones sociales polemizan con las iglesias. Sí con la ministra. La respuesta de La Poderosa recurrió a la ironía. “La ministra Pettovello entregará alimentos para 36.000 personas a través de las iglesias evangelistas en José C. Paz, un 0,36% de las 10.000.000 de personas que hoy necesitan asistencia alimentaria. ¡Vamos Ministra! Solo le falta el 99,64%”, escribieron en la red social X, mientras la ejecución del presupuesto para asistencia alimentaria en 2024 es cero.
Por su parte, Juan Grabois también cuestionó lo hecho por la ministra. “Con el convenio suscripto, se reproduce lo que el gobierno llama ‘intermediación’ porque si en vez de generarse el vínculo Estado-ciudadano, se genera el vínculo Estado-Aciera-Ciudadano, objetivamente opera una ‘intermediación’. Salvo en la cabeza de Pettovello, no hay nada de malo en ello. Se llama participación comunitaria y entra en el marco del principio social de subsidiariedad del Estado”, dijo el referente de Patria Grande, y recordó que “la crisis apenas pueda abordarse con el esfuerzo mancomunado de los 41.253 mil comedores y merenderos formalmente inscriptos en el RENACOM y distribuidos más allá de los límites estrechos que el pensamiento unitario permite reconocer a la Ministra”.
En la misma línea va el vaciamiento de las políticas para proteger a mujeres e identidades feminizadas de las violencias. Es que todo eso -las políticas de género, la asistencia alimentaria, el trabajo, la educación- están bajo la órbita de Pettovello, licenciada en Periodismo (Universidad de Belgrano) y licenciada en Ciencias de la Familia (Universidad Austral), sin experiencia en gestión pública. Y la subsecretaría que se ocupará de estos temas todavía no tiene funcionaria designada.
Organizaciones de la sociedad civil -que tanto disgustan a la ministra- firmaron esta misma semana un documento conjunto reclamando que se pongan en marcha políticas contra las violencias machistas. “Garantizar el derecho a una vida libre de violencias para mujeres y personas LGBT+ es un deber del Estado argentino de acuerdo con las obligaciones que ha asumido tanto a nivel local como a nivel regional e internacional: la Convención de Belém do Pará y la Convención CEDAW”, dice el texto que es firmado por 14 organizaciones, entre ellas el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“Entendemos que en tiempos de crisis económica es imperioso fortalecer la autonomía económica de las mujeres y las diversidades. Las estadísticas demuestran que ellas son las más afectadas por la pobreza: dentro del decil más pobre, 6 de cada 10 personas son mujeres. El 13% de los hogares en Argentina están a cargo de una sola persona sin cónyuge, y de estos el 79% son monomarentales, es decir que están a cargo de una mujer. Estos hogares se ven especialmente atravesados por la pobreza, 7 de cada 10 se encuentran situados en los dos quintiles más bajos de ingresos”, sigue la carta que Pettovello aún no respondió.
Desde la calle, la gestión cotidiana de los comedores populares, Victoria Clérici, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos en Rosario, subrayó “la falta de empatía” del Ministerio de Capital Humano y de “imbecilidad respecto de la gestión estatal”. “Porque vos podés asumir a partir de un partido político y una ideología el gobierno, pero cuando estás en una función pública, el Estado tiene que llegar a todo el mundo. Hay una contradicción muy grande entre lo que se dice para la tribuna y los medios de comunicación y los hechos concretos, que son cuando se dice que no va a haber intermediarios ni referentes, sentarse con tres de Aciera”, consideró Clérici. Más claro imposible: “No hay un problema con la intermediación sino con lo que no me gusta. El Estado no funciona así, es de cada una y cada uno de los argentinos. Claramente esta gente viene a hacer negocios para los amigos y los leales”, agregó. Para ella, con amplia experiencia en el área “no hay política. Tiene que ver con la brutalidad de esta gente, sumada a la pedagogía de la crueldad”.
Reclamo a la ministra de Capital Humano
El miércoles 7 de febrero, trabajadores y trabajadoras de comedores y merenderos populares se concentraron, a partir de las 10:00, frente al ministerio de Capital Humano de la Nación, que encabeza Sandra Pettovello, y en todas las delegaciones del país para reclamar la entrega de alimentos suspendida desde diciembre.
Compartimos convocatoria:
Centenares de coordinadoras y cocineras de comedores populares que han
tenido que reducir al mínimo o interrumpir su actividad por falta de
entregas de alimentos, se concentrarán frente a la cartera que conduce
Sandra Pettovello.
El reclamo por la entrega de alimentos, de parte de quienes están a cargo de los comedores y merenderos, irá acompañado de una demostración de las múltiples actividades y redes que se generan alrededor de estos espacios comunitarios que en los barrios más humildes de la Argentina cumplen un rol social amplio e irremplazable, los mismos reparten más de 10 millones de raciones diarias.
Por cada comedor popular que cierra, familias enteras dejan de recibir un plato de comida.
Niños y niñas quedan sin meriendas. Una red de contención en el barrio se extingue, lazos de solidaridad se deterioran, estrategias comunitarias de subsistencia se debilitan.
Es entonces cuando los narcos no encuentran resistencias sociales, y se hacen lugares en comunidades aisladas y atomizadas sin la cobertura colectiva vecinal.
Todo esto irán a explicar las cocineras y coordinadores de comedores y merenderos populares, cucharón en mano, a la ministra Pettovello, quien no parece ser consciente de la crisis alimentaria actual y la sensibilidad que demanda.
No parece conocer esa realidad, ni los conceptos acerca de la construcción comunitaria y de ciudadanía. Exigimos la urgente entrega de alimentos a los miles de comedores populares que dan respuesta al hambre en la Argentina.
Convocamos a la más amplia unidad de organizaciones y actores sociales, en todo el país, para conformar mesas por la Emergencia Alimentaria, para de manera urgente y unitaria hacer frente a la crisis.
Convocan: Libres del Sur, FeNaT–CTAA, Movimiento Argentina Rebelde, Frente Popular Darío Santillán, y la Coordinadora por el Cambio Social: Frente de Organizaciones En Lucha (FOL), el Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS), el Movimiento 8 de abril, FAR y COPA en Marabunta, el Federación de Organizaciones de Base (FOB) Autónoma, la OLP Resistir y Luchar, Movimiento Juana Azurduy, Arriba Lxs Que Luchan. Además de FOL, MTD Aníbal Verón, MRP, FOB, MTR Por la democracia directa.
Comunicado de la CGT contra Sandra Pettovello: «Arrogante, insensible y discriminatoria»
Luego de que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no haya atendido a los manifestantes que hicieron una «fila contra el hambre» en la puerta del ministerio para reclamar por alimentos para comedores populares, la Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó un duro comunicado contra la funcionaria.
Es que Pettovello confrontó cara a cara la semana pasada con líderes de agrupaciones sociales y, para evitar a los intermediarios en la entrega de asistencia, les dijo que no los recibiría a ellos, pero sí «una por una a la gente que tiene hambre«.
Ante estas declaraciones, manifestantes hicieron una «fila contra el hambre» en la puerta del ministerio de Capital Humano que se prolongó por unas 20 cuadras reclamando la intervención del ministerio para el desarrollo de las ollas populares y la asistencia a los comedores.
Sin embargo, esas personas no fueron recibidas por Pettovello quien declaró: «Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol».
En medio de esta polémica, la CGT sacó un duro comunicado titulado «Chicos, ¿ustedes tienen hambre?«, usando la frase que usó Pettovello.
«Con esta frase arrogante, insensible y discriminatoria, la ministra exhibió la actitud política del gobierno nacional ante los reclamos que organizaciones sociales realizan tras el recorte de ayuda estatal en alimentos para los comedores comunitarios y las ollas populares», inició la carta de la central obrera contra Pettovello.
En esa línea, siguió: «El último eslabón de la dignidad humana se agota cuando no se puede cumplir la más básica necesidad que es la de alimentarse. Frente a la condición urgente del hambre, no puede haber otra prioridad que una respuesta activa y una actitud de compasión elemental, anterior a cualquier posicionamiento ideológico».
Asimismo, la CGT también dejó una crítica para los gobiernos anteriores: «La situación de indigencia y pobreza estructural de millones de personas en extrema vulnerabilidad no puede esperar. Constituyen un abanico doloroso en nuestro cuerpo social, castigado desde hace mucho tiempo por el flagelo de la inflación, que gestiones gubernamentales desafortunadas o ineficientes no pudieron o no supieron encauzar para bienestar de la enorme mayoría de la población».
La advertencia de la CGT
«Esta ‘fila del hambre’ muestra el rostro más cruel de nuestros desafíos como dirigentes. ‘Un plato de comida no se le niega a nadie’ es una vieja frase que representa nuestra más saludable tradición argentina», sigue la CGT.
«Las distintas variables económicas están componiendo un panorama inusitadamente crítico de cara a los meses venideros. El riesgo de una crisis alimentaria con imprevisibles consecuencias está a la vuelta de la esquina», señalaron.
Y concluyeron: «Por eso es que advertimos: no es con la soberbia de cerrar las puertas a quienes reclaman, ni con la indiferencia de hacer oídos sordos a los que necesitan, como podremos encaminarnos en un marco de cordura y diálogo hacia las soluciones».
La Conferencia Episcopal pidió asistencia «sin dilación» a los comedores comunitarios
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) advirtió que «cientos de miles de familias» en el país tienen problemas para «alimentarse bien» y afirmó que «la comida no puede ser una variable de ajuste», por lo que los comedores comunitarios, entre otras instituciones sociales y religiosas, deben recibir asistencia «sin dilación» para que la situación «no profundice la crisis alimentaria».
«Como obispos, en el trato pastoral con la gente sencilla, hemos aprendido que ‘Un plato de comida no se le niega a nadie’. Es que en nuestra patria nadie debería pasar hambre, ya que es una tierra bendita de pan. Sin embargo, hoy, a cientos de miles de familias se les hace cada vez más difícil alimentarse bien», expresó la Comisión Ejecutiva de la CEA, cuyo presidente es monseñor Oscar Ojea.
En ese documento, titulado «El pedido del pan de cada día es un clamor de justicia», y difundido a una semana de que el Papa Francisco reciba en el Vaticano al presidente Javier Milei, la CEA resaltó que «es necesario anticiparse para que esta situación no profundice la crisis alimentaria», y en ese sentido consideró que «se debe facilitar a las personas, las comunidades y al pueblo aquello que se necesite para ayudar a los más frágiles, especialmente a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores».
«Ante una crisis -mencionó el texto- no son suficientes los paradigmas tecnocráticos, sean estadocéntricos, sean mercadocéntricos, es necesaria la comunidad», afirmó.
El documento indicó que «la inflación desde hace años crece día a día y pega fuertemente en el precio de los alimentos», una situación que «siente claramente la clase media trabajadora, los jubilados y aquellos que no ven crecer sus salarios».
«Ante este escenario de trabajo sacrificado y de bajos ingresos, las familias se privan de muchas cosas. Por ejemplo, una mamá puede privarse de tomar un colectivo y camina para ahorrar, pero de ninguna manera puede no darle de comer a sus hijos. Es decir, la comida no puede ser una variable de ajuste», sostuvo.
El documento citó un fragmento del libro sapiencial de Tobías, en el Antiguo Testamento, que señala que «entre las necesidades primarias está el alimento», un motivo por el cual, continuó el texto, «Jesús se identifica con los últimos en la fila de la vida que padecen hambre, y dice: ‘Tuve hambre y me diste de comer'».
La CEA recordó que el tiempo de la pandemia de Covid-19 «enseñó el valor de la respuesta comunitaria organizada» y que en aquel tiempo de emergencia sanitaria «se multiplicaron los comedores» en las parroquias, las Iglesias evangélicas y los movimientos populares.
Así, destacó que «las grandes protagonistas fueron las mujeres», porque «cada una se acercó a la olla pensando no sólo en sus hijos, sino también en los de los vecinos», mencionó la CEA.
La entidad católica valoró que «esa reserva» social «está todavía presente», y por eso «el Estado nacional, provincial y municipal tienen que aprovecharla para que nadie se quede sin el pan de cada día».
«Todos los espacios de cuidado que dan de comer, todos los comedores comunitarios, de parroquias, iglesias evangélicas y de movimientos populares deben recibir ayuda sin dilación», opinó la Comisión Episcopal.
Y agregó: «Toda esta comunidad, verdadero ejército de amor y servicio, está dispuesta a dar de comer ahora porque hace falta, pero sin renunciar a seguirse poniendo la patria al hombro, para que en nuestra querida Argentina se haga realidad el sueño de Tierra, Techo, y Trabajo para cada familia».
El Gobierno de Javier Milei anunció recientemente la auditoría a los comedores registrados para luchar contra la «discrecionalidad, compras que no se entienden bien y cuestiones que estamos dispuestos a cambiar», explicó días atrás el vocero presidencial, Manuel Adorni.
«Va a haber un método innovador para que las ayudas lleguen a quienes correspondan», agregó, sin especificar más detalles, aunque sí reiteró la lucha del Gobierno por «evitar que existan negocios con la pobreza».
En el ámbito de esas protestas, la ministra de Capital Humano -cartera de la que depende la asistencia social-, Sandra Pettovello, dijo recientemente que no iba a hablar con «los referentes» que acudieran hasta ella, sino que atendería «uno por uno a la gente que tiene hambre», anotando su nombre y DNI.
Esta afirmación llevó hoy a numerosas personas a hacer fila ante la sede de su cartera.
El Gobierno dejó de enviar fondos y alimentos a los comedores comunitarios
Por Mara Pedrazzoli
El Gobierno mantiene pisado el envío de fondos y alimentos a los comedores comunitarios en todo el país, y la situación allí se agrava día a día. El dinero no alcanza en todas las familias para comprar alimentos y la población que asiste a los comedores crece. La política pública alimentaria venía siendo cuestionada por los movimientos sociales, en el marco de un proceso de reducción del gasto fiscal, pero suspender los pagos y el envío de mercadería mientras “están pensando” una mejor respuesta no contribuye a la solución, denuncian. Ayer el Gobierno giró un monto para la Tarjeta Alimentar, un programa que cubre una asistencia acotada para niños y niñas de hasta 14 años.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, no ejecutó las partidas de los programas alimentarios destinados a comedores populares que por ley se habían renovado emulando el presupuesto de 2023. De esta manera, el Gobierno contribuye al ajuste fiscal, pero cargando el peso sobre los grupos más vulnerables de la sociedad, y no sobre la casta. Inclusive el superávit fiscal de 2 % del PBI acordado con el FMI preveía el diseño de políticas públicas de contención para los sectores más vulnerables. No obstante, la cartera manejada por el cordobés Gabriel Lerner decidió pisar los programas con financiamiento del BID para la compra de alimentos secos y frescos -el “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”- y otros con fondeo local para asistencia a comedores comunitarios y escolares, que suman unos 180.000 millones de pesos presupuestados: el 8,4 % de los fondos de la Secretaría.
En enero de 2023, la ejecución presupuestaria destinada a comedores comunitarios fue del 24 % del total de los recursos. Hoy es del 0 %, según muestran los datos oficiales abiertos del Presupuesto Nacional. El Gobierno únicamente ejecutó los giros por la Tarjeta Alimentar, que es una política de asistencia acotada dirigida a niñas y niños de hasta 14 años, que representa el 32 % del presupuesto de la Secretaría. Ayer, para ese programa fueron destinados 132.000 millones de pesos.
La explicación del Gobierno para suspender la asistencia a los comedores es que quieren mejorar el sistema, para que los establecimientos compren directamente la mercadería con una tarjeta en lugar de recibir provisiones enviadas por el Estado Nacional. A esto apunta la política de extender la Tarjeta Alimentar a los comedores, que hasta ahora alcanzó a un número muy reducido.
Los movimientos sociales también critican las compras que realiza el Estado pues “entrega mal y tarde”, ya que ningún proveedor quiere venderle porque pagan con una demora de casi seis meses. Rafael Klejzer, referente del movimiento La Dignidad, señaló que los movimientos sociales muchas veces consiguen agilizar las compras y obtener mejores precios porque compran al por mayor pero además conocen a los comercios de cercanía. “Los comedores no funcionan íntegramente con asistencia del Estado, como habitualmente se cree, sino que muchas veces reciben raciones de colectas o yendo al Mercado Central a reciclar la mercadería que después se consume», aclara.
Desde el Centro de Estudios por la Soberanía Popular Mariano Moreno, que dirige Klejzer, relevaron los aumentos de precios en comercios de cercanía a los barrios populares durante enero y encontraron cifras preocupantes: el vinagre subió 64,2 % en el mes, los jugos en polvo 63,3 %, la polenta 54 %, el aceite 45 %, la harina 43,5 % y la leche 41,4 %, para mencionar algunos ejemplos. Las subas en los comercios de cercanía suelen ser mayores que en supermercados, esto cuando el programa Precios Justos estaba vigente pero también por las ofertas que suelen ofrecer los grandes centros comerciales, pero no un almacén. “En el contexto inflacionario actual, si el Estado sólo prorroga las partidas del Presupuesto 2023 el desfinanciamiento para los comedores populares será muy importante”, advierte Klejzer. “Ya en 2023 recibimos alimentos por un 20 % menos que años anteriores”, agrega. Los movimientos sociales vienen cuestionando la política alimentaria del Gobierno: “desde 2021 funciona mal”.
Natalia Zarza, referente socio-comunitaria de la UTEP y trabajadora en comedores, comenta que la situación es desesperante para algunos sectores de la sociedad. “Donde antes se daban 80 tuppers hoy se reparten 150, y cada tupper contiene más de una ración, pero la mercadería no alcanza. Entonces los comedores que abrían de lunes a viernes ahora solo abren tres días y los que abrían tres días pasaron a abrir solo uno”, ejemplifica. En igual sentido se manifiesta Klejzer: “la gente que asiste a los comedores populares crece cotidianamente, entonces algunos comedores no daban abasto se transformaron en merenderos, y otros merenderos son ahora una olla popular de una vez por semana”. La cantidad de personas que asiste a los comedores cambia semana a semana. “Estamos recibiendo gente en nuestros comedores que nunca antes vimos venir. Recibimos más gente que en la pandemia, porque a nadie le alcanza la plata para comer. No es una situación de personas sin trabajo o que hacen changas, sino de familias con empleo formal que se quedan sin dinero antes de fin de mes”, agrega Zarza. “La situación en los barrios es delicada y las personas se enojan con las propias compañeras porque entregan raciones pequeñas que es lo que se llega a cocinar”.
La calidad de la comida en los comedores muchas veces no es buena y las entregas estatales son lerdas y discontinuas: “Un día te dan hidratos, pero no entregan aceite ni azúcar, otro día te arreglan con algunas latas de tomate y arvejas”, sostienen desde la UTEP, pero discontinuar las asignaciones de recursos físicos y monetarios a los comedores no parece ser parte de la solución. Mientras el Gobierno “está pensando” una mejor respuesta, transforman lo malo en peor. Lo mismo sucedió con la entrega de las cajas de navidad que fue suspendida en diciembre porque evaluaron que eran muy pocas, “inclusive en la transición de Cristina Kirchner y Mauricio Macri se entregaron”, señalaron desde los movimientos sociales.
Respecto a las asignaciones presupuestarias, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo el miércoles pasado que el Ministerio de Capital Humano “ha duplicado la ayuda alimentaria y aumentado en un 75 % el presupuesto destinado a las transferencias a comedores”, sin embargo, ninguna de esas cifras pudo constatarse con la información oficial consultada por este diario. Sí se observó que el presupuesto para políticas alimentarias es exactamente el mismo que en 2023 -lo cual supone un fuerte ajuste sobre el poder de compra con una inflación superior al 211 % anual-, y que en materia de comedores populares el presupuesto está siendo subejecutado, con asignaciones cero. Ante este escenario, los movimientos sociales, referentes de iglesias y algunas ONGs presentaron a las autoridades un listado de los comedores que administran y la cantidad de personas asistentes, pero todavía no obtuvieron respuesta.
“El lunes vamos a hacer una fila en la puerta del Ministerio de Capital Humano para que atiendan individualmente a quienes tienen problemas de alimentación”, comentaron desde La Dignidad, “pero todavía no resolvimos cómo trasladar a las personas que viven en el interior del país”. Además, el jueves repetirán la asistencia a las puertas de supermercados para recibir donaciones. Interpretan que va a haber lucha. En tanto desde la UTEP calcularon en respuesta a las autoridades que “si el Gobierno quiere atender una a una a las personas con hambre, le va a tomar 85 años poder hacerlo, a razón de dos minutos por persona”.
El Gobierno salió a aclarar que no hay recortes de fondos para hospitales nacionales
Desde los ministerios de Economía y de Salud de la Nación informaron en un comunicado que se sostiene con normalidad el envío de los fondos a hospitales nacionales «destinados a insumos, salarios del personal, obras de infraestructura, entre otros ítems incluidos en el presupuesto nacional».
Un informe elaborado por el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEx) indicaba que, dentro del recorte de transferencias de Nación a las provincias, en enero de 2024 no se enviaron fondos para los hospitales bonaerenses Garrahan, El Cruce de Florencio Varela, Bicentenario de Esteban Echeverría, Cuenca Alta Néstor Kirchner y Dr. René Favaloro.
“Las partidas destinadas a los Hospitales Nacionales están garantizadas. En lo que respecta al presupuesto nacional destinado a la función salud, no se ha aplicado ningún tipo de recorte en las asignaciones para los hospitales de gestión nacional entre los que se encuentran el Hospital Garrahan, el Hospital El Cruce de Florencio Varela, y el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverria”, expresa el texto.
Desde las carteras de Economía y Salud destacaron que “el programa económico apunta a priorizar el balance de las cuentas públicas de la Nación, respetando las normas vigentes de coparticipación, convenios adicionales y demás acuerdos asentados en leyes nacionales” (sic).
Fuentes: Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Perfil, Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo
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