Cada día que pasa se hace más evidente el fracaso de la política morenista de otorgar apoyos con dinero en efectivo. Muchas veces se denunció lo equivocado del diagnóstico de López Obrador cuando repetía constantemente que con solo el combate a la corrupción en el Gobierno le alcanzaría para otorgar apoyos en dinero y “sin intermediarios”. De igual manera se insistió que sin una nueva política fiscal que afecte a los multimillonarios de este país no habría dinero suficiente para atender todas las necesidades de la población. Hoy, con “el segundo piso de la transformación” se insiste tozudamente en mantener esas dos líneas de acción basadas en la pragmática idea de que da buenos resultados electorales, aunque, por otro lado, se esté generando el hundimiento económico del país.
Para mantener los programas sociales y las obras de relumbrón (no se puede llamar de otra manera a un tren que sigue perdiendo con su funcionamiento, una refinería costosísima que no funciona ni al 10 por ciento de su capacidad y un aeropuerto que no alivió la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM) desaparecieron programas muy importantes como el FONDEN, el Seguro Popular, 390 fideicomisos , 281 el 2 de abril de 2020 y 109 el 6 de noviembre de 2020 (El Economista, 21 de septiembre de 2024), programas sociales de apoyo al campo, estancias infantiles, etc., y, la cereza del pastel, el endeudamiento con 6 billones de pesos más con lo que la deuda del Gobierno llegó a más de 17 billones de pesos. “Cuando AMLO llegó a la silla presidencial en diciembre de 2018 la deuda total era de 10.55 billones de pesos y para su último año de gobierno este saldo cerrará en 17.04 billones de pesos […] Este monto de 17.04 billones de pesos fue dado a conocer ayer por la SHCP a través de los Precriterios Generales de Política Económica 2025” (El Sol de México, 28 de marzo de 2024). El gobierno pasado dejó un sistema económico en crisis, con muy poco crecimiento, un sistema de salud desastroso, un sistema educativo más deficiente, desatención a los servicios públicos y, la joya de la corona, dejó empoderados y en crecimiento permanente en todo el país a los grupos criminales.
Hoy la nueva administración del Gobierno federal anda en busca de dineros, donde los halle, porque tiene un déficit fiscal del 5 por ciento lo cual significa que no tiene alrededor de 800 mil millones de pesos para cubrir el gasto de este año 2025; tiene que pagar el costo de la deuda externa ahora mucho más elevada, prometió más programas de apoyo en dinero y debe cumplir con las demás tareas que le dejó el desastroso gobierno de López Obrador: proteger las espaldas del Peje, terminar las obras insignia de aquél sexenio, continuar engañando al pueblo con los apoyos económicos para no perder popularidad y, sobre todo, que no se toque la ganancia de los multimillonarios, que no se haga ninguna reforma fiscal que les afecte sus enormes fortunas. Para cumplir con estas órdenes del de Macuspana, la actual presidenta, a través de Hacienda, ya subió la gasolina, los refrescos y los cigarros (ahora hay que pagar más del Impuesto Especial sobre Percepciones y Servicios, IEPS), miles de trabajadores perdieron sus empleos y ahora “La Cámara de Diputados autorizó al gobierno federal para contratar, en 2025, deuda pública por casi 1.2 billones de pesos, esto quiere decir que la Secretaría de Hacienda puede solicitar créditos para que la administración de Claudia Sheimbaum Pardo alcance los 9.2 billones de presupuesto” (Infobae, 6 de enero de 2025).
Detallamos un poco la situación financiera por la que atraviesa el país porque en medio de ella se inscribe la reforma al Infonavit que ahora impulsa la nueva administración del Gobierno federal, como veremos enseguida.
El pasado 12 de diciembre la presidenta envió al Senado la iniciativa de reforma al Infonavit y, con un apresuramiento digno de mejor causa, ese mismo día se aprobó en la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda y al siguiente día, sin que hubieran pasado las 24 horas reglamentarias para su revisión y análisis que tiene por norma ese organismo, fue aprobada por la mayoría morenista del Pleno del mismo.
Como es sabido de muchos, el Infonavit se rige mediante la intervención de tres partes, todos los acuerdos se toman de manera tripartita con la representación a partes iguales del gobierno, los trabajadores y los patrones. También es sabido que la propiedad del capital que maneja el Instituto corresponde a los trabajadores y en este año se calcula en 2.4 billones de pesos. Pues esos muchos, y en especial los trabajadores, deben saber que la susodicha reforma salió de la mente de políticos maquiavélicos del régimen y de manera directa se pasó a la aprobación del Senado, es decir, para nada se consultó a los directamente interesados que son los trabajadores ni tampoco a los patrones que realizan una aportación importante al mencionado fondo de vivienda.
Tanto la forma apresurada para su aprobación, en tiempos ya de vacaciones de fin de año, y la nula consulta a trabajadores y patrones hablan por sí mismas de fines oscuros, no declarados, de la reforma mencionada. Hablan de que tras el positivo objetivo de comprar tierras para construir casas para los trabajadores y otorgarlas en arrendamiento, tras el cual se cobija la reforma, hay otro objetivo no declarado que se puede deducir fácilmente después de conocer algunos otros aspectos de la misma.
El primer aspecto sospechoso es que con la reforma se busca el manejo del dinero por el Gobierno y la total concentración de las decisiones en el mismo, dejando al margen de las mismas a trabajadores y patrones. Se modifica la forma tripartita de decisiones dejando a los sectores obrero y patronal solo como espectadores mediante varios cambios a la estructura de gobierno del Instituto: modificar la Asamblea General y el Consejo de Administración colocando mayoría de representantes del Gobierno en ellos; el Comité de Auditoría de tres representantes actuales se pasaría a cinco, uno de los trabajadores, otro de los patrones y tres del Gobierno; el Comité de Transparencia pasaría de tres a cinco integrantes, tres del Gobierno, uno de los trabajadores y uno de los patrones y el Comité de Vigilancia, que actualmente tiene nueve miembros, tres de cada sector, el Gobierno quiere tener cinco representantes y dos cada uno de los otros sectores.
Por si eso no fuera suficiente, en la actualidad hay tres direcciones sectoriales para mejor control y la reforma establece eliminar las direcciones del sector laboral y el sector empresarial.
El segundo aspecto dudoso de la reforma que resulta evidente es que con la misma se autoriza la creación de una “empresa filial” para la construcción de viviendas, con lo cual se busca enredar el manejo de los recursos del Instituto y, sobre todo, alejarlo de cualquier supervisión o vigilancia de los otros dos sectores del propio Infonavit, el sector laboral y el sector empresarial.
El tercer aspecto equívoco de la reforma es que en ella se establece que ya no haya vigilancia del manejo financiero del Infonavit por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Cabe mencionar que la función de esta Comisión es crear normas para garantizar la estabilidad de las entidades financieras y sancionar aquellas que no cumplan con la normatividad, entre otras. Y esto es lo que no quiere el Gobierno, no quiere vigilancia, quiere el manejo discrecional de todo el capital del Infonavit. Dicen los impulsores de la reforma que los cambios son para evitar la corrupción, pero la lógica más elemental nos dice que si lo que se busca es un manejo limpio y transparente para nada estorbarían los organismos de control, vigilancia y supervisión.
En suma, una vez que el Gobierno ya acabó con los fideicomisos, que tiene al país con un gran endeudamiento y un enorme hueco fiscal, quiere manejar el dinero de los trabajadores a manos libres, sin que nadie se meta en sus decisiones y sin ningún mecanismo de control. Eso y no otra cosa significa el tener mayoría en los órganos de decisión del Infonavit que son la Asamblea General y el Consejo de Administración y eso significa tener la mayoría en los órganos de control que son los comités de Auditoría, Transparencia y Vigilancia.
Al gobierno morenista ya no le alcanzaron los dineros para mantener los programas sociales y sus obras poco útiles, le está haciendo crisis su política de reparto de dinero sin promover inversiones y creación de empleos, quitando más dinero a la salud, la educación y la seguridad pública; ya solo le queda por apoderarse de los fideicomisos del Poder Judicial y los dineros del Infonavit, últimos eslabones de una cadena de atracos. Allá los trabajadores si se dejan.
Podría caber una hipótesis más en el oscuro proceder del gobierno morenista en la reforma mencionada y es que se proponga hacer un uso faccioso electoral, como ya lo ha hecho con los programas sociales, para favorecer a sus candidatos en los cargos al poder, sea Ejecutivo, Legislativo o ahora Judicial, para eso también necesita manos libres y sin vigilancia en el manejo de los recursos de vivienda.
Como el proceder de la Cámara de Senadores y la titular del Ejecutivo despertó serias inconformidades, la reforma se pasará a aprobación hasta febrero en la Cámara de Diputados, donde dicen que tendrá “cambios profundos” afirmó el presidente de ese órgano legislativo. Ya veremos.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.