El Estado revertirá 36.425 hectáreas de tierra en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz que no cumplen la Función Económica Social (FES) y donde más de 50 familias guaraníes en condición de servidumbre son sometidas a trabajos forzosos. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) concluyó el saneamiento de 88 mil hectáreas en […]
El Estado revertirá 36.425 hectáreas de tierra en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz que no cumplen la Función Económica Social (FES) y donde más de 50 familias guaraníes en condición de servidumbre son sometidas a trabajos forzosos.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) concluyó el saneamiento de 88 mil hectáreas en los polígonos 3 y 4 de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de Alto Parapetí. Se identificaron 88 propiedades, y en 10 de ellas se evidenció la existencia de relaciones servidumbrales e incumplimiento de la FES.
El director nacional del INRA Juan Carlos Rojas informó que se reconocerán los derechos de 78 pequeñas y medianas propiedades agrícolas y ganaderas, solares campesinos y propiedades comunarias, las cuales recibirán sus títulos de propiedad.
Se revertirán al Estado los predios «El Recreo» (1.935 hectáreas) de propiedad de Aniceto Corcuy; «San Isidro» (3.790 has) de propiedad de Babil Chávez; «Huaraca» e «Itacay» (10.958 has) de Elvy Abett de Malpartida y Luis Eduardo Soriano Noriega; «Buena Vista» e «Isiporenda» (4.477 hectáreas) de Julia Aguilera de Chávez y otros; y «Caraparicito I», «Caraparicito II», «Reserva Privada del Patrimonio Natural» y «Yaguapoa» (15.262 has) pertenecientes a Duston Larsen Metenbrink y otros.
Rojas aseguró que la evaluación del INRA cumple con normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y el Pacto de Costa Rica.
El Defensor del Pueblo de Bolivia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura confirmaron que cientos de familias indígenas sobreviven como ciervos de la gleba, sin tierra, sin salario ni educación, atados a grandes haciendas de la provincia Cordillera.
Mediante decreto supremo 29802 del 19 de noviembre de 2008, el Poder Ejecutivo instruyó al INRA declarar incumplimiento de FES en todos los predios agrarios rurales que mantengan sistemas de peonazgo, trabajo forzoso, cautiverio, servidumbre o formas análogas contrarias al beneficio e interés colectivo.
Existe un sistema servidumbral cuando comunidades, familias o personas trabajan o sirven al propietario o titular de un predio agrario, en un marco de violación a los derechos fundamentales, bajo sometimiento y sin el pleno consentimiento; o cuando se incumplan las obligaciones de pago de salario, sea en especie o por debajo del salario mínimo nacional.
El decreto 29802 indica que el desplazamiento forzado de comunidades, familias o personas de predios agrarios, sea por presión psicológica, con engaños o a través de medios violentos, será considerado un indicio de la existencia de relaciones servidumbrales.
La brigadas del INRA reanudaron el saneamiento de tierras el 21 de noviembre de 2008 en la TCO Alto Parapetí, y verificaron en trabajos de campo que los hacendados incumplen las leyes laborales, pagan a sus trabajadores montos muy por debajo del salario mínimo nacional, o les remuneran en especie (comida, coca, alcohol, ropa vieja)… Algunos niños trabajan más de ocho horas diarias sin recibir salario.
Los patrones prohíben a sus peones organizarse, pertenecer o afiliarse a un sindicato; y algunas familias guaraníes desplazadas han sido víctimas de maltratos físicos y psicológicos.
El INRA verificó que los Larsen incumplen la FES en 10,3 mil de las 15,2 mil hectáreas que poseen, y que someten a trabajos forzosos a 25 familias guaraníes. La familia Malpartida cumple la FES sólo en 4.9 mil hectáreas de las 10.9 mil que detenta.
Los Malpartida son los patrones más violentos y abusivos de la zona, y pagan un salario mensual de 300 bolivianos a jornaleros que trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Malpartida fue enjuiciado por flagelar a guaraníes en Cuevo el 13 abril, y por amedrentar con armas de fuego a comunarios de Itakuatia y despojarles de su equipo de radio comunicación para que no denuncien los atropellos.
Las familias Malpartida y Larsen encabezaron el «comité de defensa de la tierra» que llevó adelante una violenta movilización terrateniente entre febrero y junio de 2008 en la provincia Cordillera.
El norteamericano Larsen llegó al chaco boliviano en 1968 y adquirió la hacienda Caraparicito en 1969 para trabajos agrícolas y ganaderos, pero su hacienda se convirtió en un complejo turístico premiado por la Prefectura de Santa Cruz por constituir «un ejemplo de manejo ambiental sostenible».
Larsen posee 57.145 hectáreas en el departamento de Santa Cruz y tendría una concesión minera en la provincia Ñuflo de Chávez, cantón Saturnino Saucedo.