I La reciente liberación de Elba Esther Gordillo y su anuncio de «inculpabilidad» de los procesos judiciales a la que se supone fue sometida, abren otro capítulo de impunidad y cinismo en la historia reciente de México, acompañado, de la próxima exoneración de Javier Duarte, quien al igual que la maestra, goza de la avenencia […]
La reciente liberación de Elba Esther Gordillo y su anuncio de «inculpabilidad» de los procesos judiciales a la que se supone fue sometida, abren otro capítulo de impunidad y cinismo en la historia reciente de México, acompañado, de la próxima exoneración de Javier Duarte, quien al igual que la maestra, goza de la avenencia con el aparato jurídico del Estado y de sus intereses oscuros y privados. La reclasificación que recientemente hizo la Procuraduría General de la República (PGR) de los delitos imputados al exgobernador priista de Veracruz, deja una grieta para que obtenga libertad provisional en breve, debido a que le han retirado la acusación de delincuencia organizada para únicamente dejarla en «asociación delictuosa».
Es claro el camino de impunidad, pero también, la estrategia política que busca imputar estas acciones al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. La opinión pública manipulada por oportunistas, es confundida, procurando que estas nuevas escenas de arbitrariedad se interpreten como acciones del futuro gobierno federal. La propia declaración de Elba Esther en relación con el fracaso de la reforma educativa, sirve como llamado de guerra y posicionamiento, ya no contra el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, sino para ir delineando el marco de actuación de sus intereses antes el porvenir del país. Son muchos los supuestos que rondan, pero lo cierto es que este marco de impunidad debe ser vigilado y castigado, no sólo con el juicio de la historia, si no con el establecimiento de la justicia verdadera.
II
El próximo mes se cumplirán cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de otros 3, un caso de impunidad que representa una herida abierta cuya cicatriz se ve distante ante la determinación del gobierno federal de Enrique Peña Nieto de hacer todo lo posible por encubrir la verdad. Con oídos sordos actúan ante el reclamo popular, cubriéndose las espaldas la gran mayoría de los organismos y las instituciones de gobierno, han hecho todo lo posible para que el caso no sea reabierto, sin impórtales el fallo del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, en el que establecieron tres magistrados crear lo que nunca ha existido en el país: una Comisión de Investigación de la Verdad y la Justicia. Todo en el contexto histórico del cumplimiento de cincuenta años de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, cuya secuela, sigue estando abierta y vigente.
En una entrevista reciente con The New York Times (31 de julio 2018), Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien forma parte del apoyo que reciben los familiares de los desaparecidos, declaró su preocupación con el futuro de la investigación ya que «pueden pasar cosas preocupantes con el expediente, como que este sea manipulado». En diciembre próximo se realizará la transición en el gobierno federal, Enrique Peña Nieto, dejará el poder cubierto de impunidad y delegando la responsabilidad histórica en manos del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. De esta manera y con las manos lavadas, el actual régimen pretende evadir la justicia y heredar una bomba política. La duda queda sobre la futura actuación del gobierno entrante, que por el momento, ha nombrado al senador Alejandro Encinas, para que se haga cargo de la investigación. ¡Ayotzinapa exige justicia y debe establecerse!
III
La violencia sistémica que oprime al pueblo, se refleja de maneras particulares en cada uno de los sectores y clases sociales: los campesinos son despojados de sus tierras, arrojados al desprecio y el olvido, negándoseles el derecho a su propia cultura; Los obreros y trabajadores padecen la explotación y la usurpación de la riqueza generan, su fuerza es usada contra ellos mismo en el proceso de fetichización, eliminando el carácter humano de todo el sistema; Los indígenas desde siglos atrás resisten ante el racismo y la segregación, una vieja deuda que la historia tendrá que saldar a través de los actos organizados del pueblo; las mujeres sufren la doble explotación económica (en el hogar y en el centro laboral), padecen la discriminación de género y enfrentan la constante agresión física, que va del acoso sexual al asesinato, cuyo fenómeno social se expresa en el feminicidio, hecho no reconocido por los gobiernos locales y nacionales en México y el mundo.
La cotidianeidad de violencia la convierte en sistémica, y se cubre también con el manto de impunidad que a los poderosos conviene. La continuación de la explotación, la marginación, el feminicidio y el racismo son resultado del constante desprecio por la humanidad que desde arriba se impone. El país requiere otro orden social que ponga fin a tanta violencia y comience a sentar las bases para el establecimiento de la justicia histórica.
IV
El juicio de la historia habrá de caer sobre quienes hoy pretenden jugar con el pueblo, haciendo de la impunidad un reflejo del sistema político y social, acostumbrados a hacer del interés privado la regla del juego, olvidan que al final del camino, siempre estaremos bajo la lupa inquisitorial de la memoria social. Hoy festejan la pretendida burla como el logro de su empresa, mas en el camino venidero sus esfuerzos por realzar el engaño, enfrentaran la penosa realidad de la justicia impuesta por los oprimidos.
Cristóbal León Campos es integrante del Colectivo Disyuntivas
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