La hipocresía de la política vernácula ha llegado a límites inimaginables en todo el tema que ha rodeado a la tragedia producida en el local de República Cromagnon, que tuvo el lamentable costo de 194 víctimas, hace ya 14 meses. Absolutamente a nadie se le ocurre pensar que la magnitud del hecho se podría haber […]
La hipocresía de la política vernácula ha llegado a límites inimaginables en todo el tema que ha rodeado a la tragedia producida en el local de República Cromagnon, que tuvo el lamentable costo de 194 víctimas, hace ya 14 meses.
Absolutamente a nadie se le ocurre pensar que la magnitud del hecho se podría haber evitado si se hubiesen realizado las tareas de control y prevención sobre las condiciones de funcionamiento de ese sitio, si las inspecciones y habilitaciones hubiesen estado en regla, si los organismos de contralor hubiesen trabajado en sus funciones específicas, si la Policía Federal -y sus organismos dependientes- hubiesen realizado aquello que les ordenan las reglamentaciones y leyes y si los funcionarios de todo nivel del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubiesen cumplido con sus responsabilidades y obligaciones.
Ahora el máximo y suspendido gobernante de la ciudad, Aníbal Ibarra, pretende hacernos creer que todo es meramente una cuestión de persecución política al estilo maccarthista o bien de una cacería política, cuando simplemente lo que se está llevando a cabo es un Juicio Político dentro de los lineamientos que dispone la constitución de la Ciudad. Por supuesto, y así debe ser, que el mismo se hace dentro del ámbito político y son los legisladores porteños los juzgadores constituidos en una cámara per se.
Cuando Ibarra convocó a un referéndum a los 30 días de la tragedia para plebiscitar su mandato -una quimera por juntar tan sólo 520 mil firmas fracasó- era un hecho político. Cuando durante todos estos meses se alzaron las voces únicamente para cuestionar a los legisladores que entendían necesario hacer un juicio político también era un hecho político. Cuando en estos días leemos solicitadas y adhesiones de legisladores de todo el país reclamando un supuesto respeto a las instituciones -que ellos mismos violentan diariamente- es un hecho político sin dudas.
La pregunta obligada entonces es la siguiente: ¿Qué es político y no político?
Los que acceden a los cargos públicos institucionales por la voluntad democrática representativa de los ciudadanos «son políticos», sus funciones «son políticas», sus responsabilidades «son políticas», sus obligaciones «son políticas», sus prebendas y beneficios «son políticos», sus quehaceres diarios «son políticos»; y el uso y abuso que hacen de sus cargos, como asimismo sus mentiras, «son políticos».
Sería ingenuo y estúpido pensar que no existen quienes, de las muertes seguramente evitables, quieren sacar provecho partidario y político, porque las miserias de la política argentina así lo demuestran a cada momento. Pero eso no es motivo suficiente ni excluyente para que no se lleve adelante el juzgamiento por el mal desempeño en la función pública de los funcionarios que nos representan.
Una vez más la verdad y la justicia deben ser reivindicadas, más allá de cualquier especulación política que se le quiera dar en uno u otro sentido, y sabemos que la historia de nuestra patria hubiese sido muy diferente de haberse realizado tantos juicios políticos como comisiones de delitos en el ejercicio de las funciones y mal desempeño de ellas han realizado nuestros gobernantes, legisladores y jueces.