Nadie dudaba el 28 de mayo pasado, que el paro nacional anunciado por la UTA, tendría un altísimo acatamiento entre los chóferes de colectivos. Los reclamos de los trabajadores son por un aumento del 35% en paritarias, que desde el mes de enero se mantiene paralizada, mejorar las brutales condiciones de trabajo de los chóferes […]
Nadie dudaba el 28 de mayo pasado, que el paro nacional anunciado por la UTA, tendría un altísimo acatamiento entre los chóferes de colectivos. Los reclamos de los trabajadores son por un aumento del 35% en paritarias, que desde el mes de enero se mantiene paralizada, mejorar las brutales condiciones de trabajo de los chóferes y que se derogue el impuesto al salario.
El primero en comprender el tamaño que iba adquiriendo esta medida en la diferentes líneas, fue Roberto Fernández, histórico burócrata al frente del gremio, que raudamente se encargó de solicitar una reunión de emergencia con el ministro de trabajo Carlos Tomada, para que decretara la aplicación inmediata de la conciliación obligatoria y de este modo no tener que afrontar las consecuencias de la masividad y éxito de un paro lanzado por su propio gremio.
¿Paradójico? De ninguna manera, así es el laburo de la burocracia.
El dirigente del gremio mecánico, Ricardo Pignanelli, declara invariablemente que el Smata no acepta la reincorporación de los 67 despedidos de la fábrica Gestam. Pignanelli, se declara públicamente como un activo carnero antihuelgas, envalentonado por la sintonía que su discurso encuentra en los discursos de la presidenta de la nación y de la propia oposición burguesa, que han llegado a establecer esa doble categoría, usada con eficacia represiva desde siempre, entre trabajadores y activistas. La presidenta de los DDHH, se aclaró la garganta para sentar una clara posición reaccionaria y filovidelista: «nueve trabajadores o activistas… que sé yo, que pretenden tomar el Palacio de invierno».
En épocas de dictadura, diarios y revistas publicaban en tapa el ajusticiamiento de trabajadores por parte de sus grupos de tareas, acusándolos de lo mismo que denuncia la presidenta: de ser activistas.
El Smata está haciendo circular entre los trabajadores de su gremio un afiche, que recogen las redes sociales, donde impone el viejo logo de su sindicato sobre toda la simbología de izquierda que identifica al Partido Obrero y el FIT.
La idea del realizador gráfico, no deja mucho a la imaginación, es brutal, autoritaria, amenazante y anacrónica porque responde a una vieja política de la burocracia peronista y reaccionaria del Smata de que los sindicatos son «nuestros y se aplastará cualquier intento de los trabajadores mecánicos de base para recuperarlos».
En épocas de reflujo obrero, donde el término conflicto sindical se transforma es una mala palabra y las patronales avanzan sin ningún tipo de consideración sobre los derechos de los trabajadores, la burocracia sindical acomoda sus cargas para consolidar su poder al frente de los sindicatos, libera fondos de las obras sociales para armar negocios familiares, funda empresas al abrigo del poder político, moviliza sus patotas en defensa del régimen de dominación, participa en ágapes y eventos que la unen a las patronales, participa de la política enrolada en partidos burgueses, etc.
La unidad ideológica entre el capital empresarial y la burocracia, aunque a veces pase por algunos cortocircuitos, es coincidente en una estrategia única: la patronal y la burocracia exigen que los selectores de personal en las fábricas, talleres y empresas se empeñen en detectar trabajadores que se inclinen a luchar por sus derechos o que posean una ideología de izquierda, para el caso es lo mismo, y que se les impida el ingreso al trabajo o, dado el caso, que sean expulsados de los lugares de trabajo.
La patronal cumple este compromiso como un mecanismo de autodefensa de la apropiación de la plusvalía, la burocracia, en defensa de su negociado sindical.
Las cosas están cambiando vertiginosamente. Existe una transición vigorosa que coloca al movimiento obrero en el centro de la situación política y que preocupa a las patronales y las burocracias sindicales.
Las nuevas generaciones obreras resisten el ajuste de las patronales (despidos y suspensiones) y de los rompehuelgas burócratas derechistas y se movilizan con métodos propios: asambleas, paros y cortes de ruta.
La patronal de la autopartista Gestam desconoce la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de trabajo de la Provincia de BS. As. que ordena que los 67 despedidos tendrían que ser reincorporados a sus puestos de trabajo desde el lunes 2 de junio.
La burocracia del Smata presiona para que no se reincorpore a nadie.
Pignalelli repudia la conciliación obligatoria, cuando ésta acierta un triunfo provisorio a los trabajadores de Gestam en lucha; allí mismo donde Fernandez la acepta en contra de los trabajadores de la UTA.
La burocracia sindical en épocas de transición muestra claramente cual es su laburo en el movimiento obrero.
La movilización de los trabajadores de la línea 60 hoy en puente Saavedra y la continuidad del conflicto obrero en la autopartistas Gestam, Lear, etc. expresan que los trabajadores de base tienen plena comprensión de quienes son estos personajes y de cómo trabajan en contra de las bases.
El «brote» de Pignalelli puteando por radio al diputado nacional Nestor Pitrola, da cuenta se que la movilización obrera pone en cuestión la continuidad del laburo de la burocracia.
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