Atareadísimo como está en descabezar a los grupos medianos y a los grandes consorcios del crimen organizado, el gobierno que jura y perjura que abandonó la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, sigue empecinado en el cumplimiento de los objetivos prioritarios, pero no parece inquietarse por el floreciente negocio del blanqueo de recursos de […]
Atareadísimo como está en descabezar a los grupos medianos y a los grandes consorcios del crimen organizado, el gobierno que jura y perjura que abandonó la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, sigue empecinado en el cumplimiento de los objetivos prioritarios, pero no parece inquietarse por el floreciente negocio del blanqueo de recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero por 50 mil millones de dólares anuales.
La cuantía de las estimaciones disponibles, «entre 15 mil y 50 mil millones de dólares, principalmente mediante el sistema financiero», cantidad que es reconocida por la Secretaría de Hacienda -la que encabezaba Luis Videgary hasta que se le atravesó Donaldo Trump, la gota que derramó el vaso de una muy mala gestión económica-, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Procuraduría General de la República, da clara idea de que las autoridades financieras no tienen una valoración del alcance del problema, o bien prefieren mantenerlo intocado. Y esto sólo es dable por una decisión estratégica de la cúspide del poder político y también del fáctico.
Una medición del Instituto Nacional de Estadística, de 2013, determinó que el lavado de dinero alcanza un monto equivalente a 1.6 por ciento del producto interno bruto. Lo anterior significa 340 mil millones de pesos a valor actual, alrededor de 18 mil millones de dólares. La consultoría Stratfor, especializada en temas de seguridad, calcula que las organizaciones criminales envían a México entre 19 mil y 39 mil millones de dólares producto de las actividades ilegales. La falta de estimaciones menos imprecisas evidencia a todas las fuentes.
Cualquiera de las estimaciones dan idea de la magnitud del problema que las autoridades federales no atienden, ocupadas como están en perseguir, encarcelar y matar a los capos, para descabezar a las bandas y que entren en sangrienta disputa por el control de las plazas, que hace años fueron vendidas varias veces a distintos grupos criminales por integrantes del mismo gobierno.
En medio queda la población, a merced de los enfrentamientos entre criminales y el no menos criminal desinterés del grupo gobernante, pues igual que Calderón Hinojosa se inspiran en manuales del Pentágono que reconocen como natural los «daños colaterales». El difunto Juan Camilo Mouriño lo decía con singular desparpajo o cinismo, cuando fue secretario de Gobernación (16-I-4-XI-08): ¡Qué se maten entre ellos! Así, México acumuló en el sexenio del «país de leyes» y «del empleo», 136 mil 100 muertos, de los cuales 116 mil asesinatos están relacionados con la guerra del esposo de la precandidata Margarita Zavala y 20 mil a la delincuencia común, como documentó la italiana Líbera, que agrupa a un millar de organismos europeos y americanos (La Jornada, 11-XII-12).
El principal vehículo para el blanqueo de capitales es el sistema financiero y no existe investigación local digna de mencionarse, las dos realizadas involucraron a las instituciones HSBC y Banamex, pero fueron reveladas por pesquisas de la justicia estadunidense.
Algunos expertos como Teodoro Briseño, director de TM Sourcing, firma que apoya a entidades vulnerables a prevenir el control de este delito, advierten sobre las operaciones inmobiliarias, las realizadas en centros cambiarios y en la banca trasnacional. Y recientemente, de la mano de la innovación tecnológica surgen otros canales como son las plataformas digitales a través de las que se mueve dinero sin que sean bancos -y por tanto no están reguladas-, conocidas como FinTech, que implican a compañías denominadas crowdfunding, para la financiación colectiva de proyectos por medio de pequeñas aportaciones económicas de gran cantidad de personas, y que no deben ser estigmatizadas.
Sin el lavado de recursos procedentes de las actividades delictivas las bandas no podrían operar, adquirir armamento y corromper autoridades. Es imprescindible que el combate a este ilícito deje de ser visto como medida accesoria de la política de seguridad y se convierta en la tarea de tareas de hoy y de mañana.
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