La oligarquía hace todo lo posible para entorpecer el proceso de nacionalización de los hidrocarburos. Una ley permite al departamento de Tarija establecer acuerdos internacionales para exportar gas natural al margen del Estado Boliviano. Las manifestaciones populares de octubre de 2003 en Bolivia finalmente terminaron forzando la renuncia del presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Losada […]
La oligarquía hace todo lo posible para entorpecer el proceso de nacionalización de los hidrocarburos. Una ley permite al departamento de Tarija establecer acuerdos internacionales para exportar gas natural al margen del Estado Boliviano.
Las manifestaciones populares de octubre de 2003 en Bolivia finalmente terminaron forzando la renuncia del presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Losada e imposibilitaron el plan de las petroleras trasnacionales de exportar gas natural a los Estados Unidos vía chile.
Luego de la huida de «Goñi», en su lugar asumió el que hasta entonces era su Vicepresidente: el periodista Carlos Mesa Gisbert. Empleando un discurso conciliador para intentar calmar los ánimos caldeados en el país, Mesa enfatizó en la necesidad de llevar adelante un referéndum vinculante sobre el tema del gas y el comienzo de una Asamblea Constituyente que permita refundar el país.
Pero bajo esta predica progresista, se escondía la intención del primer mandatario de boicotear la agenda surgida de las «batallas» de octubre de 2003: que predicaba en la necesidad de nacionalizar e industrializar los hidrocarburos en Bolivia, para que de esta manera el Estado Boliviano -y no las trasnacionales- sea el que se quede con la mayoría de las ganancias provenientes de los mismos.
Por ejemplo mientras los aymaras de El Alto sacrificaban su vida ante la represión militar, el principal ejecutivo en Bolivia de la petrolera Repsol YPF, Roberto Maella, declaraba que «la rentabilidad en la industria del petróleo y gas en Bolivia es sumamente alta; por cada dólar invertido, una empresa petrolera gana 10 dólares».
Lentamente la población se empezó a dar cuenta que lo único que buscaba Mesa era mantener el status quo. Entonces volvieron a reiniciar las movilizaciones que buscaban un cambio estructural en la nación. Paulatinamente el Presidente se sitió acorralado y renunció el 8 de junio de 2005.
Pero nueve días antes de su dimisión, les hizo un valioso regalo a las oligarquías de la llamada zona de la «Media Luna» – Santa Cruz, Tarija, Pando- al promulgar la ley 3065.
Esta norma -que fue creada a instancias del actual Prefecto de Tarija, Mario Cossio- autorizaba a ese departamento: «a constituir sociedades públicas y/o mixtas para llevar adelante emprendimientos empresariales como los señalados en el Artículo precedente y también los vinculados a la exportación de gas natural, de modo que las utilidades generadas por ellos puedan ayudar a financiar las tareas del desarrollo departamental».
Vale recordar que en dicha región se concentran el 85 por ciento de las reservas hidrocarburíferas del país, las cuales según expertos estarían tasadas en unos 85 mil millones de dólares. Algunos de los campos de extracción más significativos en esa área son Margarita, San Alberto y San Antonio.
O sea que mediante esta norma sancionada por Carlos Mesa, Cossio -uno de los representantes paradigmáticos de la vieja política que se tuvo que refugiar en el ámbito local luego de Octubre de 2003- tiene plena soberanía para concertar contratos independientes con las distintas empresas petroleras.
En este sentido, el 26 de enero de 2006 firmó «La declaración de Tarija» con distintas autoridades de Chile, Argentina y Brasil, para promover la integración energética y sobre todo para promover la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras en la región.
Parece que Cossio -operador del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), el partido de Sánchez de Losada- y el ex presidente Mesa, se olvidaron que al momento de sancionar esa ley estaban violando la constitución política del Estado Boliviano. Alguno de los artículos inflingidos fueron los siguientes: artículo 59, sobre las atribuciones del poder legislativo: «Autorizar y aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado, así como los contratos relativos a la explotación de las riquezas nacionales».
Artículo 139: «Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presente, son del dominio directo, inalienable imprescriptible del Estado».
Ahora bien: ¿Que puede llegar a implicar la ley 3065 en el actual escenario político boliviano? Es de conocimiento público la decisión del presidente Evo Morales de nacionalizar los hidrocarburos el 1 de Mayo de 2006, pero lo que esta normativa le puede permitir a las oligarquías es evadir esta medida histórica mediante la posibilidad de negociar «particularmente» con los departamentos de la llamada «Media Luna».
Además permite reconocer que los distintos intentos de autonomía son solo maniobras de la oligarquía y las empresas petroleras para poder así permanecer con el control del monopolio de la cadena productiva de los hidrocarburos. Para el periodista Mirko Orgaz, la reivindicación autonómica de los cívicos de Santa Cruz de la Sierra, Pando, Tarija, acerca de la «nación camba» es solo un:» proyecto geopolítico que busca replicar el viejo estado oligárquico a escala regional, para mantener privilegios de una minoría sobre los hidrocarburos con una clara tónica separatista que cuenta con el apoyo del poder petrolero y el imperialismo norteamericano».
Sin lugar a dudas que para que el presidente Evo Morales pueda implementar la nacionalización en toda su dimensión, el poder Legislativo deberá eliminar esta norma que sólo beneficia a aquellos sectores reaccionarios que durante casi quinientos años indiscriminadamente saquearon el país.