A 20 días de la realización del referéndum revocatorio que definirá la continuidad del presidente y prefectos departamentales, el Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales, intensifica su campaña para lograr la ratificación del presidente, a la par que los sectores opositores al gobierno comenzaron a desesperarse ante lo que consideran inminente ratificación del mandatario. […]
A 20 días de la realización del referéndum revocatorio que definirá la continuidad del presidente y prefectos departamentales, el Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales, intensifica su campaña para lograr la ratificación del presidente, a la par que los sectores opositores al gobierno comenzaron a desesperarse ante lo que consideran inminente ratificación del mandatario.
El referéndum revocatorio fue una propuesta de los prefectos opositores, pero fue hecha suya por el presidente Morales que se apresuró en presentar un proyecto de ley al Congreso, el mismo que en primera instancia no fue aceptado por la oposición. Sin embargo, tras la realización del referéndum –según el gobierno ilegal– que aprobó un proyecto de estatuto autonómico para Santa Cruz, la oposición se apresuró en aprobar la ley de referéndum revocatorio.
La ley fue aprobada por la mayoría opositora del Senado que consideraba al intrumento legal como el camino para dar fin al gobierno de Morales. Promulgada la ley sin mayores inconvenientes, cayó una lluvia de críticas de los opositores sobre sus representantes en el Senado. Los sectores oligarquicos comenzaron a considerar que lejos de permitir el alejamiento de Morales, lo fortalecería y a la vez reemplazaría a por los menos tres de los prefectos opositores.
Con ese convencimiento, una semanda después de haber aprobado la ley del referéndum revocatorio, la oposición comenzó una infructuosa campaña para modificarla.
«Están tomando su propia medicina», dicen sindicalistas y activistas de movimientos sociales en La Paz, quienes consideran que la posible revocatoria de mandato a Morales significaría un retroceso en las medidas adoptadas por el gobierno en los últimos dos años, algunas de ellas a regañadientes.
La «propia medicina» es la ausencia de instancias ante las cuales se pueda realizar consultas sobre la constitucionalidad del referéndum revocatorio. La Constitución en vigencia no hace mención a esa posibilidad, pero el Tribunal Constitucional, instancia que popdría frenar la consulta, está acéfalo. La oposición evitó se elija los reemplazantes a los tribunos que renunciaron para que no se frene la realización de referéndums regionales impulsada por la oposición, cuya realización tampoco está prevista en la Constitución.
Si la oposición rechaza la realización del referéndum es porque según las encuestas conocidas, el 10 de agosto, Morales será ratificado y legitimado en su cargo. Por el contrario, la probabilidad de que los mandatos de los prefectos de Tarija y Pando sean revocados es muy alta, es incierta la continuidad de los prefectos de Beni y Santa Cruz y es segura la destitución de los prefectos de La Paz y Cochabamba. Los prefectos de Oruro y Potosí serán ratificados, mientras que el mandato de la prefecta de Chuquisaca no será sometido a consulta por haber sido elegida hace poco.
Por esta razón, la oposición se esfuerza en deslegitimar el referéndum cuestionando el padrón electoral y buscando ensombrecer a la Corte Nacional Electoral, esfuerzos que tampoco les han dado los resultados por ellos esperados.
Por esta razón, a 20 días del referéndum, los sectores considerados oligárquicos intentan organizar una campaña que agrupe a los llamados comit´se cívicos, las prefecturas y las organizaciones controladas por ellos para intentar una movilización nacional destinada a frenar la consulta.
En otro frente, varias organizaciones populares iniciaron una campaña para ratificar a Morales y expulsar a los prefectos opositores, pero no porque consideren que el actual mandatario esté realizando una buena gestión, sino porque el retorno de los oligarcar al poder implicaría cerrar la posibilidad de trasnformaciones en las estructuras socio-económicas del país.