El presidente Evo Morales Ayma repite que su gobierno está en una exitosa campaña de lucha contra la corrupción y pone como ejemplo la destitución del ex presidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC) José María Bakovic y de la ex gerente del Banco Central de Bolivia (BCB) Marcela Nogales, actualmente recluida; incluso anunció en […]
El presidente Evo Morales Ayma repite que su gobierno está en una exitosa campaña de lucha contra la corrupción y pone como ejemplo la destitución del ex presidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC) José María Bakovic y de la ex gerente del Banco Central de Bolivia (BCB) Marcela Nogales, actualmente recluida; incluso anunció en un acto especial en Laikakota, Miraflores, que endurecería su «lucha» a través del proyecto de ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Curiosamente a pesar de esos anuncios, Morales no da importancia a las denuncias de corrupción en su partido el MAS, pese a que éstas son constantes. Primero fue el caso contra el diputado Gustavo Torrico, que las autoridades del gobierno esquivaron hábilmente pidiéndole su licencia del parlamento. Era época electoral y este episodio fue utilizado por el MAS para promocionar a sus militantes como honestos, sin nada que ocultar y que se «ponían a disposición de la justicia para que los investigue». Otro caso lo protagonizó el entonces presidente de YPFB, Jorge Alvarado, quien se vio involucrado en la firma del contrato con Iberoamérica Trading SRL. Ese documento violaba a Ley de Hidrocarburos y si se concretaba el Estado perdía 38 millones de dólares. El gobierno negó hasta el final que se hubiera cometido delito y defendió a Alvarado con el justificativo de que, «como no se concretó el contrato, entonces no hay delito».
A pesar de esta desesperada defensa del hombre fuerte del MAS y para evitar mayores escándalos, Alvarado renunció al cargo, pero casi simultáneamente se destituyó al denunciante de esta irregularidad, el superintendente de Hidrocarburos Víctor Hugo Sáinz, y se nombró a Santiago Berrios en su lugar, que no tardó en renunciar, alegando presión del gobierno y protección a una funcionaria de esta Superintendencia. Otro escándalo acallado e ignorado por el gobierno fue el del asesor de YPFB Manuel Morales Olivera, quien presuntamente habría influido para que YPFB contratara a Cónsul & System para hacer auditorias a pozos petroleros. Esta empresa a su vez subcontrató a la firma Mostajo Sociedad Civil, de la que es socio su padre Manuel Morales Dávila. La última denuncia de corrupción proviene del diputado del MAS Guillermo Beckar Cortés, quien señala al ministro de Servicios y Obras Públicas, Salvador Ric Riera, como el empresario que en 1999, junto a otros socios, a nombre de la empresa de pintura Petrop Mendosa habría comprado gasolina a la empresa Andina S.A. aprovechando la subvención estatal para proyectos empresariales. «Beckar afirma que la empresa Petrop Mendosa desvió 200 barriles de gasolina por día durante tres meses y que en la ubicación especificada de la empresa, en Santa Cruz, sólo existía un surtidor y al lado un lote baldío» (1) además de que según certificado del jefe de Proyecto de Apoyo al Desarrollo Industrial, Augusto Parada Suárez, la Petroq Mendosa no está registrada oficialmente. Por eso se considera que los propietarios Roberto David Landívar Olmos y el ministro Ric habrían cometido daño económico, fraude, dolo y falsificación de documentos de defraudación al fisco, calculándose el daño en 300 mil dólares. Pese a que este diputado presentó un informe completo el 30 de agosto al presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, y al presidente Evo Morales, este último «ratificó la noche de este viernes (01/09) su confianza a Salvador Ric Riera, a pesar de la denuncia y que no tenía mucha información al respecto»(2).
Será que Evo Morales olvidó su solicitud a los congresistas el 5 de agosto de este año: «Ayúdenme a investigar, ayúdenme a luchar contra la corrupción»(3). Ahora que un legislador de su propio partido entrega un informe de corrupción que involucra a su ministro, el gobierno se hace de la vista gorda y hay diputados como Torrico que afirman «yo sugerí que no era el momento político para hacer las denuncias»(4). ¿Será que esta tan cacareada campaña anticorrupción sólo se aplica a personas ajenas al partido de gobierno? Parece que así es y que a pesar de las pruebas, el gobierno se excusará con la clásica «vamos a investigar», como lo hacían los gobiernos anteriores. ¿Acaso el compromiso del Presidente con Ric Riera es porque éste apoyó económicamente su campaña electoral? Parece que sí, por eso el Ministro continuará en su cargo pese a las pruebas de Beckar. Así como Morales seguirá repitiendo que «el país es menos corrupto, más digno y más estable»(5), aunque la realidad es diferente.
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1. La Razón jueves 7 de septiembre de 2006
2. Agencia de noticias Hoybolivia.com, Domingo 10 de septiembre del 2006
3. Agencia de Noticias ABI, 6 de agosto de 2006
4. La Razón, viernes 8 de septiembre de 2006
5. Agencia de Noticias ABI, 6 de agosto de 2006