A falta del visto bueno de la presidenta de facto Áñez

El Ministro Murillo tiene plan de intervención de la embajada de México en Bolivia

Fuentes: Rebelión

Un grupo de operaciones especiales de la Policía boliviana, vinculado al Ministerio de Gobierno, se encuentra afinando un plan de intervención en la embajada de México durante las fiestas de fin de año, para proceder a la detención de las nueve exautoridades del Gobierno de Evo Morales que se encuentran asiladas desde el 10 de noviembre […]

Un grupo de operaciones especiales de la Policía boliviana, vinculado al Ministerio de Gobierno, se encuentra afinando un plan de intervención en la embajada de México durante las fiestas de fin de año, para proceder a la detención de las nueve exautoridades del Gobierno de Evo Morales que se encuentran asiladas desde el 10 de noviembre en esa legación diplomática.

Las fuentes que hicieron conocer este riesgo inminente, altamente cercanas a Palacio Quemado, manifestaron que la propuesta de intervención de la embajada mexicana es del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien considera -según lo conocido- que la presencia de asilados afecta la imagen del gobierno de la presidenta de facto Jeaninne Añez, en su «rol de pacificación del país», y de que se debe sentar precedente del principio de autoridad.

Una de las que se opone a la extrema medida es la canciller Karen Longaric, una académica de reconocido prestigio que es partidaria de sujetarse lo más estrictamente posible a los tratados y convenios de las Naciones Unidas y que forman parte del derecho internacional, aunque al mismo tiempo -la autoridad del gobierno de facto- poco hizo para que se otorguen salvoconductos a los asilados.

De hecho, la Secretaria de Relaciones Exteriores de México ha emitido un comunicado advirtiendo los altos niveles de asedio a su embajada en La Paz y recordando lo estipulado por la Convención de México a propósito del carácter inviolable de los «locales de misión».

El grupo policial, integrado por cerca de 150 efectivos, entre uniformados y civiles, formaría parte del Grupo Antiterrorista que el Ministerio de Gobierno, con asesoramiento de los Estados Unidos, ha creado recientemente, en la segunda quincena de noviembre, con el fin de identificar, perseguir y detener a personas, nacionales y extranjeras, que estarían involucradas en acciones de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo que hasta ahora no han sido probadas por el gobierno».

Desde hace una semana se ha producido un incremento del número de policías alrededor de la embajada mexicana y un aumento en los puntos de vigilancia que genera, en conjunto, un cuadro de asedio permanente al personal que trabaja en la misión diplomática, a los familiares de los asilados y a los choferes de las unidades de radiotaxi que son llamadas para prestar servicios.

La embajada y la residencia de México no están protegidas ante una eventual incursión de grupos civiles de derecha para hostigar a los asilados. No hay nada de eso. Lo que si hay es un permanente asedio y acoso de los efectivos policiales a cualquier persona que circula por la parte exterior de la embajada y residencia mexicanas, y no se ha podido disimular, incluso, un sistemático seguimiento a la propia embajadora María Teresa Mercado.

Es evidente que una intervención de la embajada y la residencia de México, que gozan de la prolongación de la soberanía de ese país norteamericano en suelo boliviano, sería una gravísima violación de la Convención de Viena que no tiene precedentes en la historia de las relaciones internacionales en América Latina, ni siquiera en momentos de dictadura militar que azolaron América Latina en los setenta, particularmente en Sudamérica, en el marco de la denominada «Operación Cóndor», concebida en los cuarteles de la CIA y desarrollada desde Chile (Pinochet) y Paraguay (Stroessner), según se conoció años después por el testimonio de un agente del FBI.

De los asilados en la embajada de México, seis son ex ministros (Juan Ramón Quintana, Héctor Arce, Javier Zavaleta, Cesar Navarro, Wilma Alanoca y Hugo Moldiz), un ex viceministro (Pedro Damian Dorado), un ex gobernador de Oruro (Víctor Hugo Vásquez) y el director de gobierno electrónico (Nicolás Laguna).

El papel de los EEUU en la política boliviana ha ido en aumento sostenido desde la constitución del gobierno de facto, tras el golpe de Estado contra Evo Morales del 10 de noviembre, y que se expresa en un asesoramiento cercano al Ministerio de Gobierno, donde actualmente trabaja Eric Foronda, un periodista que formó parte de la oficina de prensa de la embajada norteamericana en La Paz y luego ascendido a la oficina política, desde donde siempre colaboró con la estación CIA en Bolivia.

Desde que Añez asumió inconstitucionalmente la presidencia, Bolivia se ha convertido en territorio de aplicación de la estrategia norteamericana de «guerra total y permanente», al punto tal que hace pocos días se aprobó un decreto supremo para la compra de armamento y munición de uso militar con el objetivo de la «lucha contra el terrorismo».

La estrategia estadounidense de la «guerra total y permanente» surgió en el Pentágono, asumido luego por el Departamento de Estado, tras los atentados contra la dos Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 y que sirvió luego para que «los halcones» del «gobierno permanente» de los EEUU justifiquen intervenciones, abiertas e indirectas, en varias partes del mundo.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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