La propuesta de los organismos de cooperación internacional para reducir la pobreza en las áreas urbana y rural ha sido «modernizar el agro», lo que significa eliminar a los pequeños productores agrícolas que trabajan en comunidades y unidades familiares. En el gobierno de Mesa y de Rodríguez, esa modernización empezó a tomar un rumbo concreto: […]
La propuesta de los organismos de cooperación internacional para reducir la pobreza en las áreas urbana y rural ha sido «modernizar el agro», lo que significa eliminar a los pequeños productores agrícolas que trabajan en comunidades y unidades familiares. En el gobierno de Mesa y de Rodríguez, esa modernización empezó a tomar un rumbo concreto: la mercantilización de la tierra mediante decretos y proyectos piloto.
Juan Carlos Vedia, dirigente del MST de una Provincia del Norte de Santa Cruz que crece con la mecanización del agro, propone una tarea al gobierno: revertir no sólo la tierra sino la política prebendal con la que se ha mantenido el latifundio, y un modelo comunitario de desarrollo rural.
Banco Mundial: Eliminar pobres para eliminar la pobreza
Según el Banco Mundial, uno de los problemas fundamentales para resolver la pobreza en general, y las condiciones precarias de los productores agrícolas en particular, pasa por hacer desaparecer a los pequeños productores agrícolas, comunarios y campesinos.
El fundamento en el que se asienta la proposición del BM es que la producción de alimentos tiene un costo muy elevado por la baja productividad de estas unidades económicas, es decir, de las familias que producen en las comunidades y de los productores campesinos individuales.
El análisis totalmente errado del BM los lleva a una conclusión mucho más aberrante aún que ni siquiera se deduce de su análisis, sino de la pura ideología neoliberal: mercantilizar la tierra para hacer desaparecer a los pequeños productores agrícolas para que se instauren unidades empresariales competitivas, en sus palabras «el establecimiento de la propiedad privada y el desarrollo de un mercado de tierras son considerados como los elementos claves para lograr desarrollo agrícola, rompiendo así la producción de subsistencia».
Lo peor de todo es que gobiernos como el de Mesa y Rodríguez ya empezaron a aplicar esta política.
Mesa y Rodríguez avanzaron hacia la mercantilización de la tierra
El BM, luego de haber implementado las reformas estructurales, retoma su ofensiva en la política de tierras con el objetivo de despolitizar el mercado de tierras, dar respuestas a los conflictos agrarios y liberalizar el mercado de tierras, por ejemplo, entre 1995 y 1999 financió 700 millones de dólares en todo el sur del planeta, llegando a 1.000 millones hasta el 2004, en préstamos a los Estados del sur dirigidos a la aplicación de su política. Para el BM no se trata de una política aislada de desarrollo rural desvinculada de temas políticos y sociales, se trata de la extensión de su modelo neoliberal al tema de la tierra. En todos los países se aplican las mismas medidas: mercantilizar la tierra, profundizar la titulación privada de la tierra, eliminar a los productores «ineficientes» es decir pequeños productores y permitir el traspaso de las tierras a los productores «eficientes» o sea a los empresarios, y también, otorgar créditos para compra de tierras a los pequeños campesinos.
Esa es precisamente la política que Mesa empezó a aplicar con sus decretos sobre tierras números 28140, 28148 y sobretodo con el 28160 donde se plantea que se otorgarán créditos para que los pequeños productores adquieran tierras. Mientras que el gobierno de Rodríguez, no solamente que propuso una nueva política de tierras en la que se consolida la mercantilización de la tierra, sino que inició su aplicación con un proyecto piloto que se aplica en tres municipios de Santa Cruz con 15 millones de dólares otorgados por el BM para créditos a los pequeños productores que quieran adquirir tierras, el alcance del proyecto es para endeudar a los pequeños campesinos y acelerar la mercantilización de la tierra. Esa es la política de tierras que heredaron al nuevo gobierno y que tendrá que ser revertida.
Una política agraria que amparaba el latifundio con ley o sin ella
Cuando el control del Estado, de la legislación, de los organismos de represión estaban completamente en manos de la oligarquía, las acciones del MST siempre fueron mostradas como algo ilícito, los asentamientos de tierra eran condenados como delito. El problema es no solamente que hay mucha gente que necesita tierras para trabajar y hay latifundios improductivos utilizados para la especulación, sino y sobretodo, que la política agraria consolidó el latifundio generando una desigual distribución de la tierra y luego de aprobadas las leyes se siguieron repartiendo tierras por prebendalismo famililar e institucional. Desde este punto de vista, quienes han cometido delitos dentro y fuera de la ley, fueron precisamente aquellos que se apropiaron de los latifundios y que quieren consolidarlos actualmente con el proceso de saneamiento.
Juan Carlos Vedia, coordinador en la provincia Obispo Santiesteban del Departamento de Santa Cruz del MST, que ha crecido bastante en la última temporada por la mecanización del agro que dejó desempleados a los que vendían su fuerza de trabajo por falta de tierras, ubica los objetivos de su organización desde otro punto de vista dentro de este nuevo período político que se inicia con el gobierno de Evo Morales. «El anterior gobierno -refiriéndose al de Rodríguez- ha consolidado el latifundio como son los casos de Sandro Giordano y Saavedra Bruno… pero nosotros en el actual gobierno vamos a seguir apelando a la ley, hemos hecho una propuesta de Decreto en la que se de prioridad a las dotaciones extraordinarias, porque esos latifundios que fueron adquiridos de manera ilícita tienen que ser revertidos al Estado y el Estado tiene que dotar tierras».
El MST va a seguir exigiendo que se realicen auditorías técnicas, jurídicas y administrativas del proceso de saneamiento, para que se detenga el proceso de consolidación de latifundios adquiridos mediante el fraude, para que posteriormente se aplique la dotación de esas tierras.
Durante las campañas políticas, el MAS planteó que se respetaría y se darían garantías a la propiedad privada, muchos medios de comunicación intentaron polarizar esta propuesta con las tomas de tierras. Al respecto Juan Carlos dice: «No nos preocupa que se de seguridad jurídica, pero que esté enmarcado dentro de la ley, no se debería tener seguridad jurídica para aquellos que se han apropiado de la tierra de manera ilegal, en ese caso si vamos a revertir nosotros, pero si el gobierno se define por cambiar la actual?política nosotros sí vamos a apoyar».
MST: cambiar la actual política de tierras por un modelo comunitario y agroecológico
La propuesta principal del MST es que en la próxima Constitución, la tierra sea concebida como un recurso natural y por lo tanto no tenga un carácter ni comercial ni mercantil «nosotros como el MST apostamos para una seguridad de que no haya más necesidad de tierra para las futuras generaciones, de que no haya estos conflictos, solucionar de una vez por todas con dotaciones colectivas y con títulos comunitarios y no apostar a la comercialización de la tierra».
Esta propuesta no es un sueño, para el MST es algo que se tiene que empezar a poner en práctica, empezar a trabajar colectivamente la tierra y realizar una producción ecológica, esta es la alternativa que el MST plantea frente al actual modelo «en este proyecto estamos proponiendo una economía más social, más solidaria, más divesificada, proyectarse a la producción agroecológica, compartir los bienes producidos en una comunidad organizada, queremos mostrar ese cambio, cuando nosotros practiquemos, estaremos concientes de que la manera individualista no soluciona nada, de que todos tengamos en equidad y en armonía con la naturaleza».
Así piensa el dirigente del MST, cambiar la actual política agraria, cambiar el enfoque que tuvo la desigual ley de Reforma Agraria y la Ley INRA, incluso la misma constitución. Aplicar en su lugar, un modelo comunitario de trabajo colectivo que le permita a los productores evitar conflictos a las futuras generaciones y al mismo tiempo mantener un diálogo armonioso con la naturaleza. Ellos darán su apoyo al gobierno si avanza por este camino, pero creen que es necesario mantener su independencia en tanto organizaciones para continuar avanzando en esa senda «las organizaciones no deberían ser dependientes del gobierno, deben mantener su línea como organización y vamos a seguir hablando como organización, tendremos buenas relaciones con el gobierno, tendremos acuerdos y vamos a coincidir en otras, pero no vamos a dejar de ser organizaciones porque nos equivocaríamos en ese entendido de ser parte del gobierno».