A principios de febrero finalizó en Gijón, Asturias, la XII semana del «Aula Popular» José Luis García Rúa dedicada este año al mundo del trabajo. Con un presupuesto de sólo unos cientos de euros, una docena de personas llevan años rindiendo homenaje al profesor que en los tiempos difíciles impartió todo lo que supo y […]
A principios de febrero finalizó en Gijón, Asturias, la XII semana del «Aula Popular» José Luis García Rúa dedicada este año al mundo del trabajo. Con un presupuesto de sólo unos cientos de euros, una docena de personas llevan años rindiendo homenaje al profesor que en los tiempos difíciles impartió todo lo que supo y pudo arriesgando mucho y obteniendo también mucho, pero no en prebendas y ascensos como era habitual, sino en el reconocimiento de los que fueron sus alumnos directa o indirectamente.
No es la cuestión, ahora, de entrar en detalles de los contenidos del «Aula Popular» pero cada año, ilustres personajes de la península y del extranjero, también este año, vienen para aportar sus conocimientos en conferencias, actuaciones, etc. El bajo presupuesto disponible se compensa con el esfuerzo desinteresado de los ponentes y de la organización, como siempre. El ayuntamiento de Gijón cede una de las salas del denominado Antiguo Instituto e incluso el Teatro Jovellanos, lo más relevante de la ciudad.
Este año, entre otros actos, la organización programó la representación de «La aldea perdida», de Palacio Valdés, novela escrita a principios del pasado siglo y que refleja los conflictos en el siglo XIX entre los mineros y campesinos de la época. La obra fue adaptada e interpretada en el Teatro Jovellanos por la compañía «Teatro Kumen» por una veintena de actores junto con los colaboradores necesarios para la puesta en escena.
Pero parece ser que la SGAE y el ayuntamiento de Gijón pretenden hacer negocio de todo, aunque sea minúsculo como en este caso, pero que sin embargo supone un gran obstáculo para este tipo de actividades culturales libres lo que puede contribuir a su desaparición.
Cuentas presentadas a la organización por el Teatro Jovellanos regido por el ayuntamiento del PSOE-IU de Gijón:
-
Número total de entradas expedidas por taquilla
448
Entradas cobradas en taquilla
401
Entradas requisadas por el ayuntamiento para su protocolo
47
Recaudación teórica (401 entradas x 10 €/entrada)
4.010 €
Recaudación facilitada por la taquilla municipal (faltan 32,00 €)
3.978 €
IVA 7%, deducido directamente
278 €
SGAE 10% deducido (Sociedad General de Autores y Editores)
431 €
Saldo neto
3.285 €
Para la Compañía de «Teatro Kumen»
1.643 €
Para el «Aula Popular»
1.642 €
Nota. Las cifras facilitadas por la taquilla no coinciden con exactitud. El saldo neto se repartió a partes iguales entre el Teatro Kumen y el Aula Popular como así habían convenido.
Todos y cada uno de los organizadores del «Aula» pagaron de su bolsillo los 10 € de su entrada y ni una sola fue escamoteada para las necesidades de protocolo de la propia organización. Pero en cambio, el ayuntamiento sí tiene por norma regalar localidades (no importa quien actúe ni su precio -como en este caso-) a sus concejales y personas afines presumiblemente en la creencia que el teatro es propiedad de sus regidores y no del municipio y de los ciudadanos. La irregularidad -además de la corruptela- es múltiple; lo es por el pago en especie a los allegados del que Hacienda Pública no recibe la correspondiente liquidación y a la organización que asume el trabajo y los riesgos económicos, cuando el ayuntamiento le requisa 470 €. ¿Existe alguna Ordenanza municipal por la que 47 personas, el 10% de los espectadores (y el 10% de la recaudación), puedan asistir gratuitamente a un espectáculo cuando el resto de los ciudadanos han tenido que pagar o ni siquiera han podido ir por carecer de recursos? Cuando, por otra parte, qué menos que el propio ayuntamiento hubiera adquirido cien entradas, por ejemplo, para regalar a colegios, asilos o a cualquier organización social sin medios económicos de modo que al tiempo que colabora con la organización fomenta la cultura y favorece a unos y a otros.
La segunda parte de la irregularidad corresponde a la SGAE que limpiamente, pase lo que pase, se lleva otro 10% de una actividad que además de ser sin ánimo de lucro porque los actores no son remunerados y han de pagarse no sólo el viaje sino los gastos de la puesta en escena.
La posición y actitud de la SGAE, es exactamente la de requisar el diezmo de épocas que parecían o creíamos olvidadas. Pero, aún más, la SGAE también cobra el 10% de la mitad de las entradas requisadas por el ayuntamiento.
Las actividades culturales no «oficiales» que ni siquiera tienen ánimo de lucro es más que evidente que están penalizadas, de hecho, porque además de realizarse con el esfuerzo de los conferenciantes, de los actores y de los organizadores, que no siempre es fácil y posible, han de pagar peaje al ayuntamiento y a la SGAE cuyo importe nada menos que duplicó este año los gastos del «Aula Popular».