No hay dudas de que el gobierno de Evo Morales significó una redistribución del poder social, en un país donde históricamente las mayorías indígenas han sido objeto de racismo y de exclusión. También es cierto que la tarea política no fue fácil, pues en los primeros años debió confrontar con las oligarquías regionales. Sin embargo, […]
No hay dudas de que el gobierno de Evo Morales significó una redistribución del poder social, en un país donde históricamente las mayorías indígenas han sido objeto de racismo y de exclusión. También es cierto que la tarea política no fue fácil, pues en los primeros años debió confrontar con las oligarquías regionales. Sin embargo, esta situación de «empate catastrófico» finalizó hacia 2009, y comenzó así una nueva etapa, que marcaría la creciente hegemonía del MAS y la importancia cada vez mayor del liderazgo de Evo Morales. Política de bonos, distribución de tierras, crecimiento y estabilidad económica, nacionalización de empresas estratégicas, fueron las insignias de un gobierno que al inicio también esgrimía como bandera el «capital ético», la defensa de la Pachamama y el «Buen Vivir».
A diez años, estamos lejos de eso. Numerosos giros y conflictos, algunos de ellos emblemáticos, como el del TIPNIS, reconfiguraron el tablero político, develando la política real del gobierno, más allá de los discursos eco-comunitarios o de las intervenciones de Evo Morales en las cumbres sobre cambio climático. Aquello que de manera pomposa el vicepresidente Álvaro García Linera llamara «el gobierno de los movimientos sociales», perdió el aura. Lo cierto es que en los últimos años el oficialismo fue avanzando en el reemplazo de las organizaciones indígenas díscolas (marginando a los rebeldes y creando estructuras de poder reconocidas por el Estado); en el estrangulamiento del periodismo crítico, quitándole la pauta oficial, y generando un proceso de autocensura; en fin, en la amenaza de expulsión a las ONG, ecologistas y de izquierda, que cuestionan el avance del extractivismo y la consolidación de un patrón primario exportador.
Como en otros gobiernos progresistas, la creciente concentración de poder, los escándalos de corrupción y la tendencia al disciplinamiento de los movimientos sociales, fue poniendo de manifiesto la orientación hacia un esquema de dominación populista más tradicional, caracterizado por la tentación hegemonista. En este contexto, con una oposición política débil y fragmentada (más allá de que gobierne varios departamentos o de que el oficialismo haya perdido en el último referéndum autonómico), se lanzó la propuesta de «repostulación» del binomio gobernante.
Suena casi impúdico, pero si hubiese triunfado el Sí en el referéndum, Evo Morales y García Linera habrían podido permanecer 20 años consecutivos en el gobierno. Una década atrás, estos mismos dirigentes se habrían levantado indignadísimos contra cualquiera que buscara perpetuarse en el poder y, sin embargo, hoy pueden sostener sin sonrojarse que sólo la permanencia del actual binomio gobernante puede garantizar la continuidad de los cambios realizados, en el marco de un gobierno popular, e impedir el temido retorno de la derecha.
El tema de las «re-reelecciones» no es nuevo en la coyuntura latinoamericana y siempre es motivo de polarizaciones sociales. En Argentina, en 2013 Cristina Fernández de Kirchner tanteó la posibilidad y se encontró con que la sociedad puso un límite a sus aspiraciones, primero en la calle y luego en las urnas. Desde Ecuador, Rafael Correa también tuvo que renunciar a la re-reelección, luego de un 2015 atravesado por conflictos. Los únicos que lograron que se aprobara la reelección indefinida fueron el venezolano Hugo Chávez, en 2009, en su segundo intento; y el sandinista Daniel Ortega, en la Nicaragua actual. Todos estos gobiernos -más allá de sus diferencias- han apostado a una lectura mesiánica de la historia, al considerar que el cambio histórico se debe a las orientaciones del líder o la lideresa, y no al cambio de correlación de fuerzas sociales.
En esa línea, el No al referéndum en Bolivia nos deja tres lecciones que debemos leer en clave latinoamericana, en el marco del fin de ciclo del progresismo. El primero, ligado al giro a la derecha del cual tanto se habla, cuyo caso pionero es la Argentina. En mi opinión, bien vale la pena apartarnos de las lecturas conspirativas, y tomar nota de que la posibilidad del ascenso de las derechas por la vía electoral está vinculada, en gran parte, a los errores y desmesuras de los gobiernos progresistas, que han acentuado las dimensiones menos pluralistas que encierra el dilema populista, visibles en la concentración del poder en el presidente y en la manifiesta intolerancia hacia las disidencias.
En segundo lugar, hay factores económicos. La consolidación de una matriz extractivista muestra serias limitaciones, frente a la fuerte caída de los precios internacionales de las commodities.
Esto echa por tierra la tesis de las «ventajas comparativas» que alentó el crecimiento económico de la región entre 2003 y 2013, al tiempo que nos inserta en una crisis económica cada vez mayor, que ilustra la incapacidad de los gobiernos latinoamericanos por transformar la matriz productiva, y la consolidación de un patrón primario-exportador dependiente. En este marco, se evidencian también la volatilidad de los logros, a través del aumento de la pobreza, la insatisfacción de los sectores medios y la ampliación de las brechas de la desigualdad.
Tercero y último, referido a las izquierdas y su visión de la política. En mi opinión, menudo favor le haríamos a nuestras izquierdas latinoamericanas, si dejáramos temas como el de la defensa de las libertades o del pluralismo en manos de la derecha. Estos temas no tienen copyright ideológico. Como dice el constitucionalista Roberto Gargarella, es casi imposible pensar que la ampliación y promoción de la participación popular y la concentración del poder puedan ir juntas. Y la reelección va en la línea de la concentración del poder. Asimismo, son los sectores más vulnerables y las izquierdas las víctimas recurrentes del cierre de espacios políticos y de los procesos de violación de derechos humanos.
En suma, porque Bolivia es el país que más expectativas políticas despertó en la región, es que hoy se convierte en un caso testigo que pone a prueba la inteligencia crítica de las izquierdas latinoamericanas frente a la tentación hegemonista. Y en este sentido, el No, antes que una crisis, puede abrir una oportunidad, una expectativa, la de rebobinar, retroceder y mirar en perspectiva el camino recorrido, para repensar las izquierdas y el gobierno, por fuera de los personalismos, reconectándola con la energía colectiva de aquellos movimientos sociales populares que en Bolivia supieron abrir nuevos horizontes de cambio.
Publicado originalmente en Pagina Siete: http://www.paginasiete.bo/
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