Si miráramos a través del ángulo de una cámara el recinto del Honorable Congreso de la Nación Argentina podría concluirse a simple vista que las bancas se encuentran proporcionalmente asignadas a varones y mujeres. A través de ese mismo plano cualquiera de nosotras/os podría afirmar que finalmente, y luego de tantas luchas, las mujeres han […]
Si miráramos a través del ángulo de una cámara el recinto del Honorable Congreso de la Nación Argentina podría concluirse a simple vista que las bancas se encuentran proporcionalmente asignadas a varones y mujeres. A través de ese mismo plano cualquiera de nosotras/os podría afirmar que finalmente, y luego de tantas luchas, las mujeres han conseguido lo que buscaban: el libre acceso al poder.
Pero no todo es tan feliz como parece, el resultado de las elecciones legislativas de octubre de 2005 muestra que de los 257 legisladores/as que integran la Cámara de Diputados de la Nación tan sólo 90 son mujeres; es decir, un 35%. Mientras que en la Cámara de Senadores de la Nación sobre un total de 72, hay 31 mujeres; o sea, un 43%. Resulta contradictoria la ausencia de paridad en un Poder Legislativo que representa a una población donde el porcentaje demográfico de mujeres supera al de varones.
Pese a esta desproporción, es indudable que en el Parlamento hay más mujeres que hace 13 años atrás, cuando se sancionó la Ley de Cupo Femenino 24.012. Entonces, ¿significa que ha finalizado el reclamo por la participación femenina en los ámbitos políticos? ¿Será que después de tantas luchas lo privado se ha vuelto al fin público? ¿Tendrán las feministas que dedicarse vender los manifiestos en una feria de antigüedades? Caramba.
Nada de eso. Es cierto que, paulatinamente, los espacios antes asignados únicamente a varones han empezado a estar ocupados por mujeres; y también es posible que los cambios culturales finalmente se den debido a la presencia de la mujer en la fuerza laboral y en los niveles medios y de base de las organizaciones. Tal vez. Sin embargo, aún es noticia insólita que una mujer ocupe una función pública de alta jerarquía. ¿Se trata de barreras discriminatorias? ¿O a las mujeres sólo nos interesa no perdernos los capítulos de las telenovelas?
Lo cierto es que el acceso a las bancas continúa siendo una tarea difícil; y las prácticas clientelísticas y de exclusión al interior de los partidos políticos, reflejo de costumbres fuertemente arraigadas en la sociedad, obstaculizan aún más la posibilidad de participación real en las Cámaras. Esta situación se ha naturalizado a tal punto, que hasta se utiliza como herramienta para saldar esa distribución desigual del poder. Prueba de ello son las acciones afirmativas (art. 37 de la Constitución Nacional Argentina), una especie de discriminación positiva que obliga a los partidos políticos a incluir mujeres en las listas partidarias. Nada más y nada menos que un cupo.
Ahora bien, lo paradójico de esta situación es que sea necesario un cupo para que las mujeres puedan ser representadas. Y viceversa. Concretamente, la instauración formal de estas medidas no garantiza el objetivo de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Ya que las cuotas no aseguran la representación de género, sólo el derecho de las mujeres a ser representantes en un régimen democrático, amparando el derecho de acceso a la representación, pero no a la representatividad; es decir, una real influencia en la toma de decisiones. Esta última es una construcción social.
La realidad se aleja aún más de la teoría cuando nos encontramos con que al menos una de las dificultades de la aplicación de estas acciones radica en el hecho de que los partidos políticos tienen el monopolio de utilización de la norma y por lo tanto existe una fuerte tendencia hacia una aplicación minimalista. A esto se suma casos de mujeres que, a pesar de haber accedido a un cargo público, continúan careciendo de autonomía política y de impacto en la toma de decisiones. Así, la legislación sería simplemente una herramienta que permite acceder a un espacio antes totalmente restringido. Mayor cantidad de legisladoras en el Parlamento no garantiza necesariamente mayor representatividad.
Indudablemente, la normativa ha generado resultados positivos. Antes de su sanción el porcentaje de parlamentarias en el Congreso no superaba el 5%. Además, las legisladoras han empezado a plantear problemáticas sociales que afectan directamente a mujeres (tales como aborto, maternidad, acoso sexual, violación, etc.) y no habían sido hasta entonces tratadas en el recinto. Sin embargo, sería hipócrita conformarse con la idea de que aún sea necesario un cupo para no negarles un derecho a las ciudadanas. Cuando la desigualdad social es la norma imperante no podemos esperar que la mera igualdad abstracta de oportunidades asegure la igualdad de resultados.
La propuesta consiste entonces en incidir en la visión de la vida y la práctica política, el objetivo trasciende la cantidad de diputadas y senadoras para apuntar a que todos los miembros de un partido político, varones y mujeres, compartan una estrategia en torno a la cuestión femenina y se comprometan a actuar en consecuencia.
Redescubrir el espacio de la mujer en el ámbito político requiere una lucha en la vida cotidiana, reconociendo las diferencias para visibilizarlas y trabajarlas de manera específica, cuestionando cada práctica en cada espacio, en la forma de pensar, de actuar, en el lenguaje que usamos día a día. La Ley es sólo un texto.