El nuevo orden boliviano

El lunes 20 de octubre La Paz amaneció expectante. La incertidumbre ahogaba, mientras en el congreso la oposición política postergaba hasta lo insoportable la aprobación de la convocatoria a referéndum para la Nueva Constitución Política del Estado. El tiempo corría veloz y desde los suburbios los movimientos sociales advertían. Ya de madrugada, el presidente de la Conalcam (Coordinadora Nacional por el Cambio), Fidel Surco, había bajado a la céntrica plaza Murillo para informar del ultimátum: los parlamentarios tendrían plazo sólo hasta el medio día. De no ser así, sitiarían al congreso hasta que resolvieran sus diferencias. Mientras, lentos, constantes, los más de 10 kilómetros de marchistas avanzaban a paso firme rumbo a la sede del poder en Bolivia con un objetivo inclaudicable.

Ocho días les tomó a los manifestantes unir Caracollo (departamento de Oruro, a 200 km de La Paz) con el centro del poder político boliviano. Durante toda la semana la movilización estuvo en la agenda mediática, pero ese lunes ocupó el centro exclusivo de las miradas: la radio la seguía paso a paso, segundo a segundo. La sensación que se transmitía era la de una marea que no se sabía exactamente dónde estaba, pero que azotaba, era masiva, avanzaba indetenible, convencida. El congreso debía apurarse, la multitud estaba «emputada». Y eran tantos, tantísimos (el oficialismo hablaba de más de un millón, cuando en Bolivia viven poco más de nueve) que hasta los medios opositores debían reconocer sus dimensiones históricas. Como el primer día en Caracollo, a la cabeza estaba el Presidente Evo Morales. «Sigo siendo un dirigente sindical» había declarado en los días previos. Ese lunes lo demostró con los hechos.

El objetivo desde un inicio fue claro: mediante los medios, las organizaciones sociales jugaban al poker con los congresistas opositores. Se sabían rotundamente victoriosos, sólo precisaban que los legisladores lo comprendieran. Y con ese espíritu, cobijados por los sectores populares paceños, al promediar la tarde llegaron a la Plaza Murillo. Pero allí la certeza del triunfo se volvió a postergar. Hizo falta pasar la noche en vigilia (en al menos tres ocasiones Morales debió tomar la palabra para frenar a las organizaciones que hastiadas amenazaban con tomar el Parlamento por asalto) hasta que el congreso efectivamente votara al mediodía siguiente por la convocatoria a referéndum constitucional y dirimitorio el 25 de enero próximo. Ese martes en el aire sobrevolaban aires de reconquista, del paso «de la rebelión de ayer a la revolución de hoy». Finalmente los movimientos sociales conseguían el símbolo por el que tanto habían luchado. Lo que en ese momento no quedaba del todo claro era el costo técnico que se debió pagar por esa contundente victoria política.

El pacto Constitucional-Congresal

Hace tiempo el vicepresidente Álvaro García Linera sostiene que la «salida pactada» es la opción para quebrar el famoso «empate catastrófico» que impide la construcción de un nuevo núcleo hegemónico que defina la disputa por la dirección cultural y política de la sociedad boliviana. En este contexto, priorizando el simbolismo del triunfo político sobre los retrocesos concretos que implican los cambios acordados, junto al recientemente designado ministro del Desarrollo Rural, Carlos Romero, trabajó por un pacto Constitucional-Congresal.

Antes, aunque en penumbras y otra vez desfasando el impacto político del técnico, el gobierno ya había consensuado sustanciosas modificaciones al capítulo de autonomías junto a los prefectos del Consejo Nacional Democrático1 (Conalde) en Cochabamba. Allí la sensación fue que ante la intransigencia de unos dirigentes regionales aislados y deslegitimados por la masacre del Porvenir del 11 y 12 de septiembre, el gobierno decidió arrinconarlos para dar finalmente un portazo buscando nuevos interlocutores en el Congreso. Sin embargo, punto por punto, todo lo acordado en Cochabamba fue incorporado en la posterior discusión parlamentaria. Como resultado, el nuevo texto constitucional incorpora 101 modificaciones a sus 411 artículos votados en Oruro.

Dos son los puntos en los que más cedió el gobierno. El primero de ellos, trasfondo permanente de la disputa boliviana, es el tema tierras. En las Constitución aprobada en Oruro se establecía que toda propiedad que no cumpliera con una función económico-social, que tuviera servidumbre o superara los 5000 o 1000 hectáreas (en este punto no hubo acuerdo, por lo que desde un principio se resolvió someterlo a referéndum dirimitorio el 25 de enero) sería inmediatamente expropiada. Sin embargo, en La Paz esta radical medida fue matizada producto de un acuerdo alcanzado por el diputado de Podemos Carlos Böhrt y el ministro Romero: producto de la Constitución consensuada no habrá una nueva reforma agraria dado que la resolución no será retroactiva por lo que los recortes a la extensión máxima de la tierra serán aplicados únicamente en los futuros procesos de adjudicación agraria.

Tan vital resultaba este punto en las negociaciones que uno de los pocos ítems en los que prefectos y Gobierno no lograron ponerse de acuerdo en Cochabamba fue justamente en lo que atiene a la potestad sobre la tierra, hidrocarburos, recursos forestales, hídricos y justicia. Sin embargo, la gran conquista para estos sectores es que el nuevo proyecto constitucional reconoce cuatro tipos de autonomías: las departamentales, las regionales, las municipales y las indígenas2 con sus respectivas competencias administrativas.

En los hechos, a partir de las elecciones de 2005 los prefectos son elegidos por sufragio popular. Sin embargo, en el actual texto constitucional cuya esencia es de 1936, dicha designación corresponde al Ejecutivo. En el caso de que se apruebe el proyecto de nueva carta magna, será derecho constitucional de las regiones elegir a sus propias autoridades.

En el corto plazo, estas reformas representan un reconocimiento a los postulados de los prefectos opositores. Sin embargo, desde una óptica estructural las modificaciones implican una potencial reconfiguración futura del mapa político boliviano. Así lo ve la investigadora social Lourdes Montero: «El mismo MAS es producto de la ley de participación popular3 que fue un espacio para ensayar el poder estatal. Es cierto que hoy es un reclamo de las elites cruceñas, pero en el mediano plazo esta descentralización puede ser la puerta para la democratización del poder que traiga grandes transformaciones en la vida social nacional».

Otras de las concesiones que el Ejecutivo tuvo que realizar para viabilizar la convocatoria al referéndum fueron la significativa limitación a las atribuciones de la justicia comunitaria consagrada en Oruro, la incorporación del concepto República repudiado por los movimientos sociales y la «nación boliviana» en lugar «del pueblo boliviano». El debate en torno a este último punto fue central. La oposición argumentaba que de consagrarse el Estado Plurinacional que reconoce la existencia de 36 naciones se abría la puerta para una futura ruptura de la unidad nacional. Así fue que se aceptó la incorporación de la «nación boliviana» que, según el coordinador nacional de la representación presidencial para la Asamblea Constituyente, Juan Carlos Pinto, expresa al conjunto de las otras naciones que son parte del país: «Para la clase media y los sectores de oposición existía el gran temor de no ser tomados en cuenta, ya que sin duda había un énfasis en la diversidad, pero no quedaba muy claro qué hacer con el proceso intercultural que ha creada el mestizaje nacional».

Sin embargo, a lo largo de la negociación, el punto que más postergó el tan ansiado acuerdo fue la reelección de Morales. Tanto en Argentina en 1994 como en Venezuela en 1999 y en Ecuador recientemente, las transformaciones a las constitución incorporan una reelección presidencial. La metodología es la siguiente: luego de un proceso constituyente, el nuevo proyecto se somete a referéndum. Una vez aprobado el texto, todos los cargos se reeligen empezando de cero. Es entonces que a partir de ese momento cuentan los dos mandatos que indica la carta Magna. En el caso boliviano, esto implicaría la posibilidad de que Morales, en caso de que sea acompañado por la voluntad mayoritaria, se quedara en el Palacio Quemado hasta el 2019. Lo acordado sin embargo, fue que a pesar de que el proyecto constitucional incorpora la reelección, el actual mandato no sólo se acortará sino que el presidente podrá participar de elecciones consecutivas sólo una vez más. Así, Morales podrá permanecer en el poder hasta el 2014, dándole la chance a la fragmentada oposición de ensayar a lo largo de ese período liderazgos alternativos.

Sin embargo, no todo fue atraso. El martes 21, desde el palco, conmovido, García Linera explicó que la nueva Constitución tiene cuatro núcleos fundamentales. El primero es la igualdad de todos los ciudadanos, a quienes se les reconocen los mismos derechos, al tiempo que se pone fin al colonialismo. En segundo núcleo, dijo, es el reconocimiento de las diversas formas de trabajo. El tercer núcleo del texto es el reconocimiento del derecho de los pueblos, de las naciones indígenas, de las regiones y de los departamentos a formas de autogobierno. Y el cuarto es el reconocimiento de los derechos económicos y sociales de todos los habitantes del país. La Constitución, liberal en este punto, respeta la propiedad privada y garantiza la herencia. A su vez, el nuevo texto convierte en constitucionales dos bases del Estado de Bienestar que ya ha fundado Evo: el pago de la Renta Dignidad (una jubilación universal para todos los mayores de 60 años) y el Bono Juancito Pinto (un auxilio anual en dinero para todos los alumnos).

Para el politólogo y ex constituyente Raúl «Chato» Prada, «a pesar de los cambios no se ha modificado el núcleo estructural. Sigue Plurinacional, sigue siendo un sistema autonómico y pluralista jurídico lingüística, cultural, política y económicamente. Sigue siendo una constitución que recupera los derechos relativos al medio ambiente y a la biodiversidad, sigue siendo un texto que otorga la propiedad de los recursos naturales al pueblo bolivianos que son estratégicos por lo que no son mercantilizables y el Estado asume el rol de gran gestor de la economía».

En el campo económico, la expectativa está depositada en que se pueda romper el modelo de desarrollo basado en la extracción que generó la «modernización excluyente» que imperó en los 90. Es por eso que uno de los ejes centrales es el status de inmodificabilidad que se le concede a la nacionalización de los recursos naturales. Así lo analiza el liberal semanario Pulso: «Si todo marcha como prevé, y gracias a la acumulación política más impresionante que ha conocido hasta hoy la joven democracia boliviana, su gestión (la de Morales) logrará en enero reconstruir el capitalismo de Estado que estableció, de facto, la Revolución Nacional de 1952; inaugurar el Estado de bienestar; y otorgar un estatus inédito-aunque en gran parte retórico-a las organizaciones e identidades indígenas».

Este estatus se expresa en la nueva definición del Estado boliviano como Plurinacional: «Ese es nuestro aporte para el país, pero también para toda América Latina. Esta diversidad que somos tiene una valoración fundamental para nuestro presente y futuro, desde el reconocimiento del pasado. Lo Plurinacional está como transversal en casi todo: en la economía plural, en la justicia comunitaria, en los derechos colectivos de los pueblos indígenas», explica Pinto.

Sin embargo, como ya se ha señalado, la incorporación del concepto «nación boliviana» volvió un híbrido al nuevo proyecto de Carta Magna. Así lo reconoce Prada, quien a lo largo de la asamblea constituyente formó parte de la comisión Visión País: «Una vez acordado que el Estado Plurinacional era el concepto más idóneo, se planteó que lo más coherente hubiera sido la Confederación de Naciones. Sin embargo, se evaluó que aún no existe madurez política para dar ese paso. Ahora, producto de las negociaciones quedó esta constitución mixta no exenta de varias contradicciones».

En el horizonte inmediato, la perspectiva es ganar con al menos dos tercios al parlamente plurinacional en diciembre de 2009. Luego, el debate será por el marco interpretativo que mediante las leyes orgánicas, articulen y ejecuten el nuevo texto constitucional.

No obstante, para el gobierno la discusión es de largo alcance. Diversos analistas coinciden en que hoy existe una «nueva temporalidad de los pactos políticos», que se traduce en una fecha más corta de caducidad de las nuevas constituciones. Pinto lo ratifica: «Siempre hemos hablado de una constitución de transición. Hasta aquí hemos podido llegar con el empate, dando cabido a las minorías para poder seguir avanzando políticamente. Esta no es una constitución de 50 años, Ecuador la cambió en diez años, quizá nosotros lo hagamos antes».

De Media Luna a Cuarto Menguante

Como ya se ha insistido, en el campo político el acuerdo implicó la confirmación del quiebre de la columna vertebral de la oposición tanto política como regional. Por un lado, dentro de la «media luna», el balance de las tomas de instituciones públicas post revocatorio sigue provocando gruesas fisuras en el bloque autonómico. Tal es así que el secretario de autonomías, Carlos Dabdoub, debió reconocer el retroceso del movimiento producto de las «deleznables tomas» de agosto realizadas por la Unión Juvenil Cruceñista. Por su parte, el nuevo presidente unionista, Ányelo Céspedes, coincidió en el repliegue, pero responsabilizó de ello a la prefectura que no se hizo cargo del proceso que impulsó.

Ahora, con el nuevo texto consensuado, las elites económicas y regionales en sus focos más radicales del Beni y Santa Cruz se hunden en encarnizados debates con sus otrora compañeros de causa. Por su parte, varios referentes tarijeños, siempre más moderados en sus reclamos, ya anunciaron que votarán por el sí. De Pando, intervenido por el Ejecutivo luego de la masacre, poco se sabe. Chuquisaca, son su bandera de la capitalía hace tiempo quedó marginada, olvidada desde el inicio por sus propios compañeros del Conalde. Así, lo que antes fue una sólida «Media Luna» que prometía ampliarse con la incorporación del departamento de Chuquisaca, ahora se resigna a un ínfimo y desorientado «Cuarto Menguante».

Para todos ellos el dilema es complejo: votar por el no, como repite una y otra vez Morales, es ratificar la vieja constitución, es oponerse a las autonomías, es declararse a sí mismos ilegales.

En el palacio Quemado lo resumen del siguiente modo: «Los grupos que conspiraron contra el gobierno sufrieron en agosto una derrota electoral, en septiembre un fracaso cívico-militar y en octubre un revés político» .

A esto se suma las eternas disidencias con la oposición partidaria encabezada por Podemos de Jorge «Tuto» Quiroga que en los meses previos viabilizó en el Senado la convocatoria al referéndum revocatorio de agosto que opacó el avance de las regiones impulsado por los sucesivos referéndum autonómicos. Ahora, quebrada, la oposición partidaria en su abrumadora mayoría optó por la supervivencia y aceptó votar a favor de un nuevo referéndum.

«Veo que la derrota es tan catastrófica para la derecha, los errores tan terribles, que se han quedado sin bandera, sin territorio, se han quedado sin líderes y vamos a ver cómo logran construirlo en un año. Un nuevo programa alternativo, de derecha o de centro va a tardar. Yo les doy un mínimo de cinco años en los que podrán construir, intentar levantarse para hacer una oposición seria a Evo», afirmó García Linera.

«El conflicto social será ahora conflicto electoral», agrega Prada. Y en este punto la oposición partidaria parece coincidir. Relegados los prefectos del centro del escenario, es el momento de rearticulación nacional de los disgregados partidos. Todo el arco que nuclea al anti-masismo (o anti-evismo) es consciente que carece de liderazgos y órganos de representación. Los prefectos, ahora de retirada, reconocen que a pesar de su sólido piso electoral, tienen un techo demasiado bajo y regionalizado. La propia lógica de su radicalidad genera que su capacidad de proyección nacional fuera siempre muy limitada.

Abierto el diálogo en Cochabamba, el prefecto de Tarija, Mario Cossío, creyó encontrar su oportunidad de mostrarse como el opositor sensato, dialoguista. Sin embargo, las tensiones internas gestaron el fracaso de dicha negociación. Con ella, se frustró también su perspectiva futura.

En el parlamento, la oposición también sobrevive a los graves golpes y marginación que fue acumulando a lo largo de estos dos últimos años. Quiroga difícilmente pueda erigirse en el líder opositor que aglutine fuerzas. Su pasado como vicepresidente del ex dictador Hugo Banzer y la brutal derrota ante Morales en 2005 opacan sus chances.

Otro con perspectivas es el empresario cementero Samuel Doria Medina, líder de la concertista Unidad Nacional. Por estos días su campaña se centra el en la convocatoria a un «Frente Democrático de Izquierda» dentro de la que se elija por voto al futuro candidato opositor unificado. Para dicho fin entabló conversaciones con el ex presidente Carlos Mesa y el alcalde de Potosí y líder de Alianza Social, René Joaquino.

Otra de las opciones es el eterno resurgir del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). No por casualidad, en las últimas semanas realizaron elecciones internas de las que salió elegida jefa nacional Mirtha Quevedo. Sus virtudes camaleónicas deberán otra vez ponerse a prueba para lograr desligarse de su último presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada y aquel «octubre negro» de 2003. Para ellos, la campaña ya empezó: «MNR sí, gonismo NO», gritaron de la noche a la mañana las calles paceñas.

Un parteaguas para todos estos sectores será su postura de cara al referéndum del 25 de enero próximo. Se estima que en su gran mayoría, salvo rupturas menores por dentro de Podemos, votarán por el sí, que según algunas encuestas obtendría más del 80%.

Un nuevo núcleo hegemónico

De aquí en más, el gobierno tiene por delante una disputa en el terreno que más le gusta y conoce: habrá elecciones el 25 de enero y el 6 de diciembre venidero. Como afirma Montero, «la máquina electoral cohesiona». Y eso, en momentos candentes como estos, es lo que el Ejecutivo precisa.

Desde su asunción el 22 de enero de 2006, Morales sometió su mandato al voto popular directa o indirectamente en reiteradas ocasiones obteniendo siempre un crecimiento paulatino y constante4. Ahora le quedará ratificar esa tendencia sustentado en la adhesión simbólica de las bases al nuevo texto constitucional y al vínculo carismático que Morales entabla con los movimientos sociales que los sustentan.

El nacimiento de este «evismo» sea quizá una de las principales características del actual proceso. La preeminencia de la opción por el liderazgo de Morales (evismo) por sobre lo orgánico (masismo) es el eje central sobre el que va avanzando este «proceso de cambio».

En repetidas oportunidades el gobierno ha reivindicado el título de-y se presenta como un-«gobierno de los movimientos sociales». Lo cierto es que detrás del mandatario se aglutinan todas las fuerzas, silenciando las disidencias y postergando los debates. Su reelección es casi un hecho en 2009, tal es así que la oposición se desangró en los debates para imposibilitar su re-reeleccion recién en 2019. Sin embargo, hay un punto sobre el que intelectuales y dirigentes alertan: el llamado «empoderamiento» de los movimientos sociales en el gobierno corre el riesgo de la lisa subordinación a la agenda gubernamental.

En un reciente encuentro de organizaciones latinoamericanas en Santa Cruz, Hervé Do Alto puntualizó esta amenaza en tres riesgos concretos:

• La posibilidad de que la acción de las organizaciones se vea sistemáticamente sometida a la agenda gubernamental .

• El riesgo de una «estatización» de las organizaciones mediante la «cooptación» de los líderes sindicales .

• La presión ejercida desde el gobierno por «cerrar filas» detrás de él podría tener otro efecto negativo que ya se pudo observar estos últimos meses: la de impedir al mismo tiempo cualquier debate sobre la pertinencia de las iniciativas y políticas gubernamentales para no obstaculizar su propia acción.

Pinto reconoce la dificultad: «En estos dos años los movimientos sociales han cesado en su capacidad de propuesta. Ahora se vive una reconstitución, desde la perspectiva de que no sean sólo el apoyo del gobierno, sino el equilibrio del proceso de cambio». En concreto, se refiere al surgimiento de la Conalcam y la vitalidad que Morales una y otra vez le otorga a la Central Obrera Boliviana (COB).

En este marco, se desdibujan también las críticas de las organizaciones a los retrocesos acordados en el congreso. En los últimos días surgieron diversas voces acusadoras de lo que entienden como «claudicaciones».5 Sin embargo, todos ellos decidieron encolumnarse detrás del proyecto gubernamental y ya anunciaron que votarán por el sí.

Para entender este fenómeno resulta nodal pensar la vocación de poder dual del movimiento popular en la historia boliviana: «Siempre hubo un vínculo de pacto y confrontación al mismo tiempo con el estado, porque los movimientos sociales sabían que cualquier radicalismo los quitaban de la mesa de negociación. Los sectores populares saben que de una demanda maximalista se consigue el 50%. No hay una lógica de suma cero como cree la oposición. El horizonte de lo posible está mediado por la racionalidad. Queremos que Evo siga siendo presidente, dicen, y si eso implica sacrificar algunas de las conquistas de la constitución, adelante. A su vez, hay una cultura general de que no todo está dicho en las leyes, son las acciones políticas las que determinan la radicalidad o no de una nueva constitución», añade Montero.

De aquí en más, la certidumbre política alcanzada otorgará respiro y espacio al gobierno para volcarse a la gestión. Deberá demostrar que lo puede hacer en un marco de crisis mundial que en el plano interno golpea con la caída del precio de los minerales y la disminución de las remesas.

En lo que respecta a los sectores más radicales que sienten que su opción por la «salida revolucionaria» fue descartada, tendrán por delante sus pequeñas batallas. Por ejemplo, en la confrontación con la DEA y la condena al ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández.

En Bolivia ha nacido un nuevo orden, con una nueva hegemonía no sólo consolidada, sino consensuada. Probablemente no tenga la radicalidad que amplios sectores quisieran. Pero la iniciativa, ahora sí, quedó definitivamente en el Palacio Quemado. «La crisis que confrontamos, con un Estado y una sociedad fracturados, no es una herencia del neoliberalismo, sino de toda la historia republicana. Y un Estado, como dice Ehbers, puede cohesionarse por la violencia o a través de la ideología», dice Romero. Ganó la ideología, y con ella se impuso, nuevamente en boca de Romero, un nuevo «núcleo hegemónico» que ordene el espacio político para consolidar y profundizar el proceso de cambio.

Notas

1. El Conalde está conformado por los prefectos de Chuquisaca, Santa Cruz, Beni, Tarija y, hasta la masacre del Porvenir del 11 y 12 de septiembre, Pando.
2. Las departamentales y las regionales tendrán capacidad legislativa, mientras que las indígenas se crearan como un espacio «de planificación y gestión». Respecto de las competencias exclusivas, las departamentales tendrán 36, las municipales 43 y las indígenas 23.
3. La Ley de Participación Popular entró en vigor en Bolivia en 1994. Con esta ley se les otorga una relativa autonomía de gestión pública a los municipios urbanos y rurales, que recién fueron creados. Las formas de organización social de los pueblos indígenas adquieren también, por primera vez, un reconocimiento jurídico, así como determinados derechos de participación a nivel local. La Ley de Participación Popular forma parte de un paquete de reformas de la coalición en el gobierno (MNR-MBL 1993-97) bajo la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR). Parte de este paquete de reformas son: la reforma de la constitución, la ley de capitalización, la reforma educativa, la ley para la descentralización y la Ley agraria que se aprobó a fines de 1996.
4. En 2005 obtuvo 53,7%, 135 de los 255 representantes en la Asamblea Constituyente en julio de 2006 y en el revocatorio de agosto 2008 sacó el 67,41%.
5. El dirigente y ex presidente de la bancada de constituyentes del MAS Román Loayza, la presidenta de la asamblea constituyente Silvia Lazarte y el concejal del alto y referente del Movimiento 17 de Octubre. Roberto de la Cruz fueron algunos de ellos.