La administración de Enrique Peña Nieto y el gobierno local de Ángel Heladio Aguirre Rivero se proponen un objetivo claro y preciso: liquidar a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, el Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria y el […]
La administración de Enrique Peña Nieto y el gobierno local de Ángel Heladio Aguirre Rivero se proponen un objetivo claro y preciso: liquidar a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, el Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria y el Movimiento Popular de Guerrero, en una primera etapa, para avanzar después en todo el país hacia la destrucción de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras de la Educación, los movimientos en defensa de la naturaleza, los órganos de autogobierno indígenas y el movimiento sindical clasista.
Dicho proyecto queda evidenciado con la campaña pedestre y ridícula de una supuesta «reforma educativa», que no aborda los objetivos y contenidos de la educación, los métodos pedagógicos, la infraestructura escolar y el rol de los maestros, los educandos, los padres de familia y la sociedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que, en cambio, constituye una reforma laboral que liquida las conquistas magisteriales logradas en la lucha del Frente Único Nacional de Trabajadores de la Enseñanza, la Confederación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza, la Federación Mexicana de Trabajadores de la Enseñanza, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana, el Movimiento Revolucionario del Magisterio y la CNTE.
El asunto es sumamente grave. La llamada reforma educativa, que de estructural no tiene absolutamente nada, no sólo mantiene las limitaciones legales en materia de contratación colectiva, de organización sindical y de huelga del antiguo Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, el apartado B del Artículo 123 constitucional y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, sino que elimina de un plumazo los aspectos avanzados y progresivos de esos instrumentos jurídicos: la estabilidad en el empleo y la antigüedad como fuente de prestaciones. De tal tamaño es la agresión de los impulsores del neoliberalismo y de la globalización antinacional.
Semejante proyecto de la gran burguesía, los monopolios extranjeros y sus representantes políticos priistas y panistas se ve avalado y difundido por el ala neoliberal del Partido de la Revolución Democrática, que, en abierta descomposición política, suscribe el Pacto por México para privatizar la educación pública, la industria petrolera y la energía eléctrica. Los irresponsables y corruptos que han malbaratado el servicio telefónico, la siderurgia, la minería y otras ramas de la producción y los servicios, que han destruido el sistema ferroviario, la aviación nacional, la seguridad social de los trabajadores, y que están a punto de entregar las playas, los litorales y la franja fronteriza a los capitalistas norteamericanos, no sólo cuentan con el respaldo de los perredistas de derecha, sino que estos últimos son los campeones en solicitar el encarcelamiento de los dirigentes de la CNTE, así como acusarlos, sin ningún argumento válido,de estar al servicio de los «narcoguerrilleros», invención provocadora del imperialismo norteamericano para descalificar a la oposición armada en América Latina.
En ese contexto se ubican las declaraciones del gobernador y la secretaria de Educación del estado de Guerrero, que amenazan con el esquirolaje masivo al informar que si no hay regreso a clases tienen a su disposición 800 profesores sustitutos que, naturalmente, forman filas en el ejército de desocupados creado y fortalecido durante el periodo neoliberal por los sucesivos gobiernos y el gran capital antinacional y entreguista. Además, para completar el cuadro, Layo Aguirre dio a conocer que la Secretaría de Educación Pública ya no dará más plazas para egresados normalistas en la patria chica de Ignacio Manuel Altamirano, pues según el gobierno federal en esta entidad ya se cubrió la demanda de profesores de educación básica, e insistió en que las órdenes de aprehensión se mantienen sin cambio alguno.
No hay rayo en cielo sereno. Es sabido por la clase política mexicana que Guerrero es un estado con graves problemas económicos y sociales, con buenas tradiciones de lucha y con organizaciones representativas de campesinos, indígenas, maestros, estudiantes y otros núcleos populares, por lo que las autoridades deben actuar con prudencia, madurez y sensatez. La imprudencia y la prepotencia no son buenas consejeras. Lo que procede es la negociación.
En vista de las declaraciones recientes de funcionarios de la administración pública, cabe concluir que el presidente de la República y el gobernador guerrerense están jugando con fuego. Lo señalado por la SEP acerca de las necesidades de maestros en la entidad suriana es, sin exageración, una vacilada. O como afirma La Jornada Guerrero: «Una lógica elemental haría pensar que ya no se necesita ni un solo maestro en Guerrero, y que todos los niños tienen garantizado su acceso a la educación.
«Sin embargo, nada hay más alejado de la realidad. Guerrero sigue siendo un estado con un alto déficit en la materia; hay comunidades donde los niños tienen que desplazarse durante horas para acudir a la escuela más cercana, porque no hay maestros que les vayan a dar clases donde ellos viven.
«En otros lugares, los niños deben tomar clases en un solo grupo aunque les corresponda otro grado escolar. La causa: no hay maestros suficientes para todos.
«En algunas escuelas, como recientemente se denunció en Tecpan, los niños se han quedado sin clases porque las maestras se embarazan y mientras gozan de la incapacidad por maternidad, no hay personal docente para sustituirlas.
«Entonces, la lógica de la Secretaría de Educación Pública no se entiende. ¿Cómo decir que en Guerrero ya no son necesarios los maestros, que ya todo está cubierto, que todos los niños tienen quién les enseñe?
«Bastaría con ver los propios reportes que deben existir en la dependencia para comprobar el absurdo de esta afirmación.
«Parece, sin embargo, que alguien en el gobierno federal tiene interés de jugar con fuego en un estado empobrecido, con altos índices de marginación, y donde históricamente la gente ha sido orillada a tomar posturas radicales como fueron los movimientos guerrilleros de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
«¿A qué le apunta el gobierno de Enrique Peña Nieto en Guerrero? ¿Quiere hacer tronar a un estado donde la oposición partidista llevó a la coalición de izquierda a obtener la gubernatura en dos ocasiones consecutivas? ¿Es electoral el fondo de todo?»
No hay que llamarse a engaño. La situación es complicada porque el gobierno de Enrique Peña Nieto, a diferencia de los mandatarios inútiles e ignorantes del Partido Acción Nacional, ha tejido una alianza muy peligrosa con el PAN y el grupo hegemónico del PRD, al mismo tiempo que el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza desean que los tomen en cuenta y no los dejen fuera de ese frente único de neoliberales y similares. En resumen, la derecha tiende a la unidad programática y política, mientras en el campo popular reinan la falta de unión y la división. Asimismo, es menester no olvidar que en algunos grupos de la población nacional se cifran esperanzas en el retorno del PRI, debido al desastre global dejado por los gobiernos panistas ineptos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
En esas condiciones, es útil hacer caracterizaciones correctas acerca de la amplitud de las fuerzas participantes en la lucha contra la «reforma educativa» y la capacidad de actuar unitariamente en el seno de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para llevar el movimiento al alza y no permitir que algunas acciones puedan facilitar la represión por parte de los gobiernos de la Federación y el estado. No es ocioso decir e insistir en que el combate de la CETEG y la CNTE se desenvuelve en los marcos de la legalidad constitucional, que los contingentes movilizados no han cometido delito alguno y que las órdenes de aprehensión carecen de fundamento; sin embargo, no hay que olvidar que la televisión, la radio, la mayoría de los medios impresos e Internet, son capaces de confundir con su labor de desinformación a posibles aliados del magisterio, crear un clima favorable a medidas de fuerza gubernamentales y «justificar» la represión. Considerando ese marco, las reuniones sindicales y populares deben determinar los pasos a seguir, incluidos los métodos de lucha, y no dejar campo libre a elementos incontrolables que, sin proponérselo, permitan abrir las puertas a la provocación y la represión.
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