Las grandes transformaciones políticas, económicas y sociales en Bolivia, gestadas en las movilizaciones campesinas y populares por demandas que luego se convirtieron en decisiones de gobierno, tuvieron su momento de auge entre los años 2006 al 2009. Fue entonces que ocurrieron las principales nacionalizaciones, se realizó la Asamblea Constituyente, avanzó la reforma agraria y se […]
Las grandes transformaciones políticas, económicas y sociales en Bolivia, gestadas en las movilizaciones campesinas y populares por demandas que luego se convirtieron en decisiones de gobierno, tuvieron su momento de auge entre los años 2006 al 2009. Fue entonces que ocurrieron las principales nacionalizaciones, se realizó la Asamblea Constituyente, avanzó la reforma agraria y se implementaron varias políticas sociales redistributivas.
En esos años se fue cohesionando un Bloque Social Revolucionario conformado por pueblos indígenas y naciones originarias, al que se fueron incorporando cada vez más sectores populares de las ciudades, incluyendo la clase obrera, que salía de un prolongado letargo bajo el neoliberalismo, y que sumó también sus fuerzas a través de la Central Obrera Boliviana (COB). Este bloque indígena-obrero-popular protagonizó la más grande acción de masas de que se tenga memoria, cuando en octubre del año 2008 emprendió una marcha desde Caracollo (Oruro) hacia la ciudad sede de gobierno, La Paz, exigiendo la aprobación democrática de la nueva Constitución Política del Estado elaborada por la Asamblea Constituyente.
Fue también en ese momento, a fines del 2008, que surgió una tendencia pactista dentro del proceso de cambio. Por entonces dicha tendencia acudía a argumentos válidos: el Movimiento al Socialismo (MAS) no tenía en el Legislativo los dos tercios de voto necesarios para viabilizar el referéndum constitucional, por lo que no había otra opción que efectuar concesiones a las bancadas conservadoras para allanar dicha convocatoria. Y así se hizo, modificando parcialmente el texto constitucional, aunque sin alterar su esencia transformadora.
A principios del año 2009, con la aprobación por voto popular de la nueva Constitución, el Bloque Social Revolucionario alcanza una victoria política estratégica. Paradójicamente, la hora del triunfo fue también el momento en que comenzó el reflujo de los movimientos sociales, que cedieron la gestión política del proceso de cambio al gobierno que les representa. Así comenzó a ganar peso la tecnocracia estatal con su lógica burocrática formal y conservadora.
Por su parte, los detentadores del capital, las fracciones más enriquecidas de la burguesía, especialmente la agroindustrial y financiera de Santa Cruz, desplazadas del poder político nacional, preservaron su poder económico acogiéndose al concepto de «economía plural» que el empresario Samuel Doria Medina había inscrito en el texto constitucional durante la Constituyente. No faltó en filas gubernamentales algún economista que comenzó a teorizar sobre las bondades del pluralismo económico, dejando de lado el planteamiento de los movimientos sociales: avanzar en la nacionalización/estatización de los sectores estratégicos de la economía para controlar sus excedentes, transfiriendo una parte de los mismos para el potenciamiento de la economía social comunitaria.
La burguesía, representada por la Cámara de Industria, Comercio y Servicios (CAINCO) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), rápidamente cambió su estrategia de abierta confrontación sediciosa por otra de contención diplomática de las transformaciones revolucionarias. Sus representantes comenzaron a manejar un discurso conciliador: «los empresarios nos dedicaremos a la economía, el gobierno se dedicará a la política». Esto encajaba perfectamente con los preceptos de la tendencia pactista, que postulaba que no quedaba más opción que coexistir con el capitalismo y que debía darse un largo armisticio con la burguesía para lograr estabilidad y gobernabilidad. Conforme pasaba el tiempo el «armisticio» se fue convirtiendo en concesiones programáticas en materia agraria, forestal, ambiental y financiera, justificadas con el argumento de que el «horizonte de época» seguía siendo revolucionario.
Pero en los últimos tres años los movimientos sociales comenzaron a superar el reflujo del 2009, retomaron la iniciativa política y fortalecieron a la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), en la que participan las organizaciones campesinas e indígenas, junto a las organizaciones sindicales obreras afiliadas a la COB. También sufrieron golpes como el escándalo de corrupción en el Fondo Indígena, del que fueron parte varios dirigentes envilecidos por el dinero y la prebenda. El caso del Fondo Indígena es manipulado por algunos medios de comunicación y por los partidos políticos de derecha para construir una imagen pública corrupta de los movimientos sociales, culpando a todo un colectivo social por las pillerías de una parte de su dirigencia.
En el plano externo la ofensiva neoliberal en Sudamérica logra hacerse del gobierno en Argentina y Brasil, y en ambos países comienzan procesos regresivos que van anulando los derechos sociales y laborales conquistados. El impacto político en Bolivia es inmediato: ante la amenaza restauradora del neoliberalismo las bases campesinas, obreras y populares se radicalizan y comienzan a plantear la unificación y el fortalecimiento del Bloque Social Revolucionario sin confiar en ninguna fracción de la burguesía; postulan la necesidad de defender y profundizar el proceso de cambio fijando como su objetivo la construcción del socialismo comunitario.
Después de largos debates políticos en los eventos sindicales surge la idea-fuerza del Socialismo Comunitario, como confluencia de dos proyectos históricos: el de la lucha anticapitalista de la clase obrera por el socialismo, y el de la lucha anticolonial de las naciones originarias por la reconstitución de la comunidad. A ello se suma el planteamiento ecosocialista de defensa de la Madre Tierra, así como la lucha contra el sistema de dominación del patriarcado. Toda esta acumulación política dentro del proceso va quitando espacio a las tendencias moderadas, cuyo discurso concita cada vez menos interés y audiencia. El pactismo comienza a ser visto como una tendencia que afirma un gradualismo no revolucionario. Una tendencia que cae en el doble discurso, como síntoma de una especie de trastorno de doble personalidad política: moderado ante los empresarios, revolucionario ante la militancia. Por ello es que sus exponentes van perdiendo la confianza y el arraigo entre las organizaciones sociales y entre la izquierda.
Esto sucedió en el IX Congreso del Movimiento al Socialismo, realizado en Santa Cruz hace una semana. En ese evento el instrumento político tuvo un gran acierto al abrir su estructura orgánica a la participación de trabajadores mineros, petroleros, gremialistas, transportistas, campesinos, cooperativistas y de otros sectores. En ese congreso se ratificó el liderazgo de Evo Morales como factor de unidad de los movimientos sociales para profundizar el proceso de cambio y evitar el retorno del neoliberalismo. Allí se aprobó la «Tesis del Socialismo Comunitario hacia el Vivir Bien» que fija los lineamientos revolucionarios para los siguientes años. Son todos resultados que muestran que el pactismo ha comenzado a periclitar.
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