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El «otro país» que no quiere compartir nada con La Paz

Fuentes: Clarín

Santa Cruz es lo que es gracias a Bolivia o a pesar de ella? La respuesta a esta pregunta sintetiza las actuales confrontaciones regionales que vive el país: en el occidente pobre resaltan que todo fue debido a la transferencia de parte del excedente minero hacia este departamento (provincia), mientras que en el oriente le […]

Santa Cruz es lo que es gracias a Bolivia o a pesar de ella? La respuesta a esta pregunta sintetiza las actuales confrontaciones regionales que vive el país: en el occidente pobre resaltan que todo fue debido a la transferencia de parte del excedente minero hacia este departamento (provincia), mientras que en el oriente le asignan al «carácter emprendedor» de los cruceños todo el mérito por su actual alto lugar en la economía boliviana.

Lo cierto es que, en medio siglo, Santa Cruz pasó de ser una población marginal a ganarse un lugar como la capital del departamento más rico de Bolivia, con una economía basada en la agroindustria. Y hoy lidera a tres departamentos más «la denominada media luna» en su lucha por las autonomías: Tarija, sede de las principales reservas gasíferas y fronterizo con Argentina, Beni, dedicado a la ganadería, y el casi despoblado Pando en la Amazonia. Esta «otra» Bolivia suma el 43% del Producto Bruto Interno nacional.

Hasta los años 50 Santa Cruz se encontraba casi aislada del resto del país: un camión necesitaba seis días para hacer los quinientos kilómetros que la separan de Cochabamba. «En 1904, cuando pedimos un ferrocarril un diputado paceño dijo en el Parlamento: ¿para qué quiere Santa Cruz un ferrocarril, para separarse como Panamá de Colombia?, fíjese usted la perversidad», dice a Clarín el historiador Alcides Parejas.

En estos días de pelea con La Paz, todos recuerdan las violentas luchas de 1957 por el 11% de las regalías petroleras «con las que se financiaron varios planes de desarrollo» y las «injurias» del gobierno central que, también entonces, los acusó de separatistas.

Pero los críticos de las «elites cruceñas» resaltan la otra cara de la moneda: los nexos entre el Comité Cívico pro Santa Cruz y los grupos falangistas para conspirar contra el gobierno nacionalista surgido de la revolución de 1952. Dicen que hoy hacen lo mismo con el actual presidente Evo Morales.

Según un informe de la Cámara de Industria y Comercio, Santa Cruz genera el 30 por ciento del Producto Bruto Interno nacional, aporta alrededor de 37 por ciento del total de impuestos y recibe casi la mitad de la inversión extranjera que llega a Bolivia.

En Santa Cruz las «misses» ocupan un importante lugar en la sociedad, por lo que no sorprende que fuera una Miss Bolivia quien pretendió marcar, brutalmente, las diferencias entre oriente y occidente: «Nosotros somos altos, blancos y hablamos inglés», dijo no hace mucho Gabriela Oviedo y provocó un escándalo.

Autonomía basada en el reparto de ingresos

El conflicto entre Santa Cruz y La Paz tiene una historia larga -que incluye el levantamiento federal e «igualitario» de Andrés Ibáñez, fusilado en 1877- pero tomó nuevos bríos después de la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003. La «guerra del gas» no solamente acabó con el arquitecto de las reformas de libre mercado en el país sino que abrió paso a una transición política en la que los grupos de poder cruceños perdieron su cupo en el Estado nacional. Primero fue el entonces presidente Carlos Mesa quien los acusó de ser «unas elites provincianas» y les cerró el paso en su administració n. Luego vino Evo Morales que a sus posiciones nacionalistas sumó una estética andina que irrita a muchos cruceños.

Sin embargo, las demandas de autonomía están lejos del reclamo de independencia, sostenido sólo por el grupo marginal Nación Camba. Dos parecen los objetivos del movimiento en marcha. El primero, blindar a estas regiones de la marea «populista e indigenista» de Morales, hostil a los principios de la economía de mercado que en Santa Cruz no fueron cuestionados como en la Bolivia indígena. Y, en segundo lugar, manejar los recursos locales.

«Es muy importante que haya una descentralizació n no sólo del gasto sino de los ingresos, serían las regiones las que entregarían los ingresos al gobierno nacional, quedándose con alrededor del 31%, también se incluye un fondo de compensación para los departamentos más deprimidos», dice Juan Carlos Urenda, principal asesor del Comité Cívico en el tema autonómico.

Dentro del área económica hay un tema especialmente sensible: la tierra. Por eso el proyecto anunciado ayer por el prefecto (gobernador de Santa Cruz) Rubén Costas contempla «competencias compartidas en la gestión de la tierra entre el gobierno nacional y los poderes locales». Los modelos de Urenda son España y Colombia.