En enero del año pasado el gobierno federal a través del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación reconoció la presencia de grupos paramilitares en Chiapas, sin embargo, omitió deliberadamente hablar sobre la causa y razón de su existencia, porque esto implicaría reconocer que tienen su origen en el Estado y un actuar que se circunscribe en una política eminentemente contrainsurgente.
Para el gobierno federal los grupos paramilitares son herencia de las administraciones pasadas, que nada tienen que ver con la política actual, nada más falso, si así fuese existiría un esfuerzo para desarticularlos, en los hechos las instituciones bajo el mando de la cuarta transformación se encargan de protegerlos, por tanto, se configura el paramilitarismo como política de gobierno.
Es más evidente esto en el estado de Chiapas donde la administración gubernamental encabezada por Rutilio Escandón Cadenas, el Secretario General de Gobierno Ismael Brito Mazariegos y el Fiscal General del Estado Jorge Luis Llaven Abarca niegan por completo la existencia de grupos paramilitares en la entidad; en la realidad existen y forman parte de los cuerpos represivos encargados de esparcir la violencia contra el pueblo expresada en crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.
Dos casos concretos ilustran lo dicho, el primero es el caso del grupo paramilitar “los petules” con presencia en el municipio de Ocosingo y el otro es lo sucedido recientemente en las comunidades de Aldama y Chenalhó lugar que le sirve al Estado como campo de prueba del paramilitarismo.
En el primer caso, “los petules” con presencia en la región selva norte de Chiapas desde hace más de un lustro se han encargado de agredir a las comunidades organizadas en el FNLS entre ellas Río Florido y El Carrizal, así como a otras comunidades, ahí es evidente la protección que reciben por parte de las autoridades municipales y estatales.
A pesar de tener un sinnúmero de denuncias por agresiones de todo tipo, desde violaciones sexuales, robo, extorsión, intentos de desaparición forzada, asesinato, portación de armas de uso exclusivo del ejército, las autoridades no han hecho nada al respecto, lo que se traduce en protección.
“Los petules” tienen la venia del Estado mientras sirvan a sus propósitos contrainsurgentes, conviven con policías, el ejército y funcionarios, fuerzas represivas y paramilitares actúan en conjunto para cometer crímenes, este es el caso que expresa con mayor nitidez la relación intrínseca entre Estado y paramilitarismo.
En el caso de Aldama y Chenalhó el Secretario General de Gobierno Ismael Brito Mazariegos expresó “que existen personas que no quieren ni abonan a la paz entre los pobladores” refiriéndose a los grupos de corte paramilitar que han esparcido el terror en dicha zona, su idea es que quienes conforman estos grupos son ajenos al Estado y que actúan por cuenta propia, otra falacia más.
Estos grupos tienen años operando en la región, han causado desplazamientos forzados, asesinatos, y cada uno de los casos yacen en la impunidad lo que demuestra protección de la autoridad estatal hacia los paramilitares.
Lo que a simple vista parece un problema agrario entre dos comunidades, en realidad es la expresión de una política de gobierno que busca someter al pueblo en la pobreza, miseria, descomposición y condenarla a la lucha fratricida entre hermanos de clase.
Todo indica que para ejercer el control de dicha zona el gobierno chiapaneco se vale de este tipo de grupos paramilitares, por un lado, para esparcir el terror en la población y por otro lado para justificar la militarización de los municipios.
Agregamos un ejemplo más para demostrar la relación Estado – paramilitares, es lo sucedido en enero del año pasado en el municipio de Amatan, Manuel de Jesús Carpio Mayorga ex presidente municipal de dicho municipio por el partido MORENA creó un grupo de corte paramilitar para eliminar toda oposición a su gobierno, el saldo de sus ataques fue la ejecución extrajudicial de los luchadores sociales Noe Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, así como decenas de familias desplazadas.
De una lista de diez implicados sólo uno ha sido detenido, los demás se pasean con la protección del Estado, el detenido fue para simular justicia. No es de interés gubernamental resolver las necesidades de la población sino de ejercer la violencia y el control político de las masas, esta es la práctica del gobierno morenista de Chiapas.
Hay una contradicción entre la federación que acepta la presencia de grupo paramilitares en Chiapas y el gobierno chiapaneco que lo niega, mientras estos grupos persistan y no sean desarticulados ambos niveles de gobierno estarán promoviendo y protegiendo al paramilitarismo.
Los grupos paramilitares ven a su enemigo en su propio hermano de clase, persiguen intereses mezquinos, y sirven a propósitos contrainsurgentes, hoy en Chiapas son la punta de lanza de la represión contra el pueblo organizado y no organizado.
El paramilitarismo es parte de la política represiva contra el pueblo organizado y no organizado, necesario es que como movimiento popular retomemos la exigencia de su desarticulación y justicia para las víctimas. Hoy la necesidad política es organizarse y luchar en contra de la represión para no permitir más muertos, presos políticos y detenidos desaparecidos.
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo