El Parlamento Europeo (PE) ha aprobado hoy un informe que rechaza la posibilidad de que los gobiernos europeos puedan denegar el acceso a internet como un medio para imponer sanciones a los consumidores. El texto, aprobado con 481 votos, 25 en contra y 21 abstenciones, señala que los gobiernos o las empresas privadas no deben […]
El Parlamento Europeo (PE) ha aprobado hoy un informe que rechaza la posibilidad de que los gobiernos europeos puedan denegar el acceso a internet como un medio para imponer sanciones a los consumidores.
El texto, aprobado con 481 votos, 25 en contra y 21 abstenciones, señala que los gobiernos o las empresas privadas no deben recurrir a cortar ese acceso como forma de penalización, algo que, indica el PE, ya se ha propuesto en algunos países de la Unión.
El pleno consideró que el «analfabetismo electrónico» será el «nuevo analfabetismo del siglo XXI», por lo que si se garantiza el acceso a internet a todos los ciudadanos se asegura su «acceso a la escolarización».
Entre otros aspectos, el texto aborda la protección de los derechos de propiedad intelectual en internet y, en ese contexto, urge a los estados miembros a que adopten la directiva sobre medidas penales respecto a la violación de este tipo de derechos.
En cambio, para lograr ese objetivo, precisa que es necesario que se prohíban «el control y la vigilancia sistemática» de los usuarios.
El informe pide asimismo respetar la libertad de expresión y de asociación de los usuarios y luchar contra la incitación a la violación de los derechos de propiedad intelectual, «incluidas algunas restricciones excesivas de acceso impuestas por los propios titulares de la propiedad intelectual».
Por otra parte, el Parlamento aceptó una enmienda que insta a los países a actualizar su legislación sobre protección de menores que utilizan internet, especialmente en lo relativo al delito de «grooming» (captación de menores en línea con fines sexuales).
El texto también considera que la «identidad digital» se está convirtiendo en parte integrante de nuestro «yo», por lo que merece una protección adecuada y eficaz contra las intrusiones de agentes privados o públicos.
En ese sentido, considera que todos los datos que estén «orgánicamente vinculados» a esa identidad deben «definirse y protegerse», y reclama que se garantice que los estados miembros «que interceptan y controlan el tráfico de datos», lo hagan en las condiciones y con las garantías estrictas previstas por la ley.
Asimismo, la Eurocámara reclama a la UE que establezca una «estrategia global» para luchar contra la ciberdelincuencia, especialmente en lo relativo a la usurpación de la identidad de los internautas.
Igualmente, pide que se adopten medidas como la creación de una oficina de ayuda para las víctimas de estas suplantaciones de identidad, que impulsen campañas de sensibilización y prevención al respecto.
Los eurodiputados creen que, entre los derechos afectados por internet, se encuentran el respeto a la vida privada, la protección de datos, la libertad de expresión y de asociación, la libertad de prensa, la de expresión y participación políticas, la no discriminación y la educación.
Para garantizar esos derechos solicitan que se apliquen las «normas sobre protección de derechos humanos tanto nacionales como internacionales».