Preocupantes revelaciones oficiales admiten que cada 15 minutos alguna de ellas es agredida en su entorno familiar. Las indígenas en peores en condiciones.
Cada vez que el reloj indica un cuarto de hora una mujer mexicana es agredida en su propio entorno familiar y cada año mueren más de mil 800 en forma violenta, con un promedio diario de cinco decesos.
Esas son cifras reveladas por un servicio especial de la agencia latinoamericana de noticias Prensa Latina, tomadas de estadísticas pertenecientes a la Procuraduría General del país azteca.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), México está entre las 15 naciones del mundo con más homicidios dolosos contra mujeres, y los territorios con mayores índices son los estados de México, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Quintana Roo.
La presidenta de la CNDH, María Eugenia Díez, planteó recientemente la necesidad de priorizar ajustes legislativos y las políticas públicas en los tres poderes de la Unión, a fin de garantizar la erradicación de la violencia de género.
Díez precisó que más de la mitad de las mujeres mexicanas ha sido víctima de la violencia, cuando menos una vez en su vida, factor que representa un 40 por ciento de los delitos cometidos en contra del llamado «sexo débil».
Consideró que México, a pesar de tomar parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, efectuada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, aún tiene pendientes en esta materia.
Al respecto, señaló que han crecido en más de mil por ciento los asesinatos a mujeres y, para sustentarlo, mencionó el caso de los más de 400 feminicidios cometidos desde 1993 en Ciudad Juárez, ubicada en el norteño estado de Chihuahua, destacó Prensa Latina.
La misma fuente enfatizó que la sociedad exige inculcar más valores y fortalecer la familia para terminar con la violencia, pero para ello, urge transformar los programas educativos oficiales.
La violencia de género alcanza hoy al 67 por ciento de las mujeres mexicanas de 15 años o más, según la recién publicada Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2006.
El sondeo fue presentado en junio último por el presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Gilberto Calvillo, quien señaló que las mexicanas sufren violencia de pareja, comunitaria, familiar, patrimonial, escolar y laboral.
Tomando en cuenta esa realidad, y según la nota de Prensa Latina, la titular del Instituto Nacional de Mujeres, Rocío García, señaló a finales de junio que la equidad de género es una prioridad porque mientras existan obstáculos para la mujer, el progreso nacional se verá afectado.
García llamó a adoptar la igualdad de género como eje rector de planes, programas y acciones que reconozcan a las féminas, no sólo como sujetos demandantes de servicios y bienestar social, sino como una fuerza ciudadana co-gestora del desarrollo.
Alertó que aunque los porcentajes varían en cada entidad federativa, los niveles son altos y lo que más preocupa es que las mujeres asumen su condición de subordinación y discriminación como algo natural e inevitable.
El detallado reporte firmado por Liset Salgado sostiene que, en el contexto del enfrentamiento al crimen organizado por parte del actual gobierno con el empleo del Ejército, se considera que las mujeres indígenas enfrentan las consecuencias de la militarización del país, al crearse un clima de inseguridad e intimidación.
Analistas mexicanos – continúa afirmando Prensa Latina – consideran que las fuerzas armadas utilizan la violencia sexual como arma de desmovilización política de un gobierno patriarcal que, amparado en su guerra contra el narcotráfico, desarrolla una cruzada no declarada contra el movimiento indígena.
Los expertos sostienen que ante el creciente empuje participativo de las féminas en el país, el nuevo colonialismo gubernamental intenta sembrar el terror e intimidar por medio de violencia sexual.
Citan los casos documentados de violaciones contra varias mujeres, incluidas menores, por parte de las tropas encargadas de labores de seguridad pública en todo el país, como parte del combate a la narcodelincuencia.
Los estudiosos estiman que existe doble cara para enfrentar el asunto, pues si bien el Congreso aprobó en febrero pasado una de las leyes contra la violencia de género más avanzadas de América Latina tipificando el delito de feminicidio, los abusos continúan.
Atentados a la integridad física, violaciones, allanamientos, torturas, cateos ilegales y detenciones arbitrarias, cuentan entre las denuncias documentadas como excesos contra las prerrogativas individuales de las féminas por parte de los uniformados.