La afirmación demagógica de que este sexenio de Felipe Calderón iba a ser el de la «infraestructura», se propagandiza oficialmente en el anuncio de que la inversión en reparación y ampliación de carreteras ha sido en menos de 5 años de 16,500 kilómetros para, según un slogan presidencial, «más caminos de oportunidades», es tergiversador de […]
La afirmación demagógica de que este sexenio de Felipe Calderón iba a ser el de la «infraestructura», se propagandiza oficialmente en el anuncio de que la inversión en reparación y ampliación de carreteras ha sido en menos de 5 años de 16,500 kilómetros para, según un slogan presidencial, «más caminos de oportunidades», es tergiversador de la realidad, esto es, además de superficial, harto engañoso. En general, se trata de un planteo desarrollista que en el fondo esconde la voracidad de las empresas de la construcción por obtener lucro sin importar las necesidades y las consecuencias en las poblaciones, en sus ambientes y en sus territorios por donde se abren las carreteras. Para la propaganda presidencial «hacer un México más fuerte» es aceptar incondicionalmente sus planes megaconstructivos; algo que -por cierto- comparte con los gobiernos de varios Estados como el de la Ciudad de México y el del Estado de México (por ejemplo la construcción de: presas, supervías, viaductos, segundos pisos, aeropuertos, parques de diversiones, líneas de metrobús y de trenes, etc.). En el caso que vamos a abordar se trata de «autopistas». En efecto, en los últimos años se ha anunciado la construcción de los llamados «Arcos»: sur, poniente y oriente, para complementar o «redondear» el «Arco norte» que rodea la ciudad de México pasando por zonas del Estado de México. Me referiré en este artículo al circuito o «Arco» que conectará el sur de la ciudad de México con los demás «Arcos», especialmente con Puebla, Morelos y Estado de México sin necesidad de cruzar las áreas centrales de dicha ciudad. Según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal (SCT): «El proyecto integrará un gran anillo de circunvalación de la zona metropolitana de la ciudad de México, y junto con el libramiento norte planteará transformaciones de fondo en la estructura de los desplazamientos. Este complejo carretero que rodearía a la Zona Metropolitana de la ciudad de México, además enlazaría a las autopistas México-Puebla, Puebla-Cuautla, Circuito Exterior Mexiquense, México-Cuernavaca, México-Toluca y Chamapa-Lechería, y complementará los beneficios de Arco Norte, evitando que unidades automotoras crucen innecesariamente por el interior de la capital del país. Para el desarrollo de la obra, se dice, la SCT aplicará un esquema llamado «concesión individual». La primera parte de Arco sur tendrá un Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) de 30 000 vehículos, la cual comprenderá 25 kilómetros que unirán mediante seis carriles el tramo La Venta-Topilejo. En lo referente al tramo Topilejo-Chalco, éste será de cuatro carriles y tendrá una longitud de 51 kilómetros.
Así, se trata de un típico caso de Proyecto planeado y proyectado desde los intereses gubernamentales y privados, pensado como un negocio para las compañías constructoras, concesionarias de carreteras, empresas diversas que se beneficiarán porque transportarán más rápidamente sus productos, y nuevamente pensando en los automotores personales y no en el transporte público y masivo. etc. Un ejemplo lo tenemos en el libramiento llamado norte en el Estado de Puebla que va de Xoxtla a Amozoc, y tiene una longitud de casi 32 kilómetros. La obra fue concesionada «individualmente» al consorcio español Obrascón-Huarte-Laín, con un costo de mil 954 millones de pesos, es decir, más de 130 millones de euros. En tanto, el arco surponiente de Puebla es una vía de 16 kilómetros que unirá a la ciudad de Atlixco con el aeropuerto Hermanos Serdán en Huejotzingo, y será construida por la empresa Melgarejo y Asociados.
El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Alejandro Sánchez Camacho se ha preocupado por informar, difundir, denunciar y promover debates en torno al «Arco sur» (por ejemplo el Foro del 2 de septiembre en la Asamblea Legislativa de la ciudad de México en el que participaron analistas y antropólogos) que afectará territorio de tres delegaciones de la Ciudad de México, concretamente de Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta. Pues resulta que en ellas se concentran muchos pueblos indígenas u originarios (Tlalpan 12, Xochimilco 17 y Milpa Alta 111)provenientes de historias profundas y ubicados allí desde ´la época prehispánica; constantemente ha señalado el ataque que implicaría dicho «Arco» contra la ecología y los terrenos ejidales, comunales; sobre todo sin la autorización de los núcleos y los poblados de esas delegaciones, constituiría una flagrante violación a la Constitución, representaría un ecocidio para la ciudad, sería un atentado contra los recursos naturales del Distrito Federal y una agresión flagrante en contra de las comunidades rurales de la capital. Desde nuestra perspectiva, además de lo señalado por Sánchez Camacho está el hecho de que con ello se dañaría el tejido sociocultural de esos pueblos, es decir, las relaciones socioculturales mantenidas y reactualizadas durante cientos de años de prácticas colectivas y de instituciones y expresiones identitarias propias (intercambios, ciclos festivos y rituales, vida comunitaria, entornos, etcétera2).
El Proyecto carretero «Arco Sur», más que una necesidad brotada de los ciudadanos y poblaciones de las zonas implicadas, surge de las necesidades desarrollistas y modernizadoras («Grandes Obras de modernización» dicen). Así, considero que se trata de una obra tecnoeconómica impuesta y planeada desde arriba sin considerar las situaciones y las condiciones histórico-patrimoniales de las poblaciones y sus recursos naturales y culturales afectados. Estos aspectos definitivamente no se contemplan. Ni menos aún se plantea el hecho señalado en la Artículo 169 de la OIT para los pueblos indígenas (y en este caso originarios, pues ambos conceptos son similares3), de que éstos deben ser informados y consultados y deben intervenir en las decisiones que afectarán sus recursos, propiedades, territorios y espacios vitales. O sea con dicha obra carretera se generaría no sólo un ecocidio sino una violación y agresión a sus derechos y a su vida sociocultural, esto es se está engendrando un etnocidio.
En ese sentido estoy de acuerdo con el planteamiento de que etnocidio implica «un mecanismo de desarraigo cultural que hoy azota la mayor parte del mundo. Sus víctimas: los pueblos, las culturas, la especificidad étnica, en provecho de un mundo artificial y homogéneo». Cualquier tentativa de homogeneizar las culturas, de reducirlas a las expectativas y visiones de los Estados, gobiernos o empresas privadas, atenta contra la diversidad cultural. En efecto, la vieja colonización violenta ahora ha dejado paso a un neocolonialismo mercantil y desarrollista-extractivista, que pretende imponer por todas partes sus intereses. El agente privilegiado, de este neo-colonialismo es el etnocidio, fenómeno que siguiendo lo expuesto arriba, podríamos definir, de manera general, como un genocidio cultural, genocidio aparentemente de «buena intención», ejercido «por el bien de la población». El etnocidio se inscribe en la dinámica global-glocal capitalista, provocando la disolución de los núcleos histórico-comunitarios, la destrucción de la memoria viva; con sus proyectos constructivistas los gobiernos federales y estatales (aliados a las empresas constructoras) se convierten en los agentes operacionales del etnocidio (incluso de un auto-etnocidio, pues se atenta contra comunidades del propio pueblo-nación mexicano). «El etnocidio comparte con el genocidio una cierta visión del Otro, pero no adopta una actitud violenta, sino, al contrario, una actitud «optimista»: los otros, sí, son «malos», pero se les puede «mejorar» obligándoles a transformarse hasta devenir idénticos al modelo que se les impone; el etnocidio se ejerce «por el bien del salvaje».4
Veamos un claro ejemplo de cómo esta ideología etnocida (y su discurso impregnado de intereses desarrollistas) está personificada en funcionarios reales: El coordinador de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de Puebla, Edmundo García Azpiroz defendió vehementemente los proyectos carreteros de los arcos norte y surponiente de ese Estado. Pobladores de las regiones de La Malinche e Izta-Popo quedaron insatisfechos con su explicación. Durante el foro denominado «En defensa del patrimonio, la tierra y el agua» -que se llevó a cabo el día 15 de julio de 2009 en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla- los pobladores se enfrentaron verbalmente con el funcionario estatal, quien en su ponencia aseguró: «los proyectos carreteros significan el progreso y futuro para las comunidades, y las personas que se oponen a éstos no saben de progreso».5 García Azpiroz señaló que el gobierno estatal pagará un precio justo por las tierras que se necesiten para la construcción de las autopistas -que serán de cuota-, así como que no se estába cometiendo ninguna injusticia ni violando los derechos humanos.
Desde su perspectiva, o sea desde su visión etnocida, y etnofágica (la disolución de los pueblos por su integración-absorción) y desde su ignorancia no se violan los derechos humanos; pero desde el punto de vista antropológico y de derechos humanos colectivos e históricos es claro que existe un agresivo atentado antihumano y antiétnico; por eso es que la Organización Internacional del Trabajo creó el Convenio 169 como instrumento de defensa contra esos atentados y agresiones que violan derechos de pueblos históricos (más adelante abundaremos sobre este crucial instrumento jurídico-político). Pondré ahora otro ejemplo opuesto de actitud y visión de funcionarios que defienden esos derechos de lo que podríamos decir -siguiendo al antropólogo Guillermo Bonfil Batalla- son las comunidades profundas de México, veamos:
El delegado en Milpa Alta (ciudad de México), Francisco García, encabezó una cabalgata (el 10 de agosto de 2011) a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para entregar una carta que expone las razones jurídicas por las que se oponen al proyecto carretero «Arco Sur». La misiva, detalló García Flores, argumenta la existencia de pueblos originarios reconocidos en la Carta Magna como propietarios de la tierra, así como las facultades para determinar sobre su uso y destino, por lo que es obligación del Estado protegerlos jurídicamente. Aseveró que la construcción de una carretera por la zona boscosa de Milpa Alta, desde Topilejo hasta Tenango del Aire, es un riesgo a la viabilidad de la demarcación y de la ciudad de México, pues esa área concentra 30 por ciento del agua que se consume en el Distrito Federal (además de la importancia de la zona boscosa referida, como la captura de agua y conservación de la biodiversidad, entre otros, además de los beneficios económicos por la producción agropecuaria). El delegado en Tláhuac, Rubén Escamilla, apoyó el pronunciamiento de su homólogo en Milpa Alta al señalar que el proyecto Arco Sur «evidencia la falta de sensibilidad y respeto hacia las comunidades rurales de la capital6
Veamos ahora un tercer ejemplo de cómo reaccionan las propias comunidades implicadas a través de organizaciones: La inminente construcción de la carretera Arco Sur, reavivó la lucha de los pueblos nahuas de Milpa Alta, quienes se oponen a un proyecto que destruirá sus tierras de cultivo, partirá en dos un pueblo y exterminará las zonas boscosas del área, afectando la captación de bióxido de carbono, la liberación de oxígeno, la filtración hídrica para la recarga de mantos acuíferos y pondrá en peligro la supervivencia de especies únicas en el mundo como el conejo teporingo. La obra está a cargo de la empresa española Obrascón Huarte Lain (OHL), y, de acuerdo con informes de Banobras, tendrá un costo de 25 mil millones de pesos que serán aportados por la iniciativa privada. Los representantes de los pueblos nahuas de Milpa Alta se organizaron en un frente común contra el multimillonario proyecto que, aseguran, «no nos traerá ningún beneficio». Esto ocurrió luego de que el representante general de bienes comunales y pueblos anexos, Julián Flores Aguilar, recibiera un anuncio donde la Coordinación de Proyectos y Supervisión de Carreteras Federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) lo instaba a «permitir el paso a los terrenos de su propiedad o jurisdicción para realizar trabajos de campo que incluyen la construcción de mojoneras de concreto y excavación de pozos a cielo abierto para estudios geotécnicos», con el fin de llevar a cabo un «proyecto ejecutivo de terracerías, drenaje menor, señalamiento y pavimento de 32 kilómetros en el tramo de la autopista México-Cuernavaca-entronque Tenango».
«Nosotros somos campesinos y sembramos, entre otras cosas, maíz, frijol, calabaza y el 80 por ciento del nopal que se produce en México; si nos quitan la tierra, se va a acabar nuestra fuente de ingresos, así como los empleos que generamos al contratar a jornaleros que vienen de diferentes estados de la república», dijeron habitantes de Villa Milpa Alta..
Una de las principales preocupaciones de los pueblos indígenas de Milpa Alta es la tala de los bosques que se encuentran en el tramo donde se tiene proyectado construir la carretera. Los comuneros advierten que esos árboles son los pulmones de la ciudad de México y si son exterminados la captación de bióxido de carbono y la producción de oxígeno se verá irremediablemente afectada. Las obras del proyecto Arco Sur partirán en dos el territorio de Milpa Alta lo cual, además de los daños que un proyecto de esta magnitud implica para la biodiversidad de la zona, afectará las tradiciones de los pueblos nahuas, pues limitará el paso hacia los bosques «donde año con año se acostumbra ir a recolectar hongos para la alimentación, recoger la leña muerta para utilizarla en las fiestas religiosas, y realizar las jornadas periódicas de saneamiento que previenen los incendios y fortalecen el sentido de comunidad de los pueblos indígenas de Milpa Alta». Sabemos que la Constitución nos ampara, actuamos conforme a derecho. Nosotros somos los dueños de la tierra comunal, y somos quienes tenemos derecho a su disfrute». Los comuneros han emprendido ya acciones para informar a la población de lo que está por suceder y las afectaciones que la construcción de la carretera provocaría. Con sus propios recursos, han colocado lonas en la autopista y han repartido folletos entre los habitantes de los 12 pueblos de Milpa Alta. «Nunca nos consultaron; por eso nos unimos, por eso nos organizamos. A nosotros, los campesinos, lo que nos interesa es preservar el bosque. No queremos dinero, sino que se respeten las áreas verdes, la biodiversidad, el agua y nuestras tradiciones. Los bosques son un legado cultural y ancestral para nuestros niños, y no están en venta», finalizaron los comuneros de Milpa Alta7.
El Convenio 169 sobre derechos de pueblos indígenas y tribales en países independientes fue adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. Es un instrumento fundamental para la protección de los pueblos indígenas. El Convenio 169 de la OIT fundamentalmente reconoce el derecho de los pueblos indígenas a: 1) la propiedad de sus tierras, 2) la igualdad y la libertad y 3) a tomar decisiones sobre aquellos proyectos que les afecten.
En México está plasmada su aprobación en Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 1990; y su ratificación y promulgación el 24 de enero de 1991. Los gobiernos que ratifican el Convenio están legalmente obligados a acatarlo. Los demás países que lo han ratificado son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Dominica, Ecuador, Fiji, Guatemala, Honduras, Nepal, Nicaragua, Noruega, Países 9Bajos, Paraguay, Perú, República Centroafricana, Venezuela y España (en 2007.Naciones como Australia, Canadá o EE.UU., que se erigen como defensoras de los derechos humanos, no se han sumado al Convenio pese a que dentro de sus fronteras viven pueblos indígenas. Tampoco lo han ratificado países como Reino Unido, Francia e Italia, con empresas nacionales ubicadas en tierras indígenas
El espíritu de la consulta y la participación constituye la piedra angular del Convenio 169 sobre la cual se basan todas sus disposiciones. El Convenio exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan. Los principios de consulta y participación en el Convenio 169 no se relacionan únicamente con proyectos de desarrollo específicos, sino con cuestiones más amplias de gobernanza, y la participación de los pueblos indígenas y tribales en la vida pública. En su artículo 6, el Convenio establece un lineamiento sobre cómo se debe consultar a los pueblos indígenas y tribales:
- La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas;
- Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente;
- Otro componente importante del concepto de consulta es el de representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio.
El artículo 7 del Convenio núm. 169 establece que los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de «decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural». Esto ha sido interpretado por los órganos de supervisión de la OIT como una consideración fundamental cuando se realizan consultas con los pueblos indígenas8.
Siendo la Consulta previa una señal de respeto a derechos de pueblos indígenas; recientemente en agosto de 2011 el Congreso de Perú dio un gran paso adelante en este terreno. El pleno del Congreso aprobó la Ley de consulta Previa que dispone someter a consulta proyectos de desarrollo nacional y regional. En esta orientación la OIT sostuvo que la aprobación de la Ley de Consulta Previa es una señal política importante sobre el respeto a los derechos de los pueblos indígenas e instituye el diálogo como mecanismo para alcanzar acuerdos. La directora de la OIT para los países andinos, Carmen Moreno, destacó que la norma aprobada por unanimidad en el Congreso peruano, recoge lo estipulado en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. «La probación por unanimidad envía una Señal política importante sobre el interés por respetar los derechos de los pueblos indígenas y por instituir el diálogo como un mecanismo en busca de acuerdos beneficiosos para el país», subrayó. Indicó que se trata de un paso significativo en el establecimiento de una legislación que permita aplicar las disposiciones del Convenio 169, y destacó que los especialistas de la OIT apoyaron la elaboración y discusión de las normas en diversas instancias. El pleno del Congreso aprobó la Ley de Consulta Previa que dispone de obligación de someter a consulta a los pueblos indígenas y originarios las medidas legislativas o administrativas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afectan derechos colectivos9.
El caso peruano es un ejemplo a seguir y los órganos legislativos a nivel federal, estatal y local de los demás países (especialmente México y los latinoamericanos) deben implementar leyes semejantes, pues el embate homogeneizador, extractivista, constructivista y desarrollista «modernizador» del capitalismo glocal (concretizado en buena medida por la alianza gobiernos-empresas privadas) exige para afrontarlo de instrumentos legales de defensa de los pueblos y sus recursos naturales y culturales. El ecocidio y el etnocidio deben ser detenidos. Y en la situación del plan carretero Arco Sur tiene que servir como parte de la resistencia civil pacífica en defensa de los bosques, las aguas, tierras agrícolas y el medio ambiente en general. Y en ese sentido también de la identidad, de la comunidad, las costumbres, las tradiciones, las fiestas/ceremonias, las relaciones e intercambios sociales y todas las formas de expresión cultural; en suma del etnos y su profundidad histórica como pueblos originarios o indígenas con raíces y derechos colectivos y autonómicos en la ciudad de México y en sus zonas conurbadas.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.