El Presidente de la República, agredido por un periódico sin justificación válida, presentó demanda ante los tribunales para que se haga justicia. Lo hizo siguiendo todas las normas que rigen para juzgar estos casos, pero los afectados sostienen que «pretende, a todas luces, atemorizar al periodismo». Una afirmación de esos ribetes nos recuerda las pretensiones […]
El Presidente de la República, agredido por un periódico sin justificación válida, presentó demanda ante los tribunales para que se haga justicia. Lo hizo siguiendo todas las normas que rigen para juzgar estos casos, pero los afectados sostienen que «pretende, a todas luces, atemorizar al periodismo». Una afirmación de esos ribetes nos recuerda las pretensiones de los dictadores militares que, cuando son juzgados por sus delitos, protestan afirmando que se quiere desprestigiar a las fuerzas armadas.
El periodismo boliviano ha luchado, durante muchos años, por la vigencia de la Ley de Imprenta promulgada en 1925. Esta ley resguarda los derechos de los trabajadores y de las empresas periodísticas. Su nombre deriva del hecho de que, entonces, el único medio de comunicación era el impreso. No obstante, es indudable que sus principios se aplican a todos los medios aparecidos con posterioridad. La inviolabilidad del secreto profesional, el juzgamiento por tribunal especial, el juicio oral inmediato, la prohibición de aplicar penas corporales o cierre del medio, son los principios esenciales de aquella ley.
Pero hay algo importante a destacar: el ejercicio de la profesión periodística y la responsabilidad empresarial, no gozan de inmunidad; deben sujetarse a la ley por cuya vigencia han luchado varias generaciones de periodistas. Los empresarios, en su papel, no han hecho suya la defensa de esta ley; su acción, como en todas partes, se ha orientado a reclamar la libertad de prensa, como un bien propio.
Esto es lo que hace la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que, hace unos días, estuvo en Bolivia con un concepto predeterminado que, simplemente, ratificaron aquí, en La Paz. Con los prejuicios que siempre ha cargado, esta entidad, considera que el gobierno boliviano es un peligro para los medios de comunicación. Por supuesto, el mismo concepto maneja con relación al gobierno venezolano y, ¡cuando no!, al de Cuba. Cuando se trata de dictaduras derechistas, difunden apreciaciones genéricas y consejos del tipo: «no nos hagan quedar mal». Por supuesto, la SIP fue creada para defender los beneficios del gran negocio publicitario, disfrazados de principios que acomodan a sus intereses.
Sobre esa base, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), siguiendo a su matriz, arremete contra el juicio que el presidente Morales planteó contra un periódico de circulación Nacional. Dice: «Advertimos que dicho juicio crearía un funesto precedente porque ha basado su acusación sobre supuestos delitos, como el de desacato, injurias y calumnias, contemplados en la legislación penal boliviana para procesos ordinarios». Según el Código Penal vigente, ese delito tiene una pena mínima que, además, puede eludirse con una satisfacción pública. De modo que, la declaración de los empresarios mediáticos, es exagerada, para decir lo menos. Habría que recordar que, unos días antes de que llegase la SIP, otro enemigo del gobierno, sostuvo que este juicio era intolerable.
Veamos qué es lo que se califica como «funesto antecedente» y como «intolerable». La Ley de Imprenta dice que, si alguna persona se siente acusada indebidamente, calumniada y ofendida por un medio de comunicación, puede iniciar, según sea su criterio, un juicio ordinario o un juicio de imprenta. El presidente Morales ha sentado denuncia para que se aplique la ley de imprenta. ¿Cómo puede ser esto, intolerable y funesto? La aplicación de la ley es el camino correcto. Los empresarios debieran celebrar que, por primera vez, un gobierno acuda a la Ley de Imprenta para reclamar por una publicación. Porque, con más de 80 años de vigencia de esta ley, los gobiernos actuaron por otros mecanismos. En 1988, por una denuncia que, el gobierno de entonces, consideró injuriante estuve preso tres semanas y, mis compañeros de trabajo, pagaron el equivalente a mil quinientos dólares. Un pronunciamiento de la Asociación de Periodistas de La Paz, salió en defensa mía, aunque también me amonestaba por el tratamiento dado al mandatario.
Es una lástima que, en esta oportunidad, las organizaciones de los periodistas y trabajadores de la prensa, actúen en apoyo a las empresas. Presentarse con mordazas al acto de instalación del tribunal que va a juzgar el caso, es un contrasentido, cuando menos. Lo es, porque sería la ocasión para establecer diferencia entre empresa y trabajador. Pero no. Ellos se han puesto la camiseta empresarial y han renunciado a su derecho y obligación de defender la libertad de prensa.
Si esto no es asumir una posición política y, en este caso, contraria el gobierno, no sé qué puede serlo.