Mientras los movimientos sociales y sindicales realizan cortes de ruta para exigir que el TSE respete el calendario electoral, los golpistas, encabezados por Arturo Murillo, se reúnen con Tuto Quiroga, militares de alto rango, agentes de la CIA y funcionarios de la Embajada de Estados Unidos para planear la estrategia que les permita perpetuarse en el poder.
Bolivia puede sufrir un golpe dentro del golpe. La consolidación de la intensión de voto a favor del candidato del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Luis Arce, desespera a la derecha.
Los sectores más reaccionarios, con el apoyo y la conducción del Departamento de Estado de Estados Unidos, parecen convencidos de que si, a menos de un año del golpe de Estado contra Evo Morales, el MAS recupera el poder, todo lo hecho no habrá sido suficiente.
En ese marco fue que el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, con la excusa del desastre provocado por la covid-19, anunció la suspensión (arbitraria e ilegal) de las elecciones programadas para el 6 de septiembre.
Cabe recordar que Salvador Romero, nombrado como presidente del TSE por el gobierno de facto, aparece citado en los WikiLeaks como un hombre vinculado a la Embajada de Estados Unidos y a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés). Además, los propios cables de la Embajada lo caracterizan como una persona con una clara posición contra Evo Morales y el Movimiento al Socialismo.
Luego del golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019, el gobierno encabezado por la autoproclamada Jeanine Áñez aseguró que su paso por el Palacio Quemado (Casa de Gobierno de Bolivia) sería solo transitorio y que convocaría a elecciones a la brevedad. En un marco de represión, persecución sistemática y encarcelamientos arbitrarios, la primera fecha definida para que los bolivianos pudieran recuperar la democracia fue el 3 de mayo de 2020. En la inscripción para la jornada electoral, el gobierno, con la complicidad del TSE, proscribió al expresidente Evo Morales y al excanciller Diego Pary y les impidió ser candidatos. A pesar de ello, el MAS continuaba su consolidación, lo que llevó a que el TSE, con la excusa de la pandemia, le propusiera a la Asamblea Legislativa Plurinacional como nueva fecha el 2 de agosto. El TSE volvió a pedir la suspensión de la fecha electoral y la Asamblea determinó como fecha límite el 6 de septiembre.
En ese contexto el gobierno intentó por todas las vías posibles quitarle la personería jurídica al MAS y proscribir a su candidato, Luis Arce, como una jugada desesperada para evitar que el Movimiento al Socialismo vuelva a conducir los destinos de Bolivia.
Fue en ese marco que el presidente del TSE anunció una nueva suspensión de las elecciones y dictaminó como nueva fecha el 18 de octubre. La decisión de Romero no solo es arbitraria, sino también ilegal, dado que la suspensión o no de las elecciones no es una atribución que tenga el Tribunal Supremo Electoral, sino una decisión que corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que no fue consultada en esta ocasión.
Como reacción a esta decisión arbitraria e ilegal, movimientos sociales, organizaciones campesinas y sindicales anunciaron un plan de lucha que comenzó el lunes 3 agosto con cortes de rutas en puntos clave del país.
Encabezados por la Central Obrera Boliviana (COB), los distintos grupos que reclaman que se respete el calendario electoral realizaron cortes de ruta en 75 puntos de cinco de los nueve departamentos de Bolivia (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Potosí). En varios de esos puntos la Policía despejó los bloqueos con gases lacrimógenos.
El TSE hizo oídos sordos al reclamo popular y, en la misma jornada, Salvador Romero ratificó la postergación de las elecciones.
El gobierno lanzó una persecución política y judicial contra los referentes de la protesta. El expresidente Evo Morales twitteó: «Denunciamos a la comunidad internacional que gobierno de facto inició persecución política contra Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Guarachi, y Jefa de Bancada de Diputados MAS-IPSP, Betty Yañiquez. Defenderemos derechos sindicales y políticos».
Los intentos desesperados por proscribir al MAS y a sus candidatos y la reiterada suspensión de las elecciones consolidan lo denunciado en una investigación periodística del sitio Behind Back Doors, en un artículo titulado: «Septiembre rojo para los bolivianos. Nuevo plan de golpe de estado militar contra la institucionalidad». Este sitio había expuesto, antes de noviembre de 2019, audios que revelaban la trama del golpe de Estado, como bien lo reseña el artículo «La trama civil del derrocamiento de Evo Morales», escrito por el periodista Gustavo Veiga y publicado en Página/12.
En esta ocasión, el mismo sitio revela que la imposibilidad del gobierno de facto de perpetuarse en el poder por la vía electoral, y la consolidación de la intención del voto hacia el MAS ha «despertado la idea de un autogolpe de estado militar en los grupos más radicales». Según la investigación «una vez más, los oficiales militares bolivianos de alto rango, con el apoyo y el asesoramiento de los Servicios de Inteligencia norteamericanos, organizan la maniobra para pasar por encima del orden constitucional».
«A pesar de la participación en este plan de varios de los personajes que participaron en el golpe de estado de noviembre, como Luis Fernando Camacho , Samuel Doria Medina , Jorge Tuto Quiroga y Manfred Reyes , las figuras clave de este plan son ahora el Secretario de Gobiernos, Arturo Murillo , y el Secretario de Defensa, Fernando López , quien de hecho fue el responsable de reclutar los activos militares para eliminar a Evo Morales de la Presidencia, y ahora él desempeñaría esta misma función, aunque basada en intereses diferentes», sostiene el artículo.
Los investigadores señalan que «como es fácil suponer, este grupo no funciona de manera autónoma. Las instrucciones y el financiamiento provienen nuevamente de la Embajada de los Estados Unidos en La Paz […] Por lo tanto, Rolf Olson , oficial de la CIA, que participó en los eventos anteriores de noviembre, ha estado organizando y dirigiendo cada acción incluida en este plan. Mediante su cobertura diplomática como jefe de la Oficina Política, se ha estado reuniendo ‘secretamente’ con las partes a cargo de su articulación».
«Entre los documentos confidenciales consultados (algunos de ellos pertenecientes a la Embajada de los EE. UU.), Fuentes ubicadas cerca del Secretario de Gobierno, Arturo Murillo, describen el desarrollo de estas reuniones secretas llevadas a cabo los días 2, 11 y 14 de julio del presente año, donde Se adoptaron acuerdos para la ejecución final del plan. Estas reuniones tuvieron lugar en la casa del ex presidente Tuto Quiroga y en la sede del Palacio Presidencial», remarca la investigación, y luego señala que «el objetivo principal de este plan se centra en aplazar las elecciones hasta 2021, presumiblemente en octubre, ahorrando tiempo para reconfigurar las fuerzas electorales (para fortalecer la coalición y debilitar a Carlos Mesa, candidato del partido político Comunidad Ciudadana), así como para ‘legalmente’ desactivar el MAS y cumplir con los compromisos con el gobierno de los Estados Unidos».
Los investigadores remarcan que «estos compromisos se basan principalmente en la venta de gas y la explotación de depósitos de litio, es decir, la decisión de entregar a las empresas transnacionales de capital estadounidense la explotación de estos recursos».
El gobierno de facto y la Embajada estarían evaluando tres escenarios posibles para perpetuarse en el poder: suspender las elecciones al menos hasta el próximo año para permitirle a la derecha reorganizarse, acción que tendría el apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y del consultor del secretario de la Misión Boliviana ante la OEA y colaborador de la CIA, Erick Foronda Prieto (quien ya estaría en Washington articulando este plan); la creación de «falsos positivos» o atentados de «falsa bandera» que serían atribuidos al MAS para luego poder declararlo un grupo «terrorista» y proscribirlo; el autogolpe. Sobre este último punto la exhaustiva investigación da nombres de los militares de alto rango adeptos al gobierno de facto que podrían volver a participar de un golpe (entre ellos, Sergio Orellana Centellas, comandante general de las Fuerzas Armadas; el general Pablo Arturo Guerra Camacho, jefe de la Sede de las Fuerzas Aéreas; el general de Brigada, Ciro Orlando Alvarez Guzman, comandante de la Fuerza Aérea; el general de Brigada Rubén Salvatierra Fuentes, comandante del Ejército, y el contralmirante Moisés Orlando Mejias Heredia, comandante de la Armada), también señala que habría apoyo de los grupos paramilitares Juventud Kochala de Cochabamba y Resistencia de La Paz.
La Embajada de Estados Unidos, la CIA, los militares entregados a los intereses de las grandes corporaciones y los golpistas instalados en el Palacio Quemado piensa cómo perpetuarse en el poder. El pueblo, en la calle, intenta recuperar la democracia. El tiempo dirá quién gana esta pulseada.