Argentina presenta problemas estructurales propios de una economía sesgada a las exportaciones primarias, con cada vez menos actores nacionales con capacidad de insertarse en un mundo con exigencias crecientes como efecto del entorno en el que se desenvuelve, por ende, la macroeconomía y la matriz comercial están en función básicamente, de priorizar la venta de materias primas y alimentos, con el objetivo de obtener divisas para poder cumplir con los compromisos externos
Esto implica un brutal ajuste de la economía nacional, y por ende, debe exportarse lo que sea, sin miramiento y sin importar cómo afecta al consumo interno. Ejemplos claros: las exportaciones declaradas de 37 millones de toneladas de granos de maíz en el año 2020, de 38,4 millones en el año 2021 y de 39 millones en el 2022 (pese a la sequía) y su impacto sobre los precios de la carne aviar y porcina y hasta en la bovina en el mercado local
CIARA (Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro de Exportadores de Cereales) publican que en el año 2022, las ventas ascendieron a 40.438.170.941.- dólares y es el mejor año desde que se llevan registros, con un aumento del 23,3% respecto de 2021. Las entidades informaron que el complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiesel y sus derivados, aportó el año pasado el 48 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La contribución del sector petrolero también fue relevante. Las exportaciones se duplicaron en 2022. Hubo un aumento tanto de precios como en cantidades exportadas. Los principales destinos de las exportaciones del complejo fueron: Estados Unidos (30,7%), Brasil (15,4%) y Chile (11,4%). La expectativa es que la energía, de la mano de Vaca Muerta y el gasoducto Néstor Kirchner, adquiera un peso similar al de la agroindustria en los próximos años. También en las sesiones extraordinarias del año 2023, el Poder Ejecutivo alista dos proyectos de ley, uno para la instalación de una planta de GNL y su comercialización y, otro para el desarrollo de la producción de hidrógeno en el país.
En el caso del litio, cuyas exportaciones entre enero y octubre 2022 se triplicaron con respecto al mismo período de 2021, sumado a los llamados minerales raros, demuestra que la minería es uno de los sectores que atrae mayor nivel de inversiones, que viene creciendo a un ritmo del 30% interanual por los envíos de oro, plata, cobre y litio esencialmente. La expectativa es que en los próximos años el crecimiento en la actividad continúe.
Solo el 25% de las exportaciones del año 2022 son MOI (Manufacturas de Origen Industrial) y principalmente por la industria automotriz, donde la baratura de la mano de obra nuestra hace que se produzcan más autopartes en el país que en Brasil, En el año 2022 se produjeron 536.893 unidades, 23,5% por encima del año 2021 y, es el nivel más alto desde 2014, cuando produjeron 617.329 unidades, y todavía lejos de su máximo histórico alcanzado en 2011 de 828.771 unidades, con la gran diferencia que en esos años se producía principalmente para el mercado interno y, en el año 2022, el 60% (322.286 vehículos) se exportaron.
Es más el gobierno anuncia no bien comienza el año 2023, que no van a pagar derechos de exportación cuando se incremente por encima del año 2022 la exportación de automóviles y, estiman junto con ADEFA (Asociación de Fábricas de Automotores) que el año 2022 es un piso que se superará año tras año.
¿Para qué exportar?
La principal pregunta es: Por qué debemos exportar a como dé lugar y, reducir el consumo interno para aumentar los saldos exportables de alimentos y materias primas (que es, básicamente, lo que vendemos) y se toma como un logro las exportaciones mineras y de automóviles, y no se investiga cómo y quiénes generaron la deuda.
Es inaudito el nivel de endeudamiento del país cuando la Argentina ha tenido un comercio exterior superavitario en este siglo XXI, sumando desde el año 2000 inclusive hasta noviembre de 2022, se acumula un superávit comercial de 270.069 millones de dólares, máxime teniendo en cuenta que en 2005 y 2010 se realizó una exitosa conversión de títulos de deuda, disminuyendo sensiblemente la deuda y escalonando su pago y, sin embargo, con el gobierno de Macri, la deuda se acrecentó en más de 100.000 millones de dólares, con lo que no se hicieron obras de infraestructura y sí, se fugaron, según estudios del BCRA, 86.200 millones de dólares.
Los sectores más ricos de esta sociedad se endeudaron y traspasaron esa deuda al Estado como han hecho en 1982-83 y 2002 y, en el gobierno de Cambiemos compraron dólares al BCRA para fugar. El gobierno no atina a investigar cómo hicieron para comprar la cantidad de divisas que compraron en cuatro años, cuando no declararon ganancia en sus empresas por la magnitud que fugaron[1].
A ello hay que sumarle el capital financiero, cada vez más extranjerizado, con BlackRock con participación en los bancos españoles (Santander y BBVA) y en los supuestamente privados nacionales Galicia y Macro; más los bancos extranjeros (Citi, HSBC, ICBC, Patagonia[2]); más la deuda interna (títulos en pesos) que tiene entre otros a PIMCO y a Franklin Templeton como sus poseedores y no saben cómo salir de esas tenencias sin producir una fuerte caída en sus pecios (que los perjudica); más la deuda externa y la presión del FMI y del Club de París.
Las medidas del gobierno de Alberto Fernández
El gobierno frenó planes sociales y gasto público en medio de la segunda ola del covid 19 para no superar el déficit fiscal presupuestado. Repite el ajuste en el año 2021 en que el gasto de la Administración Nacional desciende de 25,96% a 24,43% del PIB y, en el año 2022 no alcanza a ser el 21,3% del PIB y en la ley de Presupuesto Nacional 2023 dice que no puede superar el 20% del PIB.
Sin embargo no muestra la misma conducta severa en su política monetaria, que no genera créditos para la producción, el trabajo y el consumo[3], y paga generosa y religiosamente a los bancos las inmovilizaciones de Leliq, Notaliq y Pases Pasivos que en diciembre del año 2022, suman por encima de los 10 billones de pesos, cuando toda la Base Monetaria[4] no supera los 4,5 billones y el total del crédito otorgado por el sistema financiero en su conjunto al sector privado es de 6,7 billones. Es mayor el encaje remunerado que el dinero en circulación y el total del crédito y los bancos privados y, sobre todo las 10 entidades financieras privadas más grandes, ganan más prestándole al BCRA que dando créditos a las empresas y personas.
El gobierno de Alberto Fernández no bien asumió, envió el Proyecto que fuera la Ley 27.541 de Solidaridad Social y de Reactivación Productiva, que declaraba la emergencia de casi todo, menos la “Emergencia Cambiaria”, que es imprescindible porque le hubiera permitido al BCRA, en cumplimiento de sus misiones y funciones, preservar las reservas internacionales, en lugar de rifarla entre adelantos a las importaciones de grandes empresas y/o venderle al tipo de cambio oficial para que paguen su deuda externa (se utiliza las reservas internacionales del BCRA para pagar deuda externa de las empresas que si, tienen acceso al crédito al exterior, es porque tienen sobrada capacidad de pago) y, peor aún, de haberle vendido dólares al tipo de cambio oficial a empresas que el mismo BCRA que realizó el Informe «Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019” sabe que compraron dólares y lo fugaron.
Al gobierno nacional le hubiera bastado incluir en el proyecto y luego ley 27.541, un solo artículo, que anule la Resolución 893/17 del gobierno de Macri que puso fin a la vigencia de casi 53 años del decreto 2581/1964 impuesto por el Dr. Arturo Illia, que declara la emergencia cambiaria
Decreto 2.581 que faculta al BCRA a imponer plazos de liquidación de las exportaciones (y desde el embarque y no por declaración jurada), así como los pagos de importaciones con financiación a plazo que carezcan de aval bancario o crédito documentario, letras u otros documentos, debían ser previamente justificados ante el Banco Central. En su artículo 5to sostiene que: La ejecución de las remesas de divisas extranjeras por otros conceptos no previstos expresamente en este Decreto, serán regladas por el Banco Central de la República Argentina el que conforme a la naturaleza de las mismas fijará los límites correspondientes
¿Qué hace el BCRA del gobierno de Alberto Fernández? Incumple con el art. 29 de la ley 24.144 de su Carta Orgánica que afirma:
Régimen de cambios ARTÍCULO 29º — El Banco Central de la República Argentina deberá: a) Asesorar al Ministerio de Economía y al Honorable Congreso de la Nación, en todo lo referente al régimen de cambios y establecer las reglamentaciones de carácter general que correspondiesen; b) Dictar las normas reglamentarias del régimen de cambios y ejercer la fiscalización que su cumplimiento exija.
No dictó ninguna norma y menos realizó ningún tipo de fiscalización del mercado cambiario. A la prueba nos remitimos, cuando el gobierno de Macri desmanteló la Superintendencia de Entidades Financieras y cambiarias imposibilitando de hecho que se pueda comprobar cuando y como se liquidan las operaciones de cambio. Incluso al no armar dicho cuerpo no puede aplicar la Ley No. 19.359 Penal Cambiaria y el Decreto No. 480/1995 que la reglamenta y que afirma en su artículo 1ero: Serán reprimidas con las sanciones que se establecen en la presente ley:
- a) Toda negociación de cambio que se realice sin intervención de institución autorizada para efectuar dichas operaciones;
- b) Operar en cambios sin estar autorizado a tal efecto;
- c) Toda falsa declaración relacionada con las operaciones de cambio;
- d) La omisión de rectificar las declaraciones producidas y de efectuar los reajustes correspondientes si las operaciones reales resultasen distintas de las denunciadas;
- e) Toda operación de cambio que no se realice por la cantidad, moneda o al tipo de cotización, en los plazos y demás condiciones establecidos por las normas en vigor;
- f) Todo acto u omisión que infrinja las normas sobre el régimen de cambios.
Y las penas van de a) Multa de hasta diez (10) veces el monto de la operación en infracción, la primera vez; b) Prisión de uno (1) a cuatro (4) años en el caso de primera reincidencia o una multa de tres (3) a diez (10) veces el monto de la operación en infracción; c) Prisión de uno (1) a ocho (8) años en el caso de segunda reincidencia y el máximo de la multa fijada en los incisos anteriores. Basta caminar por la calle Florida de la Ciudad de Buenos Aires y/o por las principales calles peatonales del país para saber que no se cumple
Paralelamente, el gobierno debería profundizar el control aduanero. En el menemismo se privatizaron los controles y se concesionaron los principales puertos y, se toma por cierto lo que se declara exportar e importar sin que los controles sean los suficientes.
El acuerdo con el FMI es incumplible porque la economía Argentina solo crece sostenidamente si lo hace en base a su mercado interno y, para ello se requiere redistribuir el ingreso a favor de la población y no, como lo plantea el acuerdo con el FMI, que el mismo ministro Sergio Massa aseveró que es el plan del gobierno argentino, de propiciar a como dé lugar la venta al exterior de productos primarios incluso con algún grado de industrialización, que no genera trabajo y menos trabajo de calidad. Que tampoco es compensado por las exportaciones de la industria automotriz.
Sin saber quienes compraron los 45.000 millones de dólares que le prestó el FMI al gobierno de Macri, se aprueba por ley del Congreso de la Nación el plan de pagos con el FMI en que, con ahorro argentino se le paga los intereses y el capital se renueva con un nuevo préstamo de ese organismo internacional a 10 años de plazo, con cuatro años de gracia para abonar el mismo, de manera tal que cumpliendo con todos los requerimientos, la deuda con el FMI se terminaría de cancelar en el año 2034.
Como las metas que se acuerdan con el FMI finalmente no se van a poder cumplir, se promociona (a costa del ingreso del Estado) cuando no lo necesitan, a las empresas hidrocarburíferas y mineras, o se busca que las exportaciones de bienes que alcanzaron los 82.293 millones de dólares en los 11 meses del año 2022 (último dato publicado) impulsado por los precios internacionales y por las cantidades (cuando la soja, el maíz, el trigo y todo sus derivados tienen precios récord en los mercados externos), y nada se dice como impacta en los precios internos esos productos (pensemos en el precio del pan, de la harina, etc.) en el mercado interno, por un lado, y del impacto ambiental que tienen esas producciones y actividades por otra parte.
Las medidas anunciadas como paliativas de la persistente suba de los precios de los alimentos en la Argentina (economía familiar, cooperativas alimenticias, etc.) son como una aspirina para un enfermo terminal, cuando se debería aumentar fuertemente los derechos de exportación (retenciones), poner cupos de exportación a la carne, al maíz y al trigo y controlar férreamente el valor del dólar.
Se debe tener en claro que así como tras la hiperinflación de los años 1989 y 1990 se logró frenar malvendiendo las empresas públicas (YPF, SOMISA, ELMA, SEGABA, FFCC, Aerolíneas Argentinas, etc.), ahora vienen por el petróleo y el gas de Vaca Muerta; el litio y los minerales raros de nuestra puna; del gas que quieren sacar a 6.000 metro bajo del nivel del mar y a 307 kilómetros de la costa marplatense; del petróleo de San Carlos en Mendoza; de hierro y plata de la meseta de Chubut; del oro y cobre de Famatina en La Rioja y de Agua Rica en Catamarca, por más que sus pueblos con justa razón se oponen. En seguir súper explotando el Río Paraná y en no respetar nuestro suelo con cultivos transgénico, talado de bosques y hasta incendio de los campos.
Lo único que garantiza el acuerdo con el FMI es que la mayoría de los jubilados y pensionados van a cobrar la miseria que cobran ahora y aún menos hasta 2034, que van a seguir subiendo los precios de los alimentos al permitirle a las empresas comercializadoras igualar el precio interno con el externo, que se prioriza vender materia prima y granos, con lo que a los asalariados les va a costar más conseguir empleo[5] y que cada vez va a ser, en términos de poder adquisitivo, con una remuneración menor.
La gestión del Ministro Sergio Massa confirma nuestras presunciones cuando:
- BONO DUAL: No bien asumió, el 8 de agosto 2022 colocó bonos duales por los vencimientos de títulos de deuda del Tesoro de la Nación de agosto, septiembre y octubre y pasarlo para los meses de junio, julio y septiembre 2022. De igual manera procedió el 10 de noviembre para los vencimientos de títulos de deuda interna para el último bimestre del año al concluir una operación de canje en la que entregó bonos duales que expiran entre junio y septiembre del año entrante, por un total de 1, 4 billones. Los bonos duales se ajustan por inflación o por dólar linked (dólar oficial) o sea que si el año que viene se devalúa y/o crece la inflación se debe pagar más a sus tenedores.
- DÓLAR SOJA: El gobierno devalúa nuestra moneda en general y sobre devalúa (en un 35%) a favor de los grandes productores, acopiadores y comercializadores de soja, para, en forma paralela, vender dólares más baratos a algunos importadores. Primero les reconoció a los exportadores de soja $ 50.- más por dólar en septiembre 2022. (Ingresaron 8.123 millones de dólares, quiere decir que el Tesoro de la Nación debió endeudarse con el BCRA y colocar una Letra Intransferible por $ 406.150 millones) Y desde el 28 de noviembre al 30 de diciembre 2022, el Tesoro de la Nación completa el importe de $ 230.- por dólar por la soja exportada que alcanzó a ser por 3.500 millones de dólares (otra deuda en otra Letra Intransferible por $ 210.000 millones) Y sin embargo el BCRA se lo vende a $ 170 a los importadores.
En esa perversa lógica, el ministro Sergio Massa se comprometió con la UIA – Unión Industrial Argentina (Pagani-ARCOR; Rocca-Techint; Blaquier – Ledesma; Magnetto-Clarín; etc.) que habrá más dólares a precio oficial para importar y de que, moderará el ritmo de suba del oficial en el intento de bajar la inflación a 4% mensual hasta marzo 2023 que, teóricamente, es el comienzo de la liquidación de la cosecha gruesa.
- MINERAS `E HIDROCARBURIFERAS: La primera reunión que tuvo en los EEUU, el ministro Sergio Massa, a los tres días de haber asumido, fue con las empresas Rio Tinto y Livent[6] en la explotación del litio y minerales raros en nuestra puna. Al otro día, acuerda con los referentes de las empresas petroleras y gasíferas como Chevron, Shell, Exxon, Total, Pan American Energy, Axion, Vista oil&gas SA, entre otras, para generar un marco regulatorio para las petroleras y ampliar el desarrollo de Vaca Muerta, a cambio de permitirles tener una mayor disponibilidad de divisas para girar utilidades al exterior (no van a tener límite alguno para girar sus utilidades[7]).
Igual tenor son los convenios con las empresas que incluye la construcción de un oleoducto entre Vaca Muerta y el puerto Punta Colorada de Sierra Grande, en la provincia de Río Negro, en forma conjunta con YPF SA, con una inversión total estimada en 1.260 millones de dólares. El ducto se extenderá a lo largo de 700 kilómetros, de los cuales 635 serán en territorio rionegrino. Paralelamente reforzarán el ducto a Puerto Rosales en Bahía Blanca y acuerdan con la petrolera malaya Petronas construir una planta de GNL para la industrialización del gas y aprovechar todo el potencial de recursos de Vaca Muerta
- PLAN GAS AR: El ministro de Economía, Sergio Massa, junto a la secretaria de Energía, Flavia Royón, anunciaron la adjudicación para una nueva etapa del Plan Gas, rondas 4 y 5, para garantizar el abastecimiento de gas para los próximos 4 años. Pampa Energía se quedó con el 44% de la capacidad de transporte del futuro gasoducto Néstor Kirchner, luego se ubicó Tecpetrol del Grupo Techint y, el tercer puesto fue para PAE, fundada por la familia Bulgheroni cuyo principal socio es la petrolera inglesa British Petroleum, que explota nuestro petróleo y gas en las Islas Malvinas y en el Mar Argentino con autorización británica
En esa oportunidad, el Ministro Sergio Massa dijo que la decisión de inversión de cada una de las compañías pone a la Argentina frente a la oportunidad más grande de construir orden fiscal sobre la base de haber alineado un recurso estratégico, inversión privada e incentivos del sector público. Lo que se olvidó de decir es que Pampa Energía SA en la gestión de Cambiemos compró 903 millones de dólares y en sus balances y estados contables puede demostrar el 60% de esas compras. Que el Grupo Techint propietario de Tecpetrol SA compró 783 millones de dólares y no puede demostrar la mitad de esas compras. Y que PAE compró 98,4 millones e igual, las tres empresas son grandes evasores fiscales de una deuda que el gobierno de Alberto Fernández prometió investigar y no lo hizo.
- DEUDA CON CAMMESA: Las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur llegaron a un acuerdo de refinanciación de la deuda que acumularon durante los últimos años con la compañía bajo conducción estatal Cammesa, cuyo monto total asciende a $ 219.615 millones. Pero sólo deberán pagar $ 80.210 millones entre ambas, en 96 cuotas mensuales (8 años) y a tasa en pesos subsidiada, ya que el resto $ 139.405 millones, es una condonación de deuda otorgada por el Ministerio de Economía como parte del acuerdo.
El 23 de junio de 2021 el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), autorizó la venta del 51 % del paquete accionario de EDENOR que controlaba Pampa Energía SA, a favor de Daniel Vila, José Luis Manzano y, Mauricio Filiberti. Los dos primeros propietarios del multimedio América, muy allegados a Sergio Massa y el segundo, proveedor exclusivo de cloro a la empresa AYSA S.A., presidida por Malena Galmarini, esposa de Massa.
Otras distribuidoras del interior también fueron beneficiadas con un modelo similar de acuerdo de refinanciación. Pero Edenor y Edesur representan casi la mitad de una deuda total de las distribuidoras de todo el país con Cammesa por $486.419 millones.
EN SÍNTESIS
El modelo económico propuesto por el gobierno nacional es el extractivista, agropecuario exportador, y financiero, merced a la renta[8] del subsuelo, del suelo y la creada por la legislación vigente a favor del sector bancario, bursátil y cambiario. Es un modelo orientado y dependiente del exterior y, por ende, requiere de costos internos baratos. Esencialmente el modelo funciona con mano de obra barata medida en moneda dura (dólar, euro, yuan) y en poder adquisitivo de las remuneraciones.
El plan económico es el acordado con el FMI, incluso refrendado por la Ley 27.668 que aprobó “el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación del Acuerdo Stand By celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario».
Y las medidas anunciadas tanto por el Ministro Martín Guzmán y después por Sergio Massa, se insertan en el plan y se subordinan a la prosecución del modelo, de allí que definen como ventajas del país sus riquezas en recursos energéticos, minerales, proteínas y conocimientos
Mientras se le otorga todo tipo de beneficios y de prerrogativas al sector más concentrado de la sociedad, la suba constante del precio del dólar, que fue de un 300% desde el 10 de diciembre de 2019 (el dólar oficial estaba a $ 62.- hasta el 30 de diciembre 2022 cuyo precio fue de $ 182.-) encarece los alimentos y la energía (La inflación acumulada medida por el IPC del INDEC en el mismo lapso fue del 300%), reduce el salario real (el salario nominal no se incrementa en la misma proporción), dado el poder concentrado de las grandes empresas alimenticias, de los supermercados, y de los vendedores de energía, que igualan el precio interno al externo.
Esa suba de precios carcome el poder adquisitivo de las remuneraciones en pesos, de jubilaciones y pensiones, hecho que comprime la demanda de otros bienes, por ejemplo, manufacturas (bienes industriales: autos, línea blanca, celulares, etc.) de parte de los trabajadores y demás que perciben ingresos en moneda nacional, que las empresas compensan vendiendo al exterior.
Esa economía desigual garantiza ingresos a los que tienen acceso al dólar, pero perjudica severamente a los que dependen de la moneda del país. La Argentina ya ha vivido las aciagas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, no fue fácil pero finalmente con el alto costo de sangre inocente, se consiguió un gobierno que defendió el mercado interno, el trabajo y la producción nacional y, la Argentina se puso de pie y crecía en forma sustentable y redistribuía ingreso en forma progresiva. Pareciera que el poder económico y el gobierno de Alberto Fernández que es funcional a ello, no teme que este proceso desemboque en lo mismo y lo que es peor, sin que se avizore un Néstor Kirchner para lograr una salida constructiva y sustentable.
Notas
[1] Y en el caso de las personas físicas que las 100 primeras compraron 822,6 millones de dólares en la gestión de Cambiemos, omitieron parcial o totalmente declararlas en su presentación tributaria.
[2] El 80% del paquete accionario del banco Patagonia le pertenece al Banco Do Brasil
[3] ] Crédito al sector privado en torno al 11% del PIB, que es el porcentaje más bajo de toda la historia monetaria del BCRA, de los cuales corresponde un 5% a los crédito personales y 6% a las empresas
[4] Cantidad de billetes y monedas emitidas y puestas en circulación por el BCRA, es el pasivo monetario y los encajes remunerados es el pasivo financiero
[5] Preguntémonos cuanta mano de obra demanda la exportación de una tonelada de soja o de maíz.
[6] La Dirección General de Aduana (DGA) denunció una maniobra de subfacturación en la exportación de carbonato de litio de la empresa estadounidense Livent Lithium, que es la primera empresa del país en producir carbonato de litio con el proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto. La investigación arrojó que entre 2018 y 2019 la minera generó un perjuicio de US$ 8 millones en derechos de exportación y le aplicó a la empresa involucrada en las operaciones una multa de $ 6.700 millones.
[7] El límite de compra vigente es de 200 dólares por mes para empresas y personas
[8] Renta: Apropiación de una ganancia extraordinaria, que estará determinada por la diferencia entre el precio de producción individual y el precio de producción general de la rama (costos más beneficio)
Horacio Rovelli. Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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