El Pleno del Congreso aprobó de forma definitiva el proyecto de Ley de Conservación de Datos relativas a las comunicaciones electrónicas y redes públicas, una norma que permite a la Policía conocer la identidad de los titulares de tarjetas prepago de teléfonos móviles en el marco de una investigación. El ministro del Interior, Alfredo Pérez […]
El Pleno del Congreso aprobó de forma definitiva el proyecto de Ley de Conservación de Datos relativas a las comunicaciones electrónicas y redes públicas, una norma que permite a la Policía conocer la identidad de los titulares de tarjetas prepago de teléfonos móviles en el marco de una investigación.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras la aprobación de la ley en el Congreso, indicó que este proyecto trata de mejorar los instrumentos que tienen las Fuerzas de Seguridad para investigar delitos.
Según Rubalcaba, al obligar a las compañías telefónicas a guardar los datos de las llamadas de teléfono y facilitar la información de las tarjetas prepago, se propiciará que éstas «dejen de ser un refugio electrónico para aquellos que delinquen».
Durante el debate, el diputado socialista Sebastián Fuentes destacó el amplio consenso alcanzado entre los grupos, especialmente importante en el caso de medidas que, reconoció, «pueden suponer una injerencia en los derechos a la intimidad y el secreto de las comunicaciones de los ciudadanos».
No obstante, se mostró satisfecho porque el proyecto «ha resuelto el equilibrio entre las obligaciones que se imponen y los derechos pueden verse afectados».
Nuevas obligaciones
El Pleno del Congreso dio su visto bueno a las enmiendas introducidas en el Senado (PDF), entre ellas una promovida por el PP que obliga a los operadores a ceder los datos conservados «en lo concerniente a comunicaciones que identifiquen a personas, sin perjuicio de la resolución judicial» que lo autorice.
Otra de las enmiendas aprobadas estipula que los datos permanecerán «cancelados» por los operadores mientras no se haya producido la prescripción de las infracciones previstas en la norma.
La nueva ley obliga a los operadores de telefonía móvil a conservar los datos que permitan rastrear el destino y el origen de una comunicación, así como la identidad de todas las personas implicadas en ellas; exigencia que nunca se aplicará al contenido de la comunicación.
Las compañías tendrán que conservar esos datos durante 12 meses desde el momento en que se produzca la comunicación, y sólo se conservarán los necesarios para identificar su origen y destino, la hora, fecha y duración, el tipo de servicio y el equipo de comunicación utilizado por los usuarios. Asimismo, se exige a los operadores que abran un libro-registro con las identidades de los compradores de las tarjetas prepago.
Posturas políticas
El diputado del PP, Jose Ignacio Echaniz, destacó la importancia de «dotarnos de nuevos instrumentos de investigación» frente a la delincuencia que aprovecha el despliegue de las nuevas tecnologías. Sin embargo, Echaniz lamentó que las medidas aprobadas no se hayan extendido a algunos ámbitos de Internet, como el ‘chat’, que son los mas susceptibles de ser utilizados por pederastas o por redes de pornografía infantil.
También el diputado de CiU Jordi Jané consideró positivas las posibilidades que ofrece la ley para la investigación policial en determinados delitos, pero expresó su preocupación por el riesgo de que la entrega de datos previa a la autorización judicial pueda atentar contra la intimidad de los usuarios.
Por su parte, Margarita Uría, del PNV, señaló que la norma como transposición de una directiva europea, ha logrado conciliar el «binomio» entre seguridad y libertad, aunque consideró que se debería haber delimitado mejor la frontera de lo que requiere intervención judicial y la libertad de la Policía Judicial.