La Paz, julio 16, 2004.- El poder petrolero ha fabricado su propia democracia en el país más pobre del Sur de América. Dueño de todas las reservas de gas y petróleo de Bolivia, valuadas en más de cien mil millones de dólares, ha eludido, por ahora, la demanda mayoritaria del pueblo que clama por la […]
La Paz, julio 16, 2004.- El poder petrolero ha fabricado su propia democracia en el país más pobre del Sur de América. Dueño de todas las reservas de gas y petróleo de Bolivia, valuadas en más de cien mil millones de dólares, ha eludido, por ahora, la demanda mayoritaria del pueblo que clama por la nacionalización y está a punto de ejecutar, a través del gobierno neoliberal, un referéndum perfectamente diseñado para legitimar su control y dominio sobre los hidrocarburos y sobre el destino de los bolivianos.
En esta democracia de las petroleras, carece de importancia que los más de cuatro millones de ciudadanos, habilitados para el sufragio, voten a favor o en contra de las cinco preguntas del cuestionario. Igual, gane el SI o triunfe el NO, los más de cien mil millones de dólares en reservas seguirán en manos de las petroleras, las que además tendrán el aval para ejecutar los multimillonarios negocios de exportación de gas.
El voto ciudadano, en esta democracia de las petroleras, servirá para legitimar los negocios de exportación que no pudieron imponerse con la bala y la metralla en octubre del 2003. Toda una burla para un pueblo que se levantó en contra del super estado petrolero y expulsó del Palacio de gobierno al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, aunque dejó intacta la estructura política y organizativa del poder neoliberal.
Hoy, es poder, a través del vicepresidente y sucesor de Sánchez de Lozada, el también neoliberal Carlos Mesa, se emplea a fondo para torcer la voluntad popular (que exige la nacionalización) y llevar a buen puerto el referéndum del domingo. Para ello cuenta con el total apoyo técnico, político y financiero de los organismos internacionales, de las petroleras extranjeras, de los gobiernos de Brasil, España y Estados Unidos e incluso del Comando Sur. El sueño de todos ellos es lograr dentro de dos días, a través del voto ciudadano, lo que no pudieron los tanques y los militares carapintadas hace nueve meses, cuando masacraron al pueblo rebelde de las alturas.
Mesa, usando todo el poder del Estado, se ha lanzado de lleno a difundir y promover el referéndum, obligando a los bolivianos a escoger entre las leyes y políticas de Sánchez de Lozada y las suyas, ambas favorables a las transnacionales, a la exportación de gas como materia prima y a legitimar el control total que tienen las petroleras sobre el gas y el petróleo de Bolivia. Ha levantado, como dicen los sindicatos y las organizaciones sociales y populares, un verdadero «tramparendum», una consulta engañosa y tramposa, diseñada para burlar el anhelo de más del 80% de la población que, según las encuestas más fiables, apoya la nacionalización de esta lucrativa industria y el retiro de las petroleras extranjeras.
La táctica de Mesa es simple y se sustenta en la desinformación, la propaganda y la coerción. Desde hace dos meses ha desatado una millonaria campaña de propaganda y ha repartido varios millones de dólares entre los medios de comunicación y formadores de opinión pública, con el objetivo de hacer consentir a la población que con el referéndum del 18 de julio Bolivia «recuperará la propiedad de sus hidrocarburos», a pesar de que no se tocarán los contratos ni los privilegios de las petroleras, que tienen en su poder la totalidad de las reservas de gas y petróleo del país, contabilizadas en 52 trillones de pies cúbicos de gas y más de 900 millones de barriles de petróleo.
Todo un saludo a la bandera. Con el triunfo del referéndum, el Estado boliviano sería formalmente propietario de sus hidrocarburos recién el 2036, pero las reservas de más de cien mil millones de dólares seguirán en poder de las petroleras. Y a eso le llama la «nacionalización responsable».
Así, Mesa juega con las palabras para confundir a la población, para hacer creer que su política es muy diferente a la Sánchez de Lozada, al que admiraba y apoyaba en todos y cada uno de sus planes, especialmente en la destrucción de la empresa estatal del petróleo y la entrega de la industria del gas y el petróleo a las transnacionales. A casi nueve meses de ejercer el gobierno, muchos ya no le creen. «Sánchez de Lozada hablaba muy mal el castellano, pero éste (Mesa) habla muy bien, pero sólo para engañar a los bolivianos», dice Jaime Solares, el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), que lidera el boicot a la consulta del domingo, con marchas, movilizaciones, bloqueos de caminos y quema de ánforas. La apuesta de la COB es dar fuerte batalla al inmenso poder petrolero con el boicot, la masiva abstención y el voto nulo de los más pobres, de los más humildes, de los hombres y mujeres que enfrentaron la bala y la metralla en octubre.
A dos días del referéndum, el bombardeo publicitario y propagandístico a favor del referéndum es asfixiante. Todos los canales de televisión, radios y periódicos difunden con extrema generosidad los spots, avisos y declaraciones de todos los intelectuales, periodistas, autoridades y dirigentes empresariales y cívicos que apoyan la consulta y el voto por el SI a las cinco preguntas del referéndum. Nadie, o casi nadie, hace campaña para votar por el NO. Es que es una consulta hecha para que nadie diga NO. Nadie quiere identificarse con Sánchez de Lozada, aunque, en rigor, no hace tampoco falta porque está ahí la propuesta de Mesa, que es defendida por todos aquellos que defendían a Sánchez de Lozada. La única excepción es el diputado cocalero Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), que controla sectores importantes del sindicalismo cocalero y campesino, y que ha roto el frente común que hacen los trabajadores del campo y la ciudad y las clases medias empobrecidas en contra de la democracia de las petroleras
El MAS y Evo Morales, obsesionados por ganar las elecciones municipales de fin de año y las presidenciales del 2007, han virado hacia la derecha, para ganar el apoyo de las clases medias y evitar el veto de los sectores empresariales, de los organismos internacionales y de los sectores progresistas y demócratas de Estados Unidos y Europa. Por ello se oponen a la nacionalización y sabotean la lucha de la COB porque creen que el lesionar ahora los intereses petroleras desencadenará un golpe militar, que liquidará su sueño de llegar a la Presidencia. Por ello piden participar en la trampa de las petroleras y piden asistir a votar por el SI en las tres primeras preguntas y por el NO en las dos últimas. Con ello creen que podrán presionar a Mesa para imponer, de inmediato, más tributos a las petroleras, y no en la próxima década cuando las petroleras exporten a Estados Unidos y México, como dice el plan gubernamental. Morales confía en que si logra el respaldo ciudadano a su forma de voto, podrá torcer el brazo de Mesa en el Congreso nacional, el que sin embargo está dominado en sus dos tercios por los partidos neoliberales que gobernaron con Sánchez de Lozada.
En cambio, los que quieren la nacionalización del gas, los que quieren recuperar los más de cien mil millones de dólares para Bolivia, los que no apoyan ni a Sánchez de Lozada ni al que fue su vicepresidente Mesa, como la COB y las organizaciones sociales y populares, no tienen cabida en la consulta. No tienen otra opción que abstenerse, no votar en la consulta o votar en blanco, o nulo, o marcando la papeleta con la palabra nacionalización, o quemando ánforas y cerrando los centros de votación.
En las ciudades de El Alto, La Paz, Cochabamba, Potosí, Sucre y otras menores, así como en las áreas rurales del Altiplano y los valles, muchos han dicho que no asistirán a las urnas, en el ejercicio de su derecho democrático de no participar en un referéndum, que en esencia sólo quiere legitimar el control de las petroleras extranjeras sobre los hidrocarburos del país y avalar sus multimillonarios negocios de exportación hacia Estados Unidos, México, Argentina y Chile.
Y es que muchos, con la prédica y lucha de los sindicatos, han comenzado a darse cuenta de la naturaleza del «tramparendum». Frente a ello, Mesa ha respondido con la coerción, desestimando la Ley del Referéndum que no establece la obligatoriedad del voto.
El gobierno, con apoyo de la Corte Electoral y del Tribunal Constitucional, ha desatado otra campaña publicitaria: quien no asista a votar tendrá que pagar multas, quien incite a la abstención irá a la cárcel y quien haga campaña contra el referéndum o boicotee la consulta tendrá que purgar una condena de cinco años de prisión.
Para defender su referéndum, Mesa ya ha militarizado el Altiplano y ha puesto en alerta total a más de 30 mil efectivos del Ejército y a 22 mil de la Policía, y ha diseñado un plan operativo para acompañar el voto obligatorio del «pueblo soberano» con el fusil y los tanques. También ha lanzado operativos preventivos, con policías y encapuchados, para allanar viviendas y amedrentar a quienes intentan oponerse al «tramparendum».
Para los ciudadanos que ya no le creen o tienen dudas sobre lo que realmente se juega en el referéndum, Mesa ha puesto en pie otra campaña anunciando una virtual catástrofe económica si no triunfa el SI. Desnudando la naturaleza del referéndum ha confirmado que los organismos internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento) cortarán la ayuda económica al país si fracasa la consulta del domingo.
«Si no triunfa el SI en el referéndum, quiere decir que Bolivia no está dispuesta a exportar su gas, por lo tanto dejará de ser sujeto de crédito. No podríamos hacer un acuerdo con los organismos internacionales, nuestros sistemas de financiamiento se paralizarán (…) Bolivia no tendrá posibilidades de seguir costeando y manteniendo de manera gratuita la salud y la educación en el país», dijo.
A principios de año, el Banco Mundial, según se constata en sus documentos oficiales, advirtió que reduciría su ayuda financiera a Bolivia si no triunfaba el referéndum. Lo mismo dijo el FMI, por boca de su director para el Hemisferio Occidental, Anoop Singh, al advertir sobre la «inviabilidad de Bolivia» si no se exportaba gas.
Otros que aguardan el triunfo del SI son los empresarios nacionales y los representantes de las petroleras extranjeras, como Alfonso Cortina, presidente de la Repsol YPF, que tiene casi un tercio de las reservas de gas y petróleo de Bolivia, y el propio presidente Luiz Inacio Lula da Silva de Brasil, que vino a Bolivia el pasado viernes a velar por los grandes intereses que tiene Petrobras en territorio nacional. Todos ellos han dado un público respaldo al referéndum, al igual que los embajadores de España y Estados Unidos. Todos ellos confían en que el referéndum permitirá destrabar los proyectos de exportación de gas, que habían sido parcialmente enterrados con la insurrección de octubre y la huida de Sánchez de Lozada a Estados Unidos.
Todos ellos confían, además, que Mesa y el Ejército boliviano sabrán también hacer respetar la «voluntad popular» que emane de las urnas y que presumen que será favorable a la exportación del gas como materia prima. El poder petrolero, Mesa y sus aliados creen que están a dos días de lograr lo que no pudieron hacer en octubre, cuando usaron el fusil y la metralla en defensa de los millonarios negocios de exportación. Pero no están seguros, porque en la trinchera contraria están la COB y las organizaciones sociales y populares que trabajan para impedirlo.
«Pueden ganar su referéndum, pero no podrán derrotar al pueblo que ha luchado en octubre, que ha luchado antes del 18 de julio y que seguirá luchando después del 18 de julio por la industrialización del gas y por la nacionalización», aseguró el minero Solares, el líder de la COB.