El costo de los alimentos aumentó 12,4 por ciento en los dos primeros meses del año y el Gobierno insiste con fórmulas ya fracasadas: control de precios y acuerdos con las grandes compañías. Desoye por completo las propuestas de cooperativas y pequeños productores, y presenta «Plan Argentina Productiva 2030», iniciativa oficial que promete más extractivismo.
Con el acuerdo con el FMI aprobado por el organismo financiero, el presidente Alberto Fernández inició el domingo una guerra de declaraciones contra la inflación y la marcada suba del precio de los alimentos. Comenzó con declaraciones el domingo denunciando “diablos que aumentan los precios”, a los que ubicó en la “fuerte concentración en el sector alimentario”, y finalizó el martes, hablando frente a los mismos sectores que criticó y pidiéndoles “darle una oportunidad al diálogo para construir una realidad distinta en un país lleno de urgencias”. El cambio de tono se dio en el marco del Consejo Económico y Social (CES), donde se sentaron representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la CGT. Los productores Pymes y pequeños productores rurales volvieron a estar ausentes. En el encuentro se lanzó el Plan Argentina Productiva 2030, que vuelve a prometer más empleo, menos pobreza y más exportaciones, de la mano de la profundización del modelo extractivo.
Entre la entrevista en la Televisión Pública del domingo en la que Fernández apuntó contra los “diablos” —“hay que llamarlos a la reflexión para que entiendan que el hecho de que tengan una especie de oligopolio no los autoriza a remarcar los valores”, dijo— y el lanzamiento del Plan Argentina Productiva 2030, el jefe de Estado se reunió el lunes en privado tanto con el titular de la UIA y de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, y con los representantes de la CGT para “trabajar en conjunto ante la situación generada por los aumentos de precios”, señaló la agencia de noticias oficial Télam.
Ese lunes, la Mesa Agroalimentaria Argentina emitió un nuevo comunicado denunciando la falta de convocatoria por parte del Gobierno a las Pymes y pequeños productores de alimentos. “Tenemos cinco propuestas para combatir la inflación, que no son parte de la mesa de acuerdos actual”, apuntó la organización que reúne a la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra y la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe). Retenciones segmentadas, control de exportaciones, fomento a las cooperativas, acceso a la tierra y fomento a la agroecologíason lospuntos planteados por las organizaciones.
Otra voz crítica de las declaraciones presidenciales fue la del ex presidente del INTI y actual coordinador del Instituto para la Producción Popular, Enrique Martínez. “No entiendo. Alberto Fernández creé que con diálogo se resolverá la tensión entre formadores de precios y el Gobierno. Pero no cambiará la dominancia en cada cadena. La lechería pyme, los criadores de ganado, los productores regionales seguirán a merced de unos pocos. ¿Entonces?”, apuntó el responsable del Programa Todos Comen, una de las tantas cadenas de comercialización de comercio justo que acercan alimentos sanos y a precio justo del productor al consumidor.
La relación entre la suba de precios y los mercados oligopólicos es una realidad inalterable que se puede observar en la producción de leche, cereales para harinas, papa y pollos, entre otras.
La inflación sube y las políticas se mantienen
En enero, la inflación general fue del 3,9 por ciento, mientras que los alimentos se ubicaron en el 4,9 por ciento. En febrero, la inflación general llegó al 4,7 por ciento y los alimentos volvieron a ubicarse por encima: 7,5. Para marzo, según las consultoras privadas y las expectativas oficiales, la inflación general se ubicará por encima del 5 por ciento y los alimentos continuarán en cifras muy altas.
En ese contexto, el Presidente ya no habló de “guerra contra la inflación” y repitió las recetas que trabaja el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Las medidas serán Acuerdos de Precios Cuidados para mercados minoristas —durante la gestión de Paula Español se hizo un intento llamado “Súper Cerca”— y ajustes en el acuerdo con grandes supermercados, que deberán controlar la retracción de los precios de 580 productos que los “diablos” incrementaron en hasta un 14,5 por ciento, según relevó el mismo Gobierno.
El domingo, para la televisión, Alberto Fernández se animó a hablar de aplicar “la ley de abastecimiento, la ley antimonopolios y la ley de competencia” contra los oligopolios de los alimentos. Sin embargo, a las pocas horas, solo se limitó a convocar al diálogo, a “hacer terapia de grupo”, según sus palabras textuales ante los los empresarios durante el Consejo Económico y Social (CES).
Un grupo de diputados del bloque del Frente de Todos (FdT) emitió hoy un comunicado insistiendo al Poder Ejecutivo que aplique las leyes de Abastecimiento y de Góndolas para “defender a quienes más sufren la inflación, que son los sectores populares”. La Ley de Góndolas, por ejemplo, se había presentado como la puerta de ingreso de los productos de las Pymes a los grandes supermercados, algo que no ocurrió. Tampoco aparece entre las medidas del Gobierno impulsar a estos sectores de la economía solidaria y popular, que según un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), ofrecen una canasta con menor fluctuación de precios y de mayor calidad.
La única medida fuera del recetario habitual de acuerdo con los grandes oligopolios y supermercados fue la creación del fideicomiso para estabilizar el precio interno del trigo e intentar controlar el precio de la harina y sus derivados. El fideicomiso se financia con el incremento del dos por ciento a las retenciones de los derivados de soja, que generó una rápida reacción en las entidades del agronegocio, a pesar de que solo reduce algo de las extraordinarias ganancias de los gigantes exportadores: Cargill, Cofco, Bunge y Glencore. Esta última, socia de Vicentín, la empresa que Fernández amagó con estatizar.
La suba del dos por ciento a los derivados de la soja generó una reacción de los sectores concentrados y de los chacareros afectados por una política de retenciones sin diferencia entre grandes y pequeños productores, en la que el Gobierno decidió no avanzar con más retenciones a los granos en un contexto de precios internacionales muy favorables. De hecho, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, dejó en claro su posición el día en que anunció esa suba específica y descartó más retenciones: “La filosofía de este Ministerio es defender a la gallina de los huevos de oro”. Días después, Feletti expuso las diferencias dentro de la coalición de gobierno y le respondió: “No es cuestión de tener la gallina de los huevos de oro pero que el oro se quede en el gallinero”.
El Gobierno impulsa más extractivismo y desoye propuestas para bajar el precio de los alimentos
Ante el Consejo Económico y Social (CES), Fernández pidió a funcionarios, empresarios y sindicalistas “construir otra realidad” y poner atención a la “economía popular que incluye a millones de personas y a la hay que darle un marco regulatorio para pasar a la formalidad”. Esa fue la única mención al sector de Pymes, cooperativas y organizaciones sociales. Luego, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se encargó de presentar el Plan Argentina Productiva 2030.
La promesa del plan: el desarrollo productivo, industrial y tecnológico, la creación de dos millones de puestos de trabajo, sacar a nueves millones de personas de la pobreza y llevar las exportaciones a 174 mil millones de dólares, todo entre el 2022 y el 2030. El plan fue oficializado en la Resolución 236/2022, publicada el lunes en el Boletín Oficial. Kulfas trató el plan como “novedoso” porque busca resolver “10 misiones”, que permiten desarrollar la producción, en lugar de enfocarse en soluciones por sector productivo.
Entre esas diez misiones, Kulfas mencionó varias relacionadas con el modelo de producción de alimentos y explotación de recursos naturales:
- Desarrollar la economía verde para una transición ambiental justa.
- Impulsar la movilidad del futuro con productos y tecnologías nacionales.
- Adaptar la producción de alimentos a los desafíos del Siglo XXI.
- Desarrollar el potencial minero argentino con un estricto cuidado del ambiente.
- Potenciar encadenamientos productivos a partir del sector primario para generar más trabajo y más desarrollo.
- Duplicar las exportaciones para hacer sostenibles las mejoras sociales y económicas.
Esos conceptos amplios como “economía verde” incluyen decisiones que van desde la economía circular —para la que el Gobierno respaldó una Ley de Envases, que aún no trató en el Congreso— hasta los debates sobre la “transición energética” y el eufemismo de “impulsar la movilidad del futuro”, léase explotación del litio. De hecho, la Resolución 236 se encarga de hablar de los compromisos frente al cambio climático, asumidos en el Acuerdo de París, que aún carece de un plan que puede ser contrastable y que se reflejaron de forma ambigua en la COP 26.
La Resolución deja expresadas las preocupaciones en torno al cambio climático —»dada la gran importancia del complejo agroindustrial en la República Argentina y la elevada sensibilidad de éste a las condiciones climáticas, es menester construir una mayor resiliencia ante eventos climáticos adversos»— y los objetivos extractivos del Plan Argentina Productiva 2030.
“La estructura productiva de la República Argentina tiene un gran protagonismo de complejos intensivos en recursos naturales, tales como agro, pesca, forestal, hidrocarburos y minería (…) Representan más de la mitad de las exportaciones de bienes y servicios de nuestro país y, por ende, son fundamentales para aportar divisas tanto para que el conjunto de la economía pueda crecer, lo que se traduce en una suba de salarios y creación de puestos de trabajo sostenibles en términos macroeconómicos, así como poder financiar una transición hacia la sostenibilidad ambiental que sea justa en términos sociales”, sostiene los argumentos de la Resolución.
El plan anunciado ayer será presentado recién a fines de 2022, luego de una serie de reuniones multisectoriales —no se dijo qué sectores serán convocados— en todo el país. Los encuentros los coordinará la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Argentina Productiva 2030”, que quedará encabezada por el sociólogo Daniel Schteingart, funcionario del Ministerio de Desarrollo Productivo y defensor de proyectos como las megagranjas porcinas.
Mientras la inflación de los alimentos continúa escalando y el Gobierno espera modificarlo con el llamado al diálogo con los “diablos” y la presentación de un plan extractivo que recién ofrecerá líneas de acción en 2023, la Mesa Agroalimentaria propuso ser convocado a la mesa de diálogo con cinco propuestas, de rápida aplicación, que parecen ajustarse al objetivo propuesta por Kulfas sobre “adaptar la producción de alimentos a los desafíos del Siglo XXI”.
La propuesta de las organizaciones de pequeños productores y cooperativas agropecuarias se sintetiza de esta manera:
- Retenciones segmentadas: quien más tiene, que más pague. Es un criterio progresivo que además de justo, desalienta el proceso de concentración y exceptúa a pequeños productores.
- Control de exportaciones: para que se paguen todos los impuestos correspondientes, que garanticen la distribución justa, y así se evite la evasión.
- Fomento a las cooperativas: si el Gobierno apoya el crecimiento de los mercados de cercanía y las cooperativas de alimentos, se evitará que la distribución y los precios quede en pocas manos.
- Acceso a la tierra: una ley que garantice que las familias productoras puedan acceder a créditos para comprar las tierras que producen, garantiza condiciones de vivienda digna, y que se abarate el alimento para los consumidores.
- Fomento de la agroecología: el sistema agroalimentario dominado por el uso de agroquímicos ata a productores a trabajar con insumos dolarizados, impactando en los precios y alterando los alimentos. La agroecología propone la transformación hacia un sistema más sano y más justo.