Para entender por qué las transnacionales siguen controlando el sector de los hidrocarburos en Bolivia hay que remontarse a los primeros meses del Gobierno de Evo Morales, cuando se decretó la nacionalización. Y a unos meses después, cuando se firmaron los contratos de explotación de las empresas trasnacionales. Para ello, nada mejor que hablar con […]
Para entender por qué las transnacionales siguen controlando el sector de los hidrocarburos en Bolivia hay que remontarse a los primeros meses del Gobierno de Evo Morales, cuando se decretó la nacionalización. Y a unos meses después, cuando se firmaron los contratos de explotación de las empresas trasnacionales. Para ello, nada mejor que hablar con Andrés Soliz Rada, el ministro de Hidrocarburos que firmó el derecho de nacionalización. Y que renunció tiempo después, cuando certificó que la nacionalización había perdido su sentido original por las presiones de las multinacionales.
«El presidente más habiloso para hacer daño a los países chicos de América Latina fue Lula, porque te metía el puñal mientras sonreía y te decía: ‘¿Sabes? A mí me interesa no tener vecinos pobres’. Y mientras tanto te estaba sacando hasta la última gota de todo», dice Soilz de Rada. El apoyo que dio Brasil al Gobierno boliviano frente a la amenaza separatista de la zona más rica de Bolivia, el Oriente del país, fue el arma que utilizó Lula en la negociación, según el exministro. «En eso hay que ponerle una palabrita de comprensión al Evo», dice.
En el decreto de nacionalización, preparado por el equipo de Soliz Rada, los contratos que se establecían eran de servicio. «Para que me entienda la gente, uso el ejemplo del pan. Yo elaboro pan y lo llevo al horno. El horno me cuece el pan y ¿qué pasa luego? Me entrega el pan, y yo le pago por el servicio». Cuando se elaboraron los contratos con cada una de las multinacionales, los contratos ya no eran de servicio, sino que se habían convertido en contratos de producción compartida. Es decir, se pagaba al horno por cocer el pan y luego se daba al hornero un porcentaje de la venta del pan. En concreto un 50 por ciento de los beneficios. Y un contrato de servicio no es nada revolucionario. A menos que se considere al régimen de Arabia Saudí como filocomunista.
Pero el decreto de nacionalización no preveía una tributación del 50 por ciento, sino de un 82 por ciento para el Estado en el caso de los megacampos, todos en poder de Petrobras, recuerda Soliz Rada. En 2005, el decreto 3058 aprobado por el Gobierno de Carlos Mesa tras las movilizaciones de la Guerra del Gas y el referéndum de julio de 2004, subía los impuestos y regalías de un 18 por ciento a un 50 por ciento. Esta legislación, que obedecía al masivo reclamo de recobrar la soberanía sobre los hidrocarburos, sigue aún vigente a la hora de repartir los ingresos entre las empresas y el Estado, según el exministro.
«Cuando hicimos el decreto de nacionalización establecimos un porcentaje del 82 por ciento para el Estado porque a Petrobras se le habían entregado campos descubiertos por Yacimientos, desarrollados por Yacimientos, con el mercado brasileño ya conquistado por Yacimientos. En esas condiciones era una retribución más que justa». Pero ese aumento en la tributación era «un cálculo preliminar» que estaba atado al resultado de unas auditorías que revelaran cuáles fueron las inversiones realizadas, el desgaste del equipo o las ilegalidades cometidas. Para ellos se realizó «una licitación para contratar empresas auditoras de renombre mundial» y se formó un equipo de ingenieros, economistas y abogados para que fiscalicen el trabajo de los auditores.
Desde el principio, a la compañía brasileña la idea de las auditorías no le gustó mucho. «Un delegado de Brasil me dijo: «Es que la auditoria no refleja el momento psicológico en el que se firmaron los convenios». Yo le dije: ‘Éste es un aporte maravilloso a la teoría económica'», cuenta Soliz Rada.
Cuando se empezaron a firmar los contratos, «a las auditorías se las ignora, se las oculta, y como las empresas habían empezado a pagar el 82 por ciento, el Estado les devuelve el dinero, porque no se logró comprobar con las auditorías los excesos cometidos». Igual que en Argentina, precisa el exministro, se acepta la información que dan las compañías bajo la modalidad de declaración jurada. «Juro que se ha invertido tanto», dice la British. «Y esas auditorías no se van a publicar, el Gobierno ya ha dicho que no sirven, que son obsoletas», se lamenta.
De esta forma, «ahora las compañías siguen pagando el cincuenta por ciento», como con el Gobierno de Carlos Mesa. «El aumento de los ingresos se debe a la escalada de los precios internacionales y a la exportación de mayores volúmenes de gas. Ni un centavo te dio la nacionalización», matiza Soliz Rada.
Todo el proceso estuvo rodeado de presiones de las empresas multinacionales, representadas en Bolivia por la Cámara de Hidrocarburos. «Querían que YPFB entrara a formar parte de la Cámara de Hidrocarburos. Y yo declaré que no reconocía un sindicato de trasnacionales y que voy a hablar con las trasnacionales una por una. No con su sindicato de mafiosos», cuenta Soliz. «Fue una experiencia maravillosa, porque cada representante que me venía criticaba a la otra. Repsol por ejemplo, me hablaba pestes de la Total. Y la Total me hablaba pestes de la British. Denuncié que la Repsol se estaba anotando las reservas de petróleo del Campo Margarita como suyas. Entonces vienen los de Repsol y me dicen: ‘No puede ser, ministro’. ‘¿Es mentira?’, les pregunto. ‘No, pero también lo hace la British, también lo hace la Total, también lo hace la Shell'».
Pero la principal presión vino de Petrobrás y el Gobierno brasileño. «Conseguí y publiqué el informe de Petrobrás al Congreso brasileño. Y Petrobrás dice: ‘Hemos logrado cambiar los contratos de servicio por contratos de producción compartida’. Y luego Petrobrás dice: ‘Los contratos de producción compartida nos permiten nuevamente anotar en bolsa las reservas de Bolivia'», recuerda quien fuera diputado con el partido Condepa.
Y ésa fue la razón de su marcha del Gobierno. «Saqué una resolución ministerial sobre la refinería manejada por Petrobras. De acuerdo con el decreto de nacionalización a Petrobrás le pago por el servicio. Entonces vino la llamada de Marco Aurelio García, asesor de Lula, para que me fuera», dice. Un mes después de su renuncia se firmaron los contratos.
«¿Se sabe que los modelos de contratos fueron redactados por Repsol? Y cuando se leyeron los contratos, Petrobrás protestó porque había puesto cosas para Repsol y tuvieron que modificarlos», se ríe Soliz Rada.
SAN PABLO SIN GAS BOLIVIANO
Además de presionar para convertir los contratos de servicios en contratos de producción compartida, la ‘diplomacia’ brasileña se centró en impedir por todos los medios la industrialización del gas que importa de Bolivia. Según Marco Gandarillas, del Cedib, «el gas boliviano es muy rico, con una planta de separación de líquidos tienes la posibilidad de sacar el propano y el butano de exportación». Sin embargo, a cinco años de la nacionalización Bolivia sigue sin haber construido esa planta y sigue vendiendo «un gas rico que tiene propano, butano, etc., como si fuera un gas pobre», dice Gandarillas, dejando de ingresar unos 700 millones de dólares al año.
¿Pero por qué no se ha construido esa planta? Para Soliz Rada la respuesta es muy simple: «Porque el operador principal de los campos es Petrobras y Repsol trabaja con Petrobras. A ellos les interesa que el gas boliviano sea industrializado en San Pablo en primer lugar, y en segundo lugar en el Matto Grosso. 4.700 millones de dólares invertirá Brasil para industrializar el gas boliviano en el Brasil».
El exministro cree que Bolivia perdió una gran oportunidad para negociar con Brasil cuando todavía toda la industria de San Pablo dependía del gas boliviano. Actualmente Brasil dispone de fuentes de abastecimiento alternativas. «Yo negocié durísimo con Brasil», dice y relata su encuentro con su «colega», el ministro de Hidrocarburos de Brasil:
«Acabo de leer una novela que se llama El Mundo sin Petróleo.
¿Y qué pasa? -dice el ministro brasileño.
Hay un petrolero estadounidense que choca en la costa de California y se arma un desparrame, llaman al gabinete y uno de los ministros del gabinete dice que conoce a un científico en Montana que tiene un descubrimiento que les podría salvar. Le dicen que lo traigan. El científico no quiere largar el invento, pero igual se lo arrebatan. Era un líquido con una bacteria que se echaba sobre el agua contaminada y la bacteria se comía el petróleo. Éxito absoluto, ocho o diez horas después el agua empieza a verse clara y todos con una cara de felicidad. Lo que el científico había tratado de explicar es que la bacteria se transmitía por el aire. Y empieza a comerse las estaciones de gasolina, luego los tanques de los coches, y los productos hechos con plásticos… Los estadounidenses tienen que sacar sus caballos y reponer un ferrocarril de 1890… Yo estoy escribiendo la segunda parte de esta novela.
Pero ¡qué importante! -dice el brasileño-. Va a ser un éxito. ¿Y le puedo preguntar cómo se va a llamar?
Pero claro, se va a llamar San Pablo sin el gas boliviano».
Martín Cúneo es miembro del colectivo editorial del periódico Diagonal.
Este artículo ha sido publicado en el nº 48 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2011
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