La situación en Bolivia dista de calmarse tras la controvertida aprobación por el Congreso de la Ley de Hidrocarburos (precedida por la decisión del presidente Carlos Mesa de abstenerse de estampar su firma en el documento). Las organizaciones alteñas han lanzado un riesgoso desafío al gobierno de Carlos Mesa, tendiente a endurecer la ley petrolera […]
La situación en Bolivia dista de calmarse tras la controvertida aprobación por el Congreso de la Ley de Hidrocarburos (precedida por la decisión del presidente Carlos Mesa de abstenerse de estampar su firma en el documento). Las organizaciones alteñas han lanzado un riesgoso desafío al gobierno de Carlos Mesa, tendiente a endurecer la ley petrolera recientemente promulgada por el Congreso. Un ampliado de presidentes de juntas vecinales resolvió en la noche del martes lanzar un paro cívico indefinido a partir del próximo lunes. «La decisión es terminar lo que empezamos en octubre (de 2003, durante la guerra del gas)», dice Eliodoro Iquiapaza, presidente en funciones de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve), en una entrevista concedida a Página/12.
-¿Cuál es el clima en El Alto después de la promulgación de la ley de hidrocarburos?
-La ley promulgada por el Parlamento (al no declararlos nulos) legaliza los actuales contratos de riesgo compartido, que son ilegales porque nunca fueron convalidados por el Congreso. Y si bien la ley recupera la propiedad estatal en boca de pozo, las transnacionales seguirán fijando los precios. Tampoco se aumentó las regalías al 50 por ciento como reclamaban los movimientos sociales. Es una ley entreguista. Por eso la población de El Alto está caldeada y puede ser que se vengan días negros.
-¿Ustedes están promoviendo la expulsión de las empresas transnacionales?
-Bolivia ha permitido que operen empresas extranjeras, pero actualmente no respetan las leyes bolivianas, por eso estamos en contra. Y como los contratos no han sido legales no tienen por qué estar, y si quieren estar tienen que, mínimamente, aceptar las leyes bolivianas. Hasta ahora, los gobiernos bolivianos lo único que hicieron fue fabricar leyes a favor de las transnacionales.
-¿Se sienten traicionados por Carlos Mesa?
-En su discurso del martes, el presidente Mesa ha humillado a la población indígena, por ejemplo cuando dice que «le vamos a dar 100 bolivianos (unos 12 dólares) a las mujeres campesinas embarazadas». Como si los hermanos campesinos estuvieran pidiendo limosna. No estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo que nuestros recursos naturales regresen al Estado boliviano. En octubre de 2003, El Alto le ha entregado en bandeja de plata el poder a Carlos Mesa, pero él no cumplió con sus promesas de impulsar la «agenda de octubre». Si no cumple, no tiene otro camino que renunciar a su cargo y convocar a elecciones en tres meses.
-¿Cuáles serán los próximos pasos de la Fejuve?
-En estos días se consultará y se concientizará a las bases, para entrar desde el lunes en un paro cívico indefinido.