Los dedos apuntan no solo a los acusados de corrupción y genocidio sino también a la institución que los ampara. La Corte Suprema de Justicia receta prescripciones y dilataciones de juicios para que los culpables tengan tiempo para salir del país en busca de asilo. Para mantener el equilibrio de esta injusta balanza las cárceles […]
Los dedos apuntan no solo a los acusados de corrupción y genocidio sino también a la institución que los ampara. La Corte Suprema de Justicia receta prescripciones y dilataciones de juicios para que los culpables tengan tiempo para salir del país en busca de asilo. Para mantener el equilibrio de esta injusta balanza las cárceles bolivianas se encuentran hacinadas de criminales de poca monta. Cada ex presidente genocida o prefecto corrupto es remplazado por cien asaltantes de mercado o fumadores de mariguana.
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ricardo Díaz, acusó a la Corte Suprema de Justicia de pretender, «coadyuvar para lograr la absolución de los acusados en el caso octubre negro», en referencia a la masacre de 65 personas durante los días nublados por humo de incendios y disparos en 2003 que culminaron con la huida entonces presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada.
El juicio de responsabilidades que los familiares de los muertos han instaurado en contra de Lozada y de sus ministros debe enfrentar dos obstáculos. El primero es la protección política que los gobiernos de Estados Unidos y Perú han otorgado a todos los acusados de la masacre, el segundo es la retardación del propio juicio por el proceder de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Lozada, alias «el Goni», junto con sus ministros, Carlos Sánchez Berzain, Jorge Berindoague y Guido Añez encontraron asilo político en EE.UU. -país que luego le brindaría el mismo privilegio al famoso terrorista y mafioso Posada Carriles- y recientemente el gobierno del Perú otorgó asilo a otros ministros de Lozada, Jorge Torres Obleas, Yerko Kukoc y Mirtha Quevedo..
En Bolivia, el presidente de la CSJ, Eddy Walter Fernández, fue imputado por una Comisión Especial de la Cámara de Diputados que lo acusa de retardar el juicio de responsabilidades contra «el Goni». Fernández es acusado de otro caso de retardación de justicia que benefició al ex prefecto de La Paz, Alberto «Chito» Valle, acusado de corrupción.
Octubre negro es el nombre que se utiliza para recordar la intensa movilización popular que removió de la presidencia a Lozada quien luego de sumir al país entero en una crisis económica que marcó el principio del fin del neoliberalismo en Bolivia y que costó la vida de 65 personas que murieron por balas del ejercito apostado en barricadas resguardando al entonces presidente o por balas de francotiradores apostados en los principales edificios de la ciudad, entre las victimas había ancianos y niños.
Lozada es recordado además por una celebre frase que afortunadamente no fue usada de nuevo. Ante el obvio descontento del pueblo boliviano que paralizó el país entero, Lozada le respondió a la prensa que, «yo no puedo dejar de ser presidente porque mi esposa aún quiere ser primera dama».
El juego del gato y el ratón…pero sin el gato
Walter Fernández está a punto de perder competencia como presidente de la CSJ no solo por retardar el juicio de responsabilidades contra el ex presidente Lozada sino también por haber posibilitado la prescripción del juicio que se sostenía contra el ex prefecto «Chito» Valle quien luego de haberse librado de las audiencias escapó de la ciudad. Se sospecha que ha dejado el país y ya fue declarado «rebelde» por la justicia boliviana que además estableció una orden de aprehensión contra el.
El caso de «Chito» Valle es una múltiple acusación de corrupción y estafa que costó al Estado boliviano alrededor de 17 millones de dólares. La defensa del acusado busca anular el mandato de aprehensión contra el ex prefecto por medio de un Amparo Constitucional y afirma que su cliente aún se encuentra en el país. Alberto Morales, su abogado defensor, afirmó que su cliente, «no escapó del país vestida de chola».
Así mismo, la CSJ fue condenada por varias autoridades gubernamentales por haber sido demasiado «benevolente» con el ex ministro de Salud, Tonchi Marinkovic, quien durante la administración del ex dictador Suárez se benefició por la compra de vacunas contra el sarampión y la poliomielitis con un sobreprecio de más de 5 millones de dólares que fueron a parar a una de sus cuentas personales, afectando a la salud de miles de niños.
La CSJ decidió sancionar al acusado Tonchi con una multa de apenas 1 millón de bolivianos y un poco más, otorgándole un perdón judicial de tres años de reclusión. La actual ministra de Justicia, Celima Torrico, deploró esta decisión judicial que olvidó que, «en un proceso penal, el juzgador debe buscar con imparcialidad la verdad de los hechos y establecer la sanción penal proporcional al tamaño del daño social causado».
Una anécdota
En Santa Cruz de la Sierra, región que alberga a los principales opositores al actual gobierno del presidente Evo Morales Ayma, son detenidos por posesión de armas y sospecha de terrorismo tres individuos que merodeaban cerca de la vivienda del cardenal Julio Terrazas, objetivo de un atentado terrorista que afortunadamente no se consumó y que de paso condujo a la Policía Nacional a neutralizar a una banda de mercenarios con propósitos secesioncitas.
Los tres individuos fueron atrapados en posesión de dos ametralladoras UZI calibre 9 mm, una pistola 9 mm modelo CZ75B Luger y una pistola calibre 45 marca Remington, usada por el ejercito de los EE.UU., junto con más de 300 proyectiles y cargadores. La explosiva carga fue confiscada y ellos pasaron a un juicio de medidas cautelares del cual salieron en libertad.
La razón por la cual no fueron recluidos -a pesar del peligroso arsenal que portaban y que es de uso exclusivamente militar- fue que el Fiscal corrigió la imputación de los acusados de terrorismo por la de organización criminal. La segunda imputación no merecía, para el juez de medidas cautelares, la reclusión preventiva y fueron liberados bajo fianza.
Un dato
Y hablando de reclusiones preventivas, un estudio reciente hecho por la Dirección General de Régimen Penitenciario de Bolivia divulga que más del 73% de los recluidos y recluidas en las prisiones de Bolivia aún esperan sentencia, es decir, del total de 7.433 presos que albergan las penitenciarías en el país tres cuartas partes, 5.240 almas, son solo detenidos de forma preventiva.
Más del 80% son adolescentes entre los 16 y 21 años.
Alrededor de 130 niños -inocentes- conviven con sus padres dentro de las cárceles.