El dinosaurio de papel… parte I: sobre los cambios tácticos de la guerra contra el pueblo en el contexto de la restauración del PRI Hace un sexenio, durante 2006, se vivieron acontecimientos que constituyeron un parte-aguas en la lucha de clases en México. Las elecciones presidenciales, acompañadas por inmensas manifestaciones populares a favor del candidato […]
El dinosaurio de papel… parte I: sobre los cambios tácticos de la guerra contra el pueblo en el contexto de la restauración del PRI
Hace un sexenio, durante 2006, se vivieron acontecimientos que constituyeron un parte-aguas en la lucha de clases en México. Las elecciones presidenciales, acompañadas por inmensas manifestaciones populares a favor del candidato del PRD, Andrés Manuel López Obraor, culminaron en un fraude electoral a favor del candidato de la ultra-derecha del PAN y en un gran plantón en la Avenida Reforma de la Ciudad de México, como parte de una estrategia para desmovilizar y «apaciguar» el gran descontento popular. El mismo AMLO, reconoce este hecho después y se jacta de que «no se rompió ni un solo vidrio».
Esta situación, hizo que la presidencia del PAN tuviera espacio para maniobrar la recuperación de su legitimidad y el fortalecimiento del gobierno federal a través de una táctica emergente de militarización, con el «operativo conjunto» de Michoacan y Chihuahua, acciones político-militares que seguirían la línea de «improvisaciones» del gobierno del PAN anterior, que implementó operativos similares, como «México Seguro» en Nuevo Laredo y Acapulco.
Se habló de un «estado fallido», pues estas tácticas solo tuvieron y tienen como resultado el aumento de la violencia, de los asesinatos, las desapariciones y la fuerza de los grupos para-militares y policiaco-militares que abusan de la población, cuando «se suponía» que el objetivo inicial era legitimar un gobierno combatiendo la delincuencia organizada. Sin embargo, esta concepción del «estado fallido» tomó en cuenta solo lo superficial, pues el mismo año de 2006, ocurrió otro acontecimiento tal vez de mayor trascendencia que las elecciones, y fue la insurrección de la comuna de la APPO en Oaxaca, que preparó y organizó la lucha de los pueblos y la clase proletaria contra el estado-capital, hasta enfrentarse directamente a las fuerzas federales de la entonces PFP, a la vez que a los escuadrones de la muerte ulisistas, compuestos por elementos especializados de los cuerpos legales del estado, así como sicarios, asesinos y criminales de los brazos paramilitares de los capitalistas.
La formación de grupos paramilitares similares a los escuadrones ulisistas y la ocupación territorial del espacio y las ciudades por parte de las fuerzas policiaco-militares del estado-capital como sucedió en Oaxaca, se vería después en todo México, la diferencia sería que esta vez el enemigo impulsaría la contrainsurgencia antes de que la población pudiera alzarse y cortar el paso a la muerte, como sucedió con la APPO, con las barricadas, la autodefensa de masas, y la heroica resistencia de los pueblos y la clase proletaria. En ese sentido, la militarización y paramilitarización, no tienen como objetivo real, ni mucho menos, el combate a la «delincuencia organizada», que en realidad es solo uno de los nombres del estado-capital, sino impulsar una estrategia de contrainsurgencia preventiva para evitar que experiencias como la APPO se repitan en el país, en primera instancia.
Sin embargo, la lucha de clases en México no puede depender únicamente de lo que sucede al interior del país, pues existe una particularidad histórica, y es que compartimos una inmensa frontera con el centro mundial del capitalismo, los estados unidos de américa, y no solo eso, sino una inter-depenencia compleja, en la que, como en uno de los territorios coloniales centrales, la lucha de clases en México le importa mucho a estados unidos. La estrategia de contrainsurgencia preventiva, constituye una práctica histórica del imperialismo en la región entera de Latinoamerica, a través de la cual ha profundizado la subordinación directa de los cuerpos policiaco-militares, con el fin de garantizar el avance de la colonización y la agresión del estado-capital contra la población y el proletariado.
La «iniciativa Mérida», que se echa a andar en 2008, y que incluye, además de muchísimo dinero, la participación cada vez más directa de los cuerpos policiaco-militares imperialistas como la DEA, el FBI, el Departamento de estado, entre muchos otros, es la expresión concreta de la tendencia de colonización actual que se viene expresando en la región de «latinoamérica» que experimenta una mayor profundización de la inter-dependencia con estados unidos, desde México, hasta Colombia, incluyendo Centroamérica. El «plan Colombia», el golpe de estado en Honduras de 2008, la escalada de la violencia narco-paramilitar en Guatemala, y el conjunto de los efectos de la guerra contra el pueblo en México, que también afectan El Salvador, constituyen ejemplos del proceso político de dominación imperialista, que toma formas completamente distintas en cada uno de estos países y regiones según sus circunstancias particulares pero que comparten una misma base y un mismo enemigo, una misma raíz, que es la reproducción y el avance el estado-capital, en sus formas actuales.
Es así que, durante el período de 2006-2012, la guerra contra el pueblo, que ha tenido un carácter cambiante y contradictorio, mantuvo la reproducción ampliada del estado-capital y logró cumplir sus objetivos estratégicos del despojo, privatización y destrucción de los bienes comunes de la naturaleza, la super-explotación y la marginación de los pueblos y la clase proletaria, y la dominación política e ideológica que se manifiesta de forma contundente con la restauración del PRI. Estos objetivos, de los cuales hablaremos más adelante, se puede decir que permanecerán constantes, aunque las condiciones y la situación en la que se desarrolla la guerra contra el pueblo cambie. Hasta ahora podemos hablar de dos generalidades:
a. La ocupación policiaco-militar del territorio y de la ciudades para ejercer el terrorismo de estado, principal, pero no solamente, a través de los grupos paramilitares, para agredir con asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, violaciones, secuestros y demás formas de violencia a la población en general, centrándose en las capas más marginadas y en los sectores más oprimidos y discriminados, como mujeres, jóvenes, indígenas, pobres, y sobre todo en las organizaciones y en las expresiones populares de descontento, tengan o no una fuerte carga política revolucionaria explícita, como el caso de derecho-humanistas, periodistas, madres.
b. La formación y consolidación de organizaciones narco-paramilitares que tienen su raíz y se nutren directamente del gobierno mexicano y estadounidense en sus distintos niveles, principalmente de los sicarios del gobierno, como policías y soldados que ocupan las calles, y otros elementos especializados. Estas organizaciones, cuyos intereses coinciden en última instancia con los del estado-capital, responden a la estrategia de contrainsurgencia preventiva, y también a los planes de dominación imperialista, en todo sentido, desde las tareas de asesinar a las madres que luchan por justicia, hasta proteger las minas ilegales de carbón, por ejemplo. Sin embargo, los distintos brazos armados y cuerpos paramilitares, a la vez que las mismas organizaciones narco-paramilitares, al tener un carácter contradictorio, pues se organizan muchas veces de forma masiva a partir de jóvenes marginados de la ciudad y del campo, reproducen procesos de crisis, de desintegración, de integración y de confrontación, con todos los demás grupos, organizaciones y cuerpos, incluyendo los del mismo gobierno mexicano y estadounidense, creando así una especie de «guerra civil» de «todos contra todos», la cual cumple su función de una gran industria de muertos…. y de guerra.
Estas dos generalidades, son procesos que se alimentan mutuamente y que tienden únicamente a agudizar las contradicciones. Tal es el caso de los casos de supuestos asesinatos políticos, de funcionarios de alto rango. También, las extensas regiones y municipios donde ha desaparecido la policía municipal y la «única» fuerza ahí es la Policía Federal y el ejército… es decir, las narco-organizaciones, quienes controlan todo, la economía, el gobierno, quién pasa, quién vive, quién muere. Los grandes combates militares que ha habido entre las fuerzas legales y las organizaciones narco-paramilitares, como en Apatzingan, Michoacan, demuestran lo grandes que son las contradicciones. Tan grandes que podríamos decir que el estado mexicano que entró en crisis con la llamada «transición democrática» para cumplir el sueño imposible de que en México deje de existir la dictadura sin que deje de existir el capitalismo, está llevando, con el agrietamiento y la descomposición generalizada de este estado, a un callejón sin salida o a una nueva dictadura, que es lo mismo.
Para esta recomposición, el gobierno del PRI restaurado, intentará solucionar las contradicciones y las crisis mediante distintos cambios tácticos y estratégicos, para mantener y avanzar en los objetivos de colonización y dominación estatal-capitalista. Con la legalización de la Mariguana en distintos estados de estados unidos (Colorado, Washington…), el cambio al «combate a las drogas» se ha visto como una necesidad, en esta región, como lo han manifestado los presidentes de Colombia, Guatemala y Panamá, para poder continuar con la guerra contra el pueblo. El PRI, al aprobar la «Ley de víctimas» demuestra que intentará deslindar al estado de la violencia contrainsurgente, cuestión en la que falló el PAN, a pesar de que el mismo presidente y altos funcionarios acudieron a los «diálogos» con miembros del movimiento por la paz con justicia y dignidad. Entre otras cosas, fue porque la violencia que llegó al extremo no pudo ser ocultada. Las prácticas para disminuir la «percepción de la violencia», como la censura en los medios de comunicación masivos continuarán y se profundizarán, sin duda, ya que Televisa, que ostenta el monopolio «legítimo» de la imagen ejerce un papel central en la estrategia.
Sin embargo, no basta solo con intentar ocultar la realidad con «spots», como lo demostró el sexenio que acaba de terminar, en el que las movilizaciones, la preparación y las organizaciones de la población pudieron avanzar en distintos casos, o no retroceder, ante el cerco contrainsurgente militar y mediático. El avance en la organización de la autodefensa popular y de masas, de la mano de la autonomía y la autodeterminación política en comunidades indígenas en Michoacan y Guerrero, por mencionar dos ejemplos (Olinalá y Cherán), representan serios cuestionamientos al orden del estado-capital, pues proponen alternativas desde los pueblos y la clase proletaria para solucionar aquí y ahora nuestros problemas. Como a pesar de la contrainsurgencia, no se pudo prevenir del todo, el surgimiento de este tipo de experiencias, se les tratará de contener, del mismo modo que a la gran mayoría de la población, que se concentra en las ciudades, y que hasta ahora, ha sido relativamente «disciplinada», es decir, aterrorizada por la violencia del estado-capital o engañada por sus mentiras.
Contener un estallido popular espontáneo no sería fácil. Primero es necesario para el estado-capital «contener» sus propias contradicciones e intentar una «regulación» de la violencia y de la guerra de «todos contra todos», para poder consolidar un control centralizado y ejercer una estrategia más efectiva de dominación. A esto responde en parte la desaparición de la Secretaria de Seguridad Pública, para integrarla a la Secretaria de gobernación, echando al antiguo narco-funcionario, García Luna, uno de los principales elementos de la guerra, para desaparecer su Policía Federal, y crear nuevos cuerpos policiacos-militares, centralizados y únicos, que a la larga, puedan reemplazar al ejército y la marina, ampliamente desgastados, más que por la confrontación directa, por la corrupción y cooptación por parte de las narco-organizaciones. De este modo, con una dictadura recompuesta, el PRI, habiendo centralizado los mandos, piensa negociar «nuevamente» con los distintos cárteles y brazos armados, no precisamente para «regular» una disminución sustantiva de la violencia, sino para intentar también centralizar y consolidar grupos para-militares «de choque» para enfrentar a la población, como fue anunciado por el general colombiano para-militar, Oscar Naranjo, asesor del gobierno del PRI.
Así, una «tregua» masomenos real e importante entre las principales narco-organizaciones, podría también consolidar y «aprovechar» el papel económico de las actividades ilegales de estas organizaciones para la «nueva» dictadura. En esto también fracasó el pasado gobierno del PAN, como lo revelaron los fallidos intentos de algún «anónimo» general que dialogó con los principales dirigentes de los cárteles. La «guerra civil», la producción industrial de muerte, no da señas de que vaya a parar. En Tamaulipas, Sinaloa, Michoacan, parecen soplar desde hace meses, nuevos vientos de guerra, con la aparición de decenas de cadáveres amontonados con mensajes, asesinatos masivos y ataques a comunidades enteras, que incluso han empezado a tener respuesta de la población, que intenta defenderse, como en Güemez, Tamaulipas. Sin embargo, recientes acontecimientos como la supuesta muerte del «Lazca», el primer comandante de los Z, el grupo narco-paramilitar más grande, así como el reporte del ejército de la supuesta muerte del M-1, uno de los mandos del grupo Antrax, el brazo armado del cártel de Sinaloa, parecen señalar que algunos personajes se están retirando y puede haber espacio para la negociación y el acercamiento. Otro aspecto a señalar, es la supuesta unidad con la que actuaron los distintos grupos rivales, en estados como Chihuahua, donde el PRD y el PAN señalaron amenazas de muerte y apoyo narco-paramilitar de todos los colores a favor del PRI.
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