Las principales causas que provocan las actuales presiones de campesinos e indígenas para exigir una mejor distribución de la tierra se encuentran en una serie de factores que históricamente los gobiernos se han encargado de profundizar.La paciencia de los campesinos sin tierra se ha acabado, desde los cuatro puntos cardinales de Bolivia marchan hacia La […]
Las principales causas que provocan las actuales presiones de campesinos e indígenas para exigir una mejor distribución de la tierra se encuentran en una serie de factores que históricamente los gobiernos se han encargado de profundizar.
La paciencia de los campesinos sin tierra se ha acabado, desde los cuatro puntos cardinales de Bolivia marchan hacia La Paz para apurar la aprobación de una Ley que acabe con la distribución más que injusta de la tierra en Bolivia.
CAUSAS DE LA INSURGENCIA INDIGENA-CAMPESINA La extrema concentración de los mejores recursos naturales de tierra, agua y bosques en manos de minorías privilegiadas, a pesar de la reforma agraria iniciada en 1953. Enormes latifundios improductivos continúan en manos de pocas familias en los llanos amazónicos y tierras bajas del país. Esta estructura de tenencia de la tierra, inequitativa e injusta, constituye el principal factor explicativo de la actual situación agraria.
El secular abandono del Estado, la ausencia de políticas públicas adecuadas y sostenidas que protejan y favorezcan a los pequeños productores agropecuarios y no tan solo a los poderosos, así como la baja inversión en infraestructura productiva en el área rural. Las condiciones de trabajo y de vida de los pobladores rurales de Bolivia que no han mejorado substancialmente, por el contrario, todo parece indicar que la pobreza en el campo creció a un ritmo acelerado las últimas dos décadas pasadas.
La persistencia de una conducta de exclusión étnico-cultural que se traduce en formas disfrazadas de racismo de sectores de la sociedad blanca y mestiza, instituciones gubernamentales y sistema de partidos políticos, que segregó a los pueblos indígenas y campesinos de los beneficios del incipiente crecimiento económico y de los servicios públicos. Existe una lacerante e inaceptable relación entre ser pobre y ser indígena, o ser pobre por ser indígena.
La irrisoria inversión pública municipal para facilitar infraestructura productiva, de caminos riego, red de energía eléctrica, almacenamiento y mercados al servicio de los productores del campo. Aún ahora, después de casi 10 años de la Ley de Participación Popular, muchos municipios destinan la mayor parte de sus recursos al gasto público en obras sociales sin impacto productivo directo para el área rural.
La terca y ciega persistencia de una equivocada filosofía de la cooperación internacional que considera que a la pobreza extrema se la combate con paliativos de «alivio a la pobreza» y con políticas sociales de «humanización» del ajuste estructural. Esta filosofía no reconoce en los indígenas, campesinos y pequeños productores la capacidad potencial de producir riqueza y generar excedentes, de participar y decidir para el desarrollo de sus regiones.
El mal uso de importantes asignaciones de recursos de la cooperación internacional que se diluyen en interminable cadenas de intermediación pública, ONGs. y costosos asesores internacionales para el desarrollo, antes de llegar eficaz y productivamente a sus destinatarios: los campesinos y pueblos indígenas.
La diversidad de enfoques sobre el desarrollo rural que conducen a la dispersión de acciones signadas por una persistente descoordinación de las agencias de cooperación internacional y países donantes que actúan cada una por su lado, sin concertar entre si y con la ciudadanía organizada y las agencias gubernamentales, nacionales y locales.
Como consecuencia de todo lo descrito anteriormente, la productividad agropecuaria campesina está estancada en niveles alarmantemente bajos. Los productos rurales que tienen altos costos de producción para bajos precios de mercado, no pueden competir en los mercados nacionales e internacionales ni en precios ni en calidad, salvo notables excepciones. A esta situación contribuye la acelerada erradicación de coca, sin amplios y sustentables programas de desarrollo alternativo en las áreas de origen de la migración campesina hacia el trópico de Cochabamba.
El saldo neto es el «deterioro de la base material productiva por sobreuso de los suelos, erosión, minifundización, aislamiento de las comunidades campesinas respecto de los mercados de consumo, contaminación ambiental y consecuente abandono del campo». Al mismo tiempo, el proceso de concentración de la propiedad de la tierra en el oriente del país continúa a pesar de los últimos esfuerzos por sanear la tierra.
No se ha logrado revertir las tierras que no cumplen la función económica social para destinarlas a nuevos asentamientos humanos de miles de campesinos sin tierras.
«AYUDA» INTERNACIONAL» Bolivia es el país que recibe la mayor cantidad de ayuda internacional en Latinoamérica, en los últimos veinte años un promedio cercano a 700 millones de dólares cada año. Esto revela la enorme fragilidad de la estabilidad económica y financiera que vivimos desde 1985. En otras palabras, esa «estabilidad es posible debido a la existencia de ayuda internacional».
En las actuales condiciones si la ayuda internacional desaparece, desaparecerá también la estabilidad. Lo que quiere decir que la situación económica en Bolivia es insostenible. Bolivia vive una estabilidad económica con bajo crecimiento y pésima redistribución de la riqueza, artificialmente logrados gracias a la ayuda externa. Ese es el milagro económico boliviano de los últimos veinte años.
Con esos recursos desde hace veinte años se vienen impulsando un conjunto desarticulado y discontinuo de acciones, que cada gobierno reiniciaba cada periodo gubernamental sin haber logrado articularlas en una estrategia de Estado de mediano y largo plazo que posibilite revertir la tendencia de empobrecimiento indígena campesino.
TENENCIA DE LA TIERRA EN BOLIVIA Bolivia tiene una superficie total de 108 millones de hectáreas
32 millones de hectáreas a 40.000 «empresas» 4 millones de hectáreas a 550.000 campesinos 72 millones de hectáreas son bosques, eriales, ríos, lagos, y superficies no aptas para la agricultura ni ganadería
* Los campesinos tienen en promedio
En el altiplano: 2.5 hectáreas de tierra En el valle: 3.6 hectáreas En el oriente: 30.0 hectáreas
* Las «empresas» tienen en promedio
En el Oriente: De 700 a 50.000 hectáreas
* Tierras cultivadas
1.217.000 hectáreas son cultivadas por campesinos 83.000 hectáreas son cultivadas por «empresas»
* Producción de alimentos
Los campesinos producen el 70% de alimentos Las «empresas» producen el 20% El 10% restante del consumo nacional de alimentos son importaciones
Los campesinos cultivan el 95% del total de la tierra en su poder y producen el 70% de todos los alimentos que consumen los bolivianos. Mientras tanto, las «empresas» únicamente cultivan el 0,3% de las tierras que se han apropiado, principalmente para cultivos de exportación.
Durante las dictaduras, el Consejo de Reforma Agraria» entregó gratuitamente 17 millones de hectáreas en el oriente a «empresarios». La mayoría de ellos nunca han visto siquiera esas tierras. Por ello, los campesinos exigen esas tierras no trabajadas para que las doten a sus comunidades.
El problema agrario no es un dilema de intermediación, precios o productividad. Los campesinos bolivianos han sido despojados de las tierras productivas y es necesario iniciar un nuevo proceso de redistribución de tierras con características diferentes a las de la década de 1950. Proceso que requiere impajaritablemente de una nueva legislación agraria que exprese las necesidades de los campesinos e indígenas.
Durante las décadas pasadas, las tierras habilitadas para la agricultura y ganadería fueron concedidas en su mayoría a ciudadanos que jamás pisaron esos suelos y nunca intervinieron para hacerlos producir. A partir de la Ley de Reforma Agraria de 1953 las mejores tierras, la provisión de insumos, el crédito están exclusivamente orientados a dichas empresas. Mientras tanto, «de cada cien campesinos que dejan el altiplano definitivamente, 85 señalan que lo hacen porque no tienen tierra».
LA UTOPIA POSIBLE Los diferentes esfuerzos legales y revolucionarios de los indígenas para la ocupación de tierras han chocado contra la tramitología que en Bolivia tiene carácter de peste. Demoran eternamente y son influenciadas por maniobras de los terratenientes y la parcialización de autoridades y funcionarios. Cuando llegan a dictarse, las resoluciones defraudan mas que satisfacen las expectativas de los demandantes.
La muy desigual relación de fuerzas dentro de la sociedad pone a las organizaciones indígena-campesinas en una marcada inferioridad frente a los terratenientes cuya estrategia usa variados y eficaces medios.
La situación actual es el fruto amargo de la inicial expoliación colonial, las transformaciones neoliberales posteriores del agro. Las diferencias respecto de la significación y función de la tierra, la imitación irracional por los campesinos de los modelos dominantes, una economía nacional volcada hacia la dependencia externa, son, junto a la injusta tenencia de la tierra, la raíz profunda del conflicto agrario que vivimos.
Cuando los campesinos e indígenas relatan sus problemas manifiestan determinación pero no odio, y su esperanza a pesar de las frustraciones experimentadas. Con ese impulso centenares de indígenas marchan hacia la ciudad de La Paz, convencidos que la lucha por una mejor redistribución de la tierra ha llegado.
El actual conflicto involucra a grupos de indígenas y campesinos no homogéneamente caracterizados. El objeto de esta lucha multiforme es la posesión estable de la tierra, base de la existencia familiar y grupal como lugar de asentamiento, fuente de subsistencia, matriz de su cultura y forma de vida.
Bibliografía «Análisis de la realidad», edit. Caritas, Bolivia, 2003 «El derecho a la tierra», edit. Defensor del pueblo, Bolivia, 2004 «Tierra y poder campesino», edit. CEDLA, Bolivia, 2004