Ante la negativa del gobierno de modificar las preguntas contenidas en el referéndum del 18 de julio, demanda que fue planteada por los movimientos sociales del país que exigían que dicho referéndum girara en torno de una sola pregunta: «Nacionalizar los hidrocarburos, ¿si o no?», la Coordinadora de Defensa del Gas está desarrollando una interesante […]
Ante la negativa del gobierno de modificar las preguntas contenidas en el referéndum del 18 de julio, demanda que fue planteada por los movimientos sociales del país que exigían que dicho referéndum girara en torno de una sola pregunta: «Nacionalizar los hidrocarburos, ¿si o no?», la Coordinadora de Defensa del Gas está desarrollando una interesante campaña de recolección de firmas de aquellas personas que están de acuerdo con llevar adelante una política de nacionalización.
Según sus organizadores, esta campaña constituiría un referéndum popular y alternativo al referéndum organizado por el Poder Ejecutivo, toda vez que captaría el sentimiento y la voluntad de una buena parte de la población boliviana que de este modo estaría expresando una decisión no contemplada ni permitida en el referéndum convocado por Carlos Mesa.
Este referéndum popular y alternativo se funda en la necesidad de nacionalizar los hidrocarburos que fueron «desnacionalizados» por las leyes gonistas (Ley 1689, Ley 1731 y DS 24806) a partir del año 1996, entendiendo por nacionalización al acto político de recuperar para el Estado boliviano todas las reservas de gas y de petróleo existentes, anular -y en su caso modificar- los 84 contratos de riesgo compartidos firmados con las empresas petroleras transnacionales, a objeto de que el Estado pueda nuevamente cobrar el 50 por ciento de regalías en boca de pozo..
Junto a esa definición de nacionalización, la Coordinadora de Defensa del Gas se plantea soluciones a interrogantes como: ¿Porqué nacionalizar? Por razones jurídicas, económicas y políticas. Veamos,
a) Jurídicas: Las empresas petroleras transnacionales han firmado contratos con el Estado boliviano que vulneran la Constitución Política del Estado en su artículo 137. No sólo eso, una vez firmados dichos contratos, han incumplido la propia legislación hidrocarburífera que los cobijó, particularmente el artículo 30 de la Ley 1689 que obliga a las petroleras a perforar un pozo por parcela concedida. Además de ello, las petroleras han cometido actos delictivos como ser: contrabando de hidrocarburos a Chile y Brasil, y evasión de impuestos al Estado por valor de 600 millones de Bs., según denuncia del propio Servicio de Impuestos Nacionales. Por tanto, es necesario restablecer y aplicar la ley en toda su extensión, de manera que la seguridad jurídica no sea un chantaje a la medida de las transnacionales, sino un derecho de todos y todas.
b) Económicas: Las empresas petroleras se llevan el 82 por ciento de las ganancias, mientras que el Estado boliviano se queda con un miserable 18 por ciento. Esta relación inequitativa e injusta no puede continuar. Por tanto, es necesario que el Estado tenga dominio y control absoluto sobre sus recursos naturales (gas, petróleo, minerales y otros), de manera que el excedente económico hidrocarburífero o la riqueza nacional sea destinada a la creación de un modelo de desarrollo basado en la equidad y la justicia social.
c) Políticas: De acuerdo con el diagnóstico de la Coordinadora, el modelo neoliberal que protegió los intereses privados y transnacionales ha entrado en crisis y no se puede prolongar la ilusión de que con este modelo se van a resolver los grandes problemas del país. La Guerra del Agua en abril del 2000, la Guerra contra el Impuestazo en febrero del 2003 y la Guerra del Gas en octubre del 2003 son los síntomas claros de que los movimientos sociales que protagonizaron esos acontecimientos han identificado al modelo neoliberal como el responsable de la venta del país a los intereses foráneos. Por tanto, es necesario construir un nuevo proyecto político, bajo principios de organización colectiva y participativa que resguarden una identidad múltiple: clasista, indígena, urbana y rural. Esto será posible con la próxima Asamblea Constituyente que deberá «nacionalizar el Estado boliviano», hoy bajo dominio del capital transnacional.
Siguiendo con la propuesta de la Coordinadora, ¿cómo nacionalizar? Con la unidad, la organización, la movilización, una propuesta o programa de nacionalización consensuado y -como advertía un trabajador campesino del oriente- con una dirección política que represente a las organizaciones y los movimientos sociales del país. Vale decir, con un cuerpo social que tiene pies, manos y cabeza, o lo que es decir también, con la reconstitución del cuerpo de Tupác Katari que a tiempo de ser desmembrado juró volver convertido en millones.
¿Cuando nacionalizar? El proceso de nacionalización ya empezó en octubre del 2003, cuando el pueblo boliviano se pronunció contra la venta de gas a Chile y por la recuperación de los hidrocarburos para el pueblo de Bolivia. Y esa voluntad debe ser extendida y materializada en todos los espacios y escenarios políticos que permitan una mayor acumulación de fuerzas en favor de la nacionalización, hasta que esta consigna se convierta en una «religión popular». Y esos escenarios son el referéndum popular (o recolección de firmas por la nacionalización), las elecciones municipales, la Asamblea Constituyente y, principalmente, el escenario de la lucha callejera que puede darse al margen o en forma paralela a la agenda política ya fijada. Será en definitiva la lucha callejera la que puede acortar o prolongar los plazos de la nacionalización.
Finalmente ¿para qué nacionalizar? a) para dejar de comprar gas y petróleo a las transnacionales, b) para recuperar reservas de gas y petróleo por valor de 120.000 millones de dólares, c) para industrializar el gas y petróleo en territorio boliviano, d) para refundar YPFB, e) para generar fuentes de empleo, invertir en educación, salud, caminos y servicios básicos y, f) para recuperar nuestra soberanía y dignidad nacional. En suma, esa es la propuesta de la Coordinadora del Gas sobre la Nacionalización de los Hidrocarburos.
Grupo de Apoyo a los Movimientos Sociales (GAMS)