El Art. 30 de la Ley de Hidrocarburos N° 1689 de 1996 expresa que «…si en el plazo de cinco años desde la notificación a YPFB y a la Secretaría Nacional de Energía de la declaratoria de un descubrimiento comercial, el interesado no hubiese efectuado la perforación de al menos un pozo productor o de […]
El Art. 30 de la Ley de Hidrocarburos N° 1689 de 1996 expresa que «…si en el plazo de cinco años desde la notificación a YPFB y a la Secretaría Nacional de Energía de la declaratoria de un descubrimiento comercial, el interesado no hubiese efectuado la perforación de al menos un pozo productor o de inyección en cada una de las parcelas seleccionadas, éstas serán obligatoriamente devueltas»…
Asimismo, en los Contratos de Riesgo Compartido firmados a partir de 1997, en la cláusula novena, se estipula que las empresas deberán invertir o efectuar la devolución de parcelas (un cuadrado de 5 Km. por cada lado) conforme a lo estipulado por la Ley. Todas firmaron y aceptaron esa condición.
En la práctica, ¿cómo se aplica esta obligación contractual? Por ejemplo, en el Campo Margarita, el cual tiene 36 parcelas, se tienen que perforar 36 pozos en 5 años. Sino, se devuelven las áreas con reservas de gas al Estado. Al momento Repsol solo ha perforado 3 pozos en dicho campo. Si no perfora más pozos, debería devolver 33 parcelas al Estado. Tal vez la aplicación de esta obligación contractual de las empresas sea más efectiva que cualquier medida del Presidente Mesa para la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos.
La concesión de áreas petroleras que el Estado les hizo a las empresas no es para que ellas las guarden y aumenten el valor de sus acciones en las bolsas internacionales, sino para que las empresas busquen mercados, perforen pozos y produzcan, y así le den valor económico (ingresos fiscales, actividad económica) a las reservas que el Estado les ha concedido mediante los contratos. Esa es la finalidad de la Ley de exigir a las empresa la perforación de al menos un pozo en cada parcela. Y es normal en todo el mundo.
Resulta que después de 6 años de actividad exploratoria bajo esos contratos, y al haber descubierto muchísimo más gas del las empresas necesitaban para el contrato a Brasil, se hizo el primer cambio en los contratos: bajo la gran presión de las petroleras, mediante la gestión de varios bolivianos desde dentro y fuera de las esferas del Gobierno, en el 2001, tan pronto el ex-Presidente Quiroga asume el mando, se aprueba el DS 26366, el cual cambia las reglas y permite a las empresas mantener la propiedad de las áreas con reservas de gas sin la obligación de perforar al menos un pozo en cada parcela.
Cada pozo tiene un costo promedio de 25 millones de dólares. Se liberó así a las petroleras de su obligación contractual de invertir más de 2300 millones de dólares, a cambio de nada para el Estado, según La Prensa del 27 de julio de 2004.
Aun si se ejecutó con la ayuda de altos funcionarios del Estado, fue una flagrante violación al Contrato de Riesgo Compartido y a La Ley de Hidrocarburos.
Al haberse descubierto ese daño mayor al Estado, en febrero de este año el Presidente Mesa abrogó ese decreto.
Pero ahora viene lo grave: en el nuevo proyecto de Ley de Hidrocarburos recientemente presentado al Congreso (llamado «Proyecto de Ley de Cumplimiento y Ejecución del Referéndum) ya no existe esa obligación de las empresas de perforar un pozo por parcela si quieren retener las áreas con reservas de gas. En otras palabras, de aprobarse dicho proyecto de ley, al eliminar la Ley de Goni se elimina también su Articulo 30, y como no se lo reemplaza por ningún otro articulo igual, ya no existiría esa obligación para las empresas. En los hechos, el Presidente Mesa quiere hacer lo mismo que hizo el ex-Presidente Quiroga, pero por un medio aun más poderoso: ya no mediante un decreto sino bajo una ley.
Y aunque el Presidente haya indicado que, una vez aprobada su «ley corta», inmediatamente, a las 24 horas presentará una nueva ley de hidrocarburos: ¿Quién va a creer que el Ejecutivo vaya a reponer esta obligación contractual de las empresas petroleras que implica una inversión de 2300 millones de dólares en la perforación de un pozo por parcela?
El presidente Mesa evita referirse a este punto en sus intervenciones públicas. Y la mayoría de los bolivianos, al no conocer este tema, dejan pasar este hecho, sin saber el gran perjuicio que se esta urdiendo en contra de los intereses del Estado. Como nadie se ha dado cuenta: ¿No será éste el motivo del apuro del Presidente para que se apruebe cuanto antes su proyecto de Ley?
Si las empresas quieren mantener la propiedad de las áreas con reservas de gas, deben cumplir con sus obligaciones contractuales de invertir, caso contrario deben devolver al Estado -tal como se establece en los contratos, y en la ley- las áreas con reservas de gas que no contengan como mínimo un pozo por parcela. ¿Porque el Estado va a ceder esa cláusula contractual que le permite que se hagan inversiones en el país? Y lo que es peor; ¿a cambio de qué el Presidente Mesa está proponiendo este cambio en los contratos?; a cambio de nada. Lo mínimo que se debe hacer es mantener esa obligación vigente, y si bien no hay mercados para el gas que se pueda producir con esos nuevos pozos, se debe utilizar dicha obligación como poderosa arma de negociación, para que dichas inversiones no se anulen, sino que se dediquen a proyectos de industrialización o proyectos de gas domiciliario.
Podemos ganar en un arbitraje internacional. O invierten o devuelven las áreas con gas. Pero no se deben permitir estos cambios de los contratos que son lesivos a los intereses de este empobrecido Estado.