Diputados intentó definir anteayer en Comisiones cómo encarar el debate por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En una jornada larga y discutida se votó realizar audiencias públicas y pasar a un cuarto intermedio hasta el viernes 11. Idas y vueltas, argumentos y sus contras, intereses cruzados y hasta la intervención de los medios […]
Diputados intentó definir anteayer en Comisiones cómo encarar el debate por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En una jornada larga y discutida se votó realizar audiencias públicas y pasar a un cuarto intermedio hasta el viernes 11. Idas y vueltas, argumentos y sus contras, intereses cruzados y hasta la intervención de los medios ponen este debate en un lugar en el que hace mucho deseábamos se esté, aunque hoy no sepamos cómo terminará.
«Los medios no hablan de sí mismos». Esta afirmación es ya una frase hecha en las carreras de Comunicación y otros espacios afines. Sin embargo, a la fuerza, por ver sus intereses en juego, hoy están discutiendo las normas que los pueden llegar a regular.
Increíblemente para muchos de nosotros, las pantallas de la mayoría de los canales de noticas trasmitieron casi entera la sesión plenaria entre las comisiones parlamentarias de Libertad de Expresión, Hacienda y Presupuesto y Comunicación sobre el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que presentó el Ejecutivo.
Desde el jueves pasado, día en que la Presidenta anunció por cadena nacional que enviaba el proyecto al Congreso, diputados y «expertos» circularon por las pantallas de cuanto programa político hubo y de algunos noticieros. Las inexactitudes fueron bastante recurrentes en los primeros días y continuaron en baja, pero presentes. Que las licencias vencían el año próximo, que se renovarían cada dos años, que el proyecto es para «controlar a los medios» o un «ataque a la prensa», entre muchas otras cosas se dijeron y escribieron.
Por lo menos ayer, los diputados habían leído la propuesta del Ejecutivo y sobre eso, en parte, discutieron. La sesión, que comenzó a las 10.30, fue antecedida por una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión, presidida por la radical Silvana Giudice, cuya posición fue de permanente crítica al proyecto. «Ésta es una ley que viene al Congreso con fuerte polémica y con el rechazo de casi todos los bloques de la oposición, así que lo que pretendemos es sostener audiencias en todo el país para poder recoger la opinión de todos los argentinos en este tema», sostuvo.
La diputada informó en la plenaria, lo que se había resuelto en la reunión previa: debatir el proyecto artículo por artículo y convocar a siete audiencias públicas en siete regiones del país (del 25 de setiembre al 27 de noviembre), repitiendo la experiencia de debate de 2001 de otro proyecto sobre radiodifusión que no llegó a ser ley.
Aquí se planteó el primer escollo. El diputado kirchnerista Manuel Baladrón -presidente de la comisión de Comunicación- que piloteó la sesión durante varias horas, propuso escuchar al interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, para que explique el contenido del proyecto. Pero Giudice y otros aliados del PRO insistían en acordar primero un cronograma de trabajo y de debate del proyecto antes de comenzar las intervenciones. Votar lo resuelto por Libertad de Expresión fue la postura insistente que finalmente fracasó.
Mariotto no habló del proyecto en sí sino que destacó la importancia de haber superado presiones (en referencia a los grupos económicos de multimedia) y de que se llegue a una propuesta sostenida por «el pueblo movilizado y el Ejecutivo». Además, propuso poner en el centro de la escena el debate de un diseño comunicacional que sea la antítesis del diseño censor, restrictivo y monopólico de la ley actual. Pidió «honestas miradas y honestas disidencias». Afirmó que si se estigmatizan y sesgan los artículos del proyecto «es porque se quiere posponer el debate».
Mariotto sorprendió a los presentes anunciando que acababa de firmar la definitiva denegatoria para la fusión de Multicanal y Cablevisión. Medida que opera en sentido inverso a la firma, esta semana, del decreto 1145/09 que posibilita que los medios canjeen deuda impositiva por publicidad oficial. Recordemos que esta medida fue anunciada en mayo pasado para «favorecer a los medios pymes» pero que, según confirma este decreto, favorecerá también a los grandes medios. Una de cal, una de arena.
A continuación, todos los que intervinieron manifestaron su voluntad de debatir el proyecto. Desde todo el arco opositor plantean la necesidad de un debate profundo. Parte de la oposición (Coalición Cívica, UCR, PRO) lo piensa tan profundo que lo más posible terminen después del 10 de diciembre cuando se renueven las bancas y el kircherismo pierda la mayoría. Por el lado de la oposición de centroizquierda (Bloque del SI, Bloque del Proyecto Sur) se plantea un debate profundo y racional, con audiencias públicas que se agoten cuando el último haya hablado, y no un debate express ni uno eterno por el que no se sancione ninguna ley.
El debate sobre la ley
Además de discutir sobre cuántas audiencias, dónde y con qué reglamento, en general los distintos legisladores coincidieron sobre al menos dos cuestionamientos al proyecto del Ejecutivo.
El primero tiene que ver con la posibilidad que esta norma abra el ingreso de las empresas telefónicas a las licencias de medios de comunicación. Reiterados argumentos coincidieron en que las restricciones planteadas en el proyecto serían insuficientes para impedir que se constituyan oligopolios.
Algunos más específicos comenzaron a analizar el artículo 25 del proyecto que en su inciso III postula que no será aplicable la imposibilidad de ser licenciatario «…cuando se trate de personas jurídicas con fines de lucro prestadoras de servicios de telecomunicaciones» y aclara que «…estas deberán acreditar que se encuentran garantizadas y plenamente disponibles y operativas para una porción mayor a la mitad del mercado respectivo, en forma previa a la solicitud de la licencia» siempre que cumplan con determinadas condiciones como la interconexión, la portabilidad numérica y otras que ya deberían estar cumpliendo desde hace casi 10 años.
El segundo nudo de debate se relacionó con la centralización de poder decisorio por parte del Ejecutivo en la estructura de las Autoridades de Aplicación, que son las encargadas de otorgar las licencias y de ejercer el control del cumplimiento de la ley. La mayoría coincidió en que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual no debe depender de la Secretaría de Medios de la Jefatura de Gabinete y que los integrantes no deberían ser elegidos por el Poder Ejecutivo.
Así lo afirma el Artículo 14 del proyecto: «La conducción y administración de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual será ejercida por un Directorio integrado por cinco (5) miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional».
Además, las críticas coincidieron en que otras instancias de control deben tener una composición con integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo pero también con actores comunitarios y los diferentes sectores sociales involucrados.
Otros puntos menos expuestos fueron: la necesidad de incorporar la regulación sobre la distribución de la pauta publicitaria oficial -para que no sea discrecional- y el acceso público a la información, como dos elementos esenciales para fortalecer el derecho a la libertad de expresión.
Uno de los pilares sobre los que se promocionó el proyecto y que no existe como tal en el mismo es la división del espectro en tres tercios, uno para empresas privadas, otro para el Estado y el tercero para organizaciones comunitarias. Sin embargo desde el anteproyecto lo único que se menciona en este sentido es la reserva del «treinta y tres por ciento (33%) de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura para personas de existencia ideal sin fines de lucro». Esta inexistencia del conocido 3×33 sólo fue mencionada por el diputado kirchenrista Julio Piumato sin respuesta por parte del interventor del Comfer.
Y para los que pensaron o quisieron hacerle creer a muchos que las licencias vencen en un año, el diputado Lozano recordó y preguntó por el Decreto 527/05 que prorrogó por 10 años las licencias. Mariotto respondió que seguirá vigente.
Todo tiene un final…
La tranquilidad en que se dieron las exposiciones (probablemente debido a la televisación por diferentes medios) se alteró con la votación final.
Una mayoría (aun dudosa) aprobó la propuesta kirchnerista del Frente para la Victoria de comenzar el próximo martes con las audiencias públicas que se realizarían en una misma semana (la próxima) en el ámbito del Congreso. Frente a esto se generó un gran alboroto debido a que la propuesta opositora embanderada por la UCR + Colación Cívica + Unión PRO era la de realizar audiencias públicas hasta fines de noviembre en todo el país.
Una nueva reunión plenaria se realizará el viernes 11 a partir de las 10 de la mañana. Hasta entonces podrían juntarse las comisiones afectadas con los presidentes de los diferentes bloques políticos y los de las comisiones que intervienen.
Luego de este final, la duda es si será posible generar los consensos necesarios para promulgar una ley que, luego de 26 años de ser postergada, no es una ley más. Y, sin duda la repercusión social, mediática y política, lo demuestra.