La Paz abril 3, 2005.- Mientras los precios del petróleo y del gas siguen batiendo record en el mercado mundial, las empresas petroleras que operan en Bolivia recurren a todos los recursos a su alcance para «demostrar» que, la nueva ley de hidrocarburos que se estudia en el Congreso Nacional será la ruina del negocio […]
La Paz abril 3, 2005.- Mientras los precios del petróleo y del gas siguen batiendo record en el mercado mundial, las empresas petroleras que operan en Bolivia recurren a todos los recursos a su alcance para «demostrar» que, la nueva ley de hidrocarburos que se estudia en el Congreso Nacional será la ruina del negocio y Bolivia perderá la oportunidad de explotar los hidrocarburos. La alarma con la que actúan no es más que la queja de quien, sabiendo que tendrá su parte, quisiera ser el único que aproveche la situación.
Este domingo, usaron a los operadores de servicio. Ayer lo hicieron con las pequeñas empresas. La semana anterior fueron los empresarios en general. Y desde varios meses atrás, los comités cívicos de alguna región dizque beneficiaria de un esquema de explotación que se lleva todo el beneficio al exterior y que aún sigue vigente, en tanto no se apruebe la nueva ley.
En tanto, la nueva ley va encontrando consenso, pese a que no refleja la totalidad de las demandas populares. La nacionalización como extremo
Cuando se inició la lucha por la recuperación de los hidrocarburos, grupos radicalizados plantearon la nacionalización de este recurso natural. La historia de Bolivia registra dos episodios de este carácter. En 1937, poco después de una guerra que enfrentó a Bolivia con su vecina Paraguay, se nacionalizaron las concesiones que tenía la poderosa transnacional Standard Oil y se creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Tres décadas después, en 1969, los hidrocarburos estaban nuevamente en manos de empresas extranjeras -esta vez Gulf Oil- y debió dictarse una segunda nacionalización, incluyendo la confiscación de sus bienes. En cada uno de estos casos, el país debió pagar indemnizaciones a estas empresas, cuyas cuotas debieron arrastrarse por varios años.
La entrega de estos bienes en la etapa actual, como resultado de la aplicación del modelo neoliberal, puso muchas previsiones para desanimar cualquier intento de recuperación. Los ministros del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en su primer periodo (1992- 1997), se ufanaban de haber firmado contratos a los que sería imposible modificar una tilde. En realidad, no tenían porqué estar orgullosos, pues los contratos fueron elaborados por los abogados de las empresas explotadoras.
Evidentemente, no sólo se ocuparon de cubrir sus inversiones, valuándolas exageradamente y poniéndolas en custodia del arbitraje internacional, sino que se pusieron por encima de la Constitución Política del Estado, obteniendo el traspaso de la propiedad de los hidrocarburos y, para colmo, declarando la confidencialidad de los contratos.
Por cierto, al país le entregaban el 18% de una regalía calculada sobre el precio «en boca de pozo»; si se estima que los gastos son entre un 20 y un 25 %, loa ganancia era y sigue siendo tan alta, que no debe haber otro lugar tan apetecible para esta explotación. De hecho, si se produjera la nacionalización reclamada por estos sectores, Bolivia se enfrentaría a una demanda multimillonaria (entre 5 y 7 mil millones de dólares), que duplicaría la deuda externa del país, en el hipotético caso de que alguien pudiese darnos un crédito de esa magnitud para hacer frente a las demandas que se nos plantearía.
El bondadoso ICH
El gobierno de don Carlos Mesa -que ha tenido cinco ministros de hidrocarburos en un año y medio de administración-, ha propuesto desde un inicio una fórmula que mantiene el 18% de las regalías, con el argumento de que los contratos establecen que éstas son inalterables, y un impuesto complementario (ICH) que llegaría paulatinamente hasta el 32% en la medida en que aumentasen los volúmenes de explotación. Todos los cálculos que se hicieron no alcanzaban esa cifra en los próximos 20 años. Por lo demás, según el mismo proyecto, era deducible del impuesto a las utilidades.
Aunque es evidente que el gobierno, al asumir esa propuesta, se pone al frente de las demandas de la mayoría de los sectores sociales, es posible asumir que trata de encontrar un término medio que conduzca a un entendimiento con las petroleras. Sin embargo, cuando en el Congreso Nacional se hizo evidente que su propuesta no prosperaba, inició una campaña que, en el afán de desprestigiar las posiciones contrarias a la suya, terminó creando una imagen de incertidumbre generalizada que le ha hecho un daño grave al país.
Partir la ganancia
La posición que fue ganando consenso fue la imposición de una regalía del 50%. El gobierno mantuvo una fuerte oposición, lo que determinó que la propuesta tuviera el apoyo mayoritario de la población. El dilatado debate que se produjo alrededor de estos factores, llegó a su punto culminante cuando, hace dos semanas, la cámara de diputados aprobó una fórmula mediatizada entre la fórmula del gobierno y la demanda del 50%. Esta propuesta mantiene el18% de las regalías y fija un impuesto del 32% en boca de pozo no deducible en el país pero sí en el exterior.
Aunque el MAS ha anunciado que mantiene su oposición y exigirá que se establezca su propuesta del 50%, la larga batalla está culminando y, todo indica que se habrá alcanzado una considerable recuperación. Las empresas se quedan
Volviendo al principio, las empresas petroleras están librando sus últimas batallas para retener sus jugosas ganancias, pero saben que, finalmente, tendrán que acomodarse a las nuevas reglas del juego. A fines de este mes, se habrá alcanzado la aprobación de una ley que, sin satisfacer ni a unos ni a otros, será un buen punto de partida para encarar, la explotación del gas con beneficios para el país.