La posibilidad de revocar el mandato a autoridades elegidas por la vía del voto es un importante avance en la implementación de una democracia participativa, donde el ciudadano deje de ser un convidado de piedra en la gestión de los asuntos públicos. La democracia representativa posibilita el ejercicio de una ciudadanía «a medias», en sentido […]
La posibilidad de revocar el mandato a autoridades elegidas por la vía del voto es un importante avance en la implementación de una democracia participativa, donde el ciudadano deje de ser un convidado de piedra en la gestión de los asuntos públicos. La democracia representativa posibilita el ejercicio de una ciudadanía «a medias», en sentido que el ciudadano concurre a las urnas cada determinado tiempo a elegir a candidatos que son cada vez más lejanos, en la medida en que las campañas de los últimos tiempos más que acercar propuestas de trabajo a la ciudadanía están dedicadas a generar guerras mediáticas entre diversas fuerzas que, en el fondo, resultan siendo lo mismo.
La posibilidad que se abre en la actualidad, a partir de la presentación de un proyecto de ley que norme el referéndum revocatorio como una forma de consulta a los ciudadanos para determinar si las autoridades que han sido electas siguen siendo legítimas, viene a ser una herramienta de participación que, por una parte posibilitará al pueblo boliviano pronunciarse a través del voto y determinar si sigue respaldando a quienes eligió hace ya dos años o si les quita el apoyo y, por la otra, nos permitirá analizar las medidas de gobierno ejecutadas hasta el presente, buscar información al respecto y reflexionar seriamente sobre el futuro de nuestro país para determinar el voto por la revocatoria o la confirmación. En definitiva, si bien el referéndum revocatorio sigue estableciendo una participación a través del voto, permite una participación más directa del ciudadano en la gestión de la cosa pública y en la determinación de las políticas del país.
Lo curioso en la posibilidad de implementar esta herramienta, es que la propone un Presidente que viene siendo calificado de autoritario y antidemocrático por prácticamente toda la oposición existente en nuestros días. Y este dato resulta curioso porque en la última década hemos tenido en Bolivia a ex dictadores como presidentes, a presidentes que han preferido generar cantidades enormes de muertos antes que dejar el poder y, también, presidentes que han amenazado una y otra vez con renunciar a su mandato – renuncias mentirosas, por supuesto – como formas de generar una legitimidad entrecomillada. Es decir: los presidentes «demócratas» del último tiempo han utilizado las medidas más diversas para permanecer en el poder pero jamás se les ha ocurrido consultar seriamente a la población, a partir de un procedimiento diseñado a tal fin, sobre su posibilidad de permanecer en el poder o irse. Y, paradójicamente, el presidente «autoritario» es el único que se ha animado a hacer una interpretación extensiva de la Constitución actual (extensiva en términos de profundizar las herramientas democráticas más allá de lo estrictamente establecido por el texto constitucional) y proponer que sea la población la que defina si debe irse o permanecer en el poder. Un dato como para reflexionar sobre los calificativos que otorgamos a los distintos personajes que pasan por el poder, ¿no?
El procedimiento y modalidad a través de la cual se realice el referéndum revocatorio será tema de discusión, seguramente, ya que debe establecerse un procedimiento que permita una amplia participación de la población a la vez que posibilite que esa participación sea realmente informada; es decir, que el pueblo pueda manifestarse sobre la base de información real y no sobre la base de los slogans que solemos ver como propaganda masiva. Pero el hecho de que se haya presentado esta propuesta y de que el presidente esté dispuesto a consultar al pueblo sobre su continuidad, no es un dato menor ni puede ser dejado de lado.
Como tampoco puede dejar de observarse desde qué sectores se alzan las voces de oposición a este proyecto. ¿Los prefectos «demócratas» de nuestro país estarán dispuestos a poner su mandato en consulta popular? ¿O encontrarán alguna forma de mostrar a esta iniciativa como otro acto «autoritario» de parte del gobierno?