Quienes habitan el ficticio mundo del Dr. Pangloss -ese personaje plano y mítico del imaginario volteriano, con su optimismo y obnubilación enfermiza, coronada de una amnesia mefistofélica aguda que pronuncia el agnosticismo kantiano – están irremediablemente inhabilitados para recordar -y prever por supuesto- el verdadero y profundo significado histórico de la presencia del imperialismo de […]
Quienes habitan el ficticio mundo del Dr. Pangloss -ese personaje plano y mítico del imaginario volteriano, con su optimismo y obnubilación enfermiza, coronada de una amnesia mefistofélica aguda que pronuncia el agnosticismo kantiano – están irremediablemente inhabilitados para recordar -y prever por supuesto- el verdadero y profundo significado histórico de la presencia del imperialismo de todo signo y de todos los tiempos en nuestros suelos, así como la posterior intromisión de las grandes potencias e inversiones extranjeras y de sus empresas transnacionales en nuestro país que han succionado nuestros recursos y los han usufructuado en función de sus procesos de acumulación y reproducción de capital que, a la par, han engendrado sistemáticamente subdesarrollo, dependencia y atraso en nuestras economías periféricas subordinadas a los grandes centros de los países del capitalismo avanzado. La rapiña, la usura, el despojo, la destrucción, la barbarie, la represión y la anexión de territorios y naciones, constituyen las verdaderas leyes capitalistas que operan desenfrenadamente, descarnadamente, con el fin supremo de garantizar la reproducción de ese sistema monstruoso en escala ampliada.
En el panglossiano mundo del sr. Peña Nieto y del régimen priísta – que asegura que vivimos en «el mejor de los mundos posibles»- «todo marcha sobre ruedas» y, como se dice por allí: «se vive una calma chicha». No importan la caída acumulada de 11 meses de las remesas que afectan a miles y miles de familias proletarias que dependen preferentemente de ellas como medio de subsistencia; el retorno de cientos de trabajadores indocumentados mexicanos debido a la contracción de la actividad económica en Estados Unidos con la «esperanza» de encontrar algún empleo en el precarizado mercado de trabajo mexicano o, a lo sumo, en la extendida informalidad que ya cubre un espectro poblacional de más de 30 millones de personas y que es lo único que se crea y recrea en el país de manera sistemática; la desaceleración de la tasa de crecimiento económico que, según distintos analistas, este año de 2013, con dificultades, alcanzará 1.5%; el constante déficit de las balanzas comercial y de pagos que incrementa el endeudamiento externo y debilita los presupuestos fiscales del Estado; el desempleo abierto en aumento; el incremento de la pobreza; la inseguridad, la violencia institucional y la sistemática violación de los derechos humanos; el constante aumento de los precios de los artículos de primera necesidad que consume la gran mayoría de la población y, por supuesto, de los artículos que integran el fondo de consumo de la fuerza de trabajo. En ese mundo corporativo y panglossiano tampoco importa el creciente malestar social que ha causado grandes movilizaciones por parte de la población afectada por la crisis y las reformas, resaltando al respecto la lucha y la movilización del magisterio nacional aglutinado en torno a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otras fuerzas sociales y políticas como los electricistas, los estudiantes y las escuelas rurales del país.
Todas estas «pequeñas variables» -ignoradas o subestimadas por las clases dominantes, por las autoridades federales y sus ideólogos que exigen la represión de las fuerzas opositoras a las políticas neoliberales- serán solventadas y superadas, dicen los voceros y representantes del régimen, una vez que sean aprobadas las mal llamadas «reformas estructurales» por el benemérito poder legislativo de la Unión bajo el mandato del Pacto por México (PpM), ese instrumento corporativo, elitista y burocrático resucitado de las viejas y anquilosadas prácticas autoritarias y cupulares del pasado que tanto implementó el partido único durante más de 70 años y que ahora es implementado por el gobierno y por la partidocracia del PRI-PAN-PRD a su servicio.
Después de las reformas neoliberales aprobadas por el poder legislativo en materia de telecomunicaciones, laboral y educativa, ahora continúan la hacendaria -que contempla aumentar los impuestos al Valor Agregado (IVA) incluyendo a los hasta ahora exentos alimentos y medicinas-; el aumento del impuesto sobre la renta (ISR), o sea, los ingresos cautivos de quienes ya son objeto del leonino gravamen por parte del fisco, y el retiro a los subsidios a las gasolinas concomitante con el aumento constante de su precio, entre otras medidas lacerantes para la enorme masa de la población que contienen dichas reformas, hasta ahora, ocultas a la opinión pública.
Por supuesto, no se tocan, ni con el pétalo de una rosa, los intereses, beneficios, privilegios y los ingresos de las grandes fortunas y negocios de las minorías del país, las cuales son -y han sido- hasta ahora las verdaderas beneficiarias de la política fiscal del gobierno. Éste, a partir del 8 de septiembre, dentro de esta interminable cascada de reformas, enviará al Congreso la humillante y entreguista «reforma energética,» -auténtico engendro desnacionalizador- que modifica los artículos 27 y 28 de la constitución política del país y que, esencialmente, consiste en la privatización de los energéticos y su concesión indebida al capital privado para usufructuar la plusvalía y las ganancias (la llamada «renta petrolera») a su favor mediante la celebración de «contratos de utilidad compartida» expedidos por el gobierno federal a través de la empresa Pemex que se mantendrá en su estatus formal como «empresa pública», pero sólo como un halo del cascarón.
Esta evidente entrega de los recursos energéticos del país al capital privado, preferentemente extranjero y a las empresas transnacionales, particularmente norteamericanas, generará un enorme boquete o precipicio fiscal en las finanzas del Estado al consentir y estimular esta transferencia de la plusvalía y de los beneficios petroleros y eléctricos hacia los poderosos procesos de acumulación y reproducción de dicho capital. Y no hay vuelta de hoja, puesto que los contratos de utilidad compartida eso significan: compartir las ganancias que resulten de la exploración, explotación, distribución y comercialización de los productos energéticos, bajo la forma de mercancías, con las grandes firmas transnacionales que se llevarán la tajada de león, dejando las migajas para las mermadas finanzas del Estado, las cuales evidentemente serán insuficientes para cubrir los gastos en materia social, en salud, educación, vivienda, seguridad y en otros que son esenciales para la población.
Sin embargo, la ceguera y el dogmatismo reformista de los personeros del gobierno y del partido en el poder, no vislumbran otros caminos para solventar y resolver los problemas económicos y nacionales que no sean todos aquéllos que conduzcan a la entrega sistemática de los recursos naturales y humanos al capital extranjero y a las empresas trasnacionales que sistemáticamente se han encargado de desangrar y succionar los excedentes productivos producidos por la fuerza de trabajo de millones de trabajadores mexicanos desde los tiempos de la colonia.
Como si hubiera asistido a un auditorio de la COPARMEX donde se ventilan problemas domésticos, y no a un foro del gran capital internacional hegemónico (como es el G-20) que trata sobre los problemas de la economía mundial, Peña Nieto habló sobre los presuntos «beneficios» de su «reforma fiscal» que enviará próximamente al Congreso de la Unión -y que, por cierto, es lesiva en materia de impuestos para las grandes mayorías-. Allí aseguró, con el dogmatismo que lo caracteriza, que dicha reforma «consolidará la estabilidad y el crecimiento económico de México, ya que «simplificará el sistema fiscal, incrementará la competitividad de la planta productiva, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas». Por supuesto que este cándido optimismo del mandatario mexicano es extensivo al conjunto de las reformas neoliberales que está implementando el gobierno federal-FMI-BM, cuyo núcleo duro, en la realidad del capitalismo salvaje y depredador, es: más exclusión social, más explotación del trabajo, más mercado capitalista, más dependencia y mayor entrega del país al empresariado extranjero.
En la nublada imaginación de quienes habitan este idílico mundo panglossiano sólo la sacrosanta inversión privada -que, por cierto, es producto del trabajo ajeno no remunerado al trabajador- constituye el único sujeto capaz de proporcionar «recursos y soluciones» a los graves problemas acumulados en los últimos treinta años de prevalencia del capitalismo salvaje y neoliberal en México, y que ha sido fielmente cultivado y reproducido por los sucesivos gobiernos que hasta ahora han ocupado el poder evidentemente al servicio de las poderosas fracciones de las clases dominantes y bajo los designios de los organismos internacionales comandados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial quienes, en esencia, han diseñado y mandatado las políticas económicas que han prevalecido hasta ahora en el país.
Por eso urge la construcción de un poderoso movimiento social integrado por trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes y otros sectores explotados de la sociedad mexicana que sea capaz de construir un alternativa desde abajo e integral que no sólo supere, como plantean algunas fuerzas políticas comprometidas con el orden vigente, el neoliberalismo, sino su esencia, que es el capitalismo dependiente en todas sus manifestaciones y formas de existencia.
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