Paramilitarismo, desaparición forzada, asesinatos, persecución política contra activistas y defensores de los derechos humanos son algunos aspectos que caracterizan la situación política en Chiapas en este inicio del año 2022, situación que va acompañada de una estela de impunidad, es decir, de la protección gubernamental hacia los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
A inicios de este año, en el municipio de Aldama fue asesinada una persona, crimen perpetrado por un grupo de corte paramilitar; en Ocosingo de igual manera un grupo paramilitar agredió a familias de la comunidad Patria Nueva; en el mismo municipio el grupo paramilitar “los petules” realiza acciones de hostigamiento con disparos hacia pobladores de la comunidad El Carrizal.
En comunidades del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) en los municipios de Acala y Chiapa de Corzo de igual manera ha iniciado el año, con operativos policíaco militares de hostigamiento y vigilancia, esto acompañado de una campaña de persecución política hacia integrantes de la organización por parte de las instituciones gubernamentales, quienes pretenden realizar detenciones arbitrarias a partir de carpetas de investigación fabricadas y delitos inventados.
Este escenario es el que ha creado el gobierno estatal de la autodenominada Cuarta Transformación encabezado por Rutilio Escandón Cadenas, desde que inició su administración, la represión, la impunidad y la demagogia han caracterizado su política, basta con recordar los despojos de tierras, desplazamiento forzado, los encarcelamientos y asesinatos de luchadores sociales, estudiantes normalistas, activistas, que se dieron desde el año 2019.
En este contexto, recordamos que en este mes de enero se cumplen tres años de los asesinatos cometidos contra el defensor de los derechos humanos Zinar Corzo y de los luchadores sociales Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, hasta la fecha estos crímenes se mantiene en la impunidad.
Estos y otros casos han evidenciado que la administración chiapaneca en coordinación con autoridades municipales y el gobierno federal, protege y financia a los responsables materiales e intelectuales de cometer las graves violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo a grupos paramilitares, el caso más ilustrativo es el de los Petules en el municipio de Ocosingo, quienes han recibido millones de pesos para la compra de armamento y con ello cometer asesinatos y acciones de hostigamiento en contra de comunidades campesinas e indígenas organizadas en el FNLS y otras organizaciones populares.
Otros personajes que gozan de total impunidad son los ex Fiscal General del Estado Jorge Luis Llaven Abarca y el ex Secretario General de Gobierno Ismael Brito Mazariegos, actualmente presiden una Curul en la Cámara de Diputados como premio por su labor represiva en Chiapas, desde ese puesto planean y ejercen la violencia contra el pueblo.
El año pasado demostramos que fue Llaven Abarca y Brito Mazariegos quienes operaron la detención arbitraria de cuatro compañeros en Chiapas y que hicieron uso de sus facultades para elaborar carpetas de investigación con delitos inventados, esas prácticas nefastas le dan continuidad quienes se encuentran hoy como titulares de la FGE y PJE, es decir, Olaf Gómez Hernández y Oscar Trinidad Palacios.
Estos políticos de oficio hacen uso faccioso de la ley para intentar incriminar a luchadores sociales y así encarcelarlos, es lo que sucede con las maniobras jurídicas hechas en contra de nuestros compañeros ex presos políticos Venturino Torres Escobar y Asunción Gómez Sánchez, dichas instituciones buscan encarcelarlos de nueva cuenta a partir de un delito fabricado.
El panorama político en la entidad no es alentador para el movimiento popular dado el carácter represivo de esta administración que no escucha, no atiende las demandas del pueblo y que intenta silenciar la protesta con cárcel y balas, esta situación coloca como una necesidad doblegar esfuerzos para mantener la movilización en contra de la represión y de este modo evitar que crezca la cifra de víctimas.
Aún le resta la mitad del sexenio a esta administración y la violencia se avecina con más ahínco, MORENA se ha teñido de sangre del pueblo, por ello, el silencio y la pasividad no son una opción, tenemos derecho a organizarnos, manifestarnos y expresarnos, lo haremos válido por la vía de los hechos como hasta ahora, como FNLS nos mantenemos firmes en la exigencia de justicia, presentación con vida de los detenidos desaparecidos, libertad a los presos políticos, y en la lucha por el socialismo.
¡Por la unidad, obrero, campesino, indígena y popular!
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