Las masivas movilizaciones en defensa del gas y los hidrocarburos realizadas en los últimos días por los movimientos sociales de Bolivia, recibieron una respuesta inmediata: la rearticulación de la «megacoalición» del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que ahora respalda al gobierno de Carlos Mesa Gisbert y también la «reaparición» del embajador norteamericano en este […]
Las masivas movilizaciones en defensa del gas y los hidrocarburos realizadas en los últimos días por los movimientos sociales de Bolivia, recibieron una respuesta inmediata: la rearticulación de la «megacoalición» del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que ahora respalda al gobierno de Carlos Mesa Gisbert y también la «reaparición» del embajador norteamericano en este país, David Greenlee. El 25 de agosto la Coordinadora del Gas convocó a una movilización que tuvo respuesta positiva en cuatro ciudades: El Alto, Cochabamba, La Paz y Oruro; mientras que el 30 del mismo mes, el Movimiento al Socialismo (MAS) demostrando su poder movilizó a miles de personas en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Potosí, Sucre y Oruro.
La consigna de estos sectores populares, a los que se suman otros, es la misma: la nacionalización e industrialización de los hidrocarburos antes que la exportación a mercados de México y Estados Unidos.
El diputado nacional y jefe del MAS, Evo Morales Ayma, dijo: «Frente a la soberbia y la burla del presidente Mesa que sólo obedece a la embajada norteamericana y a las transnacionales, los pobres de este país que somos la mayoría tenemos una sola alternativa: unirnos nuevamente».
En días pasados, Oscar Olivera el vocero de la Coordinadora del Gas, afirmó que para aprobar la nueva Ley de Hidrocarburos el gobierno debe escuchar a los movimientos sociales y no sólo a la denominada clase política; caso contrario, se recurrirá a las medidas de presión.
Ante las movilizaciones el gobierno instruyó el resguardo militar y policial de puntos considerados estratégicos pero guarda un sepulcral silencio respecto a las demandas populares.
A las movilizaciones populares se deben sumar otras de sectores más reaccionarios y conservadores como los transportistas que paralizaron la sede de gobierno de Bolivia por 48 horas o los movimientos cívicos que anuncian medidas de presión.
Sin embargo, el Jefe de Estado luego de amenazar con no promulgar ninguna ley si los parlamentarios no aprobaban su proyecto de ley de Ejecución y Cumplimiento del Referéndum, invitó a la ex coalición gubernamental de Sánchez de Lozada a apoyar su política hidrocarburífera.
La megacoalición de gobierno está compuesta por los partidos de ideología neoliberal como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Acción Democrática Nacionalista (ADN), aún no retornó a este esquema la Nueva Fuerza Republicana (NFR) del ex capitán de ejército Manfred Reyes Villa, aunque su apoyo a los gobiernos de turno siempre fue condicionado y no se descarta su pronta participación.
Aunque los movimientos sociales aún están divididos -producto del referéndum del pasado 18 de julio- se espera que en las futuras acciones en las calles, en las plazas y las carreteras unan fuerzas.
El Referéndum tramposo
De acuerdo a los resultados oficiales de la Corte Nacional Electoral (CNE), más del 90 por ciento de los bolivianos y bolivianas que participaron en el referéndum vinculante aprobaron que el actual gobierno del presidente Carlos Mesa, recupere la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado Boliviano.
Un similar número de ciudadanos exigió derogar la Ley 1689 -Ley de Hidrocarburos del ex presidente Sánchez de Lozada- anulando los 78 contratos de riesgo compartido con las empresas transnacionales.
El gobierno actual no incluye estas peticiones en su proyecto de ley de Ejecución y Cumplimiento del Referéndum, sino que de acuerdo a diferentes analistas económicos es una réplica de la ley de Sánchez de Lozada (Goni); sin embargo, la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley donde se establece la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos para el Estado Boliviano; esta propuesta debe ser tratada en el pleno camaral.
El embajador norteamericano señaló que la nueva Ley de Hidrocarburos debe beneficiar de igual forma al país y a las inversiones extranjeras. «Depende de cómo se presenten las conversaciones y la nueva ley, ahora es un proceso interno, no puedo opinar, ojalá sea de beneficio al pueblo boliviano pero también que se aliente la posibilidad de más inversión».
Según Morales Ayma, las movilizaciones tienen su origen porque el gobierno no responde al mandato del referéndum ni acata la voluntad del pueblo sino que está al servicio de las transnacionales y el mandato de la embajada norteamericana.
Aunque el referéndum vinculante fue muy claro en cuanto a sus respuestas, el gobierno pretende manipular las mismas.
La primera pregunta ¿Está usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocarburos 1689 promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada?, recibió el sí del 86.6 por ciento contra el 13.4 por ciento que se inclinó por el no. Aún no se abrogó esta ley y sólo se la pretende reformar.
La pregunta 2 ¿Está usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano?, fue la que mayor apoyo recibió por el sí con un 92.1 por ciento; en cambio, el no llegó sólo al 7.9 por ciento. El gobierno se niega a recuperar la propiedad de los hidrocarburos con el argumento que se pueden generar una huida de inversiones externas.
La tercera pregunta ¿Está usted de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, recuperando la propiedad estatal de las acciones de las bolivianas y bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos?, tuvo el 87.1 por ciento de apoyo por el sí y el 12.9 se inclinó por el no. Aún no se ha planteado una estrategia seria para formar una empresa estatal de hidrocarburos.
La pregunta 4 ¿Está usted de acuerdo con la política del presidente Carlos Mesa de utilizar el gas como recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al océano Pacífico?, fue la más resistida. El 57.5 por ciento votó por el sí y el 42.5 por ciento por el no. El presidente boliviano ya se reunió con su par de Perú para ver esa posibilidad, los sectores populares, antes que la exportación de los hidrocarburos, primero demandan la nueva ley.
La quinta pregunta ¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que cubra el consumo de las bolivianas y los bolivianos, fomente la industrialización del gas en territorio nacional, cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras llegando al 50 por ciento del valor de la producción del gas y el petróleo a favor del país, destine los recursos de la exportación e industrialización del gas, principalmente para la educación, salud, caminos y empleos?, también fue cuestionada. El 64.8 por ciento marcó el sí y el 35.2 por ciento prefirió el no. Por la complejidad de esta pregunta, las respuestas ofrecidas hasta el momento por el gobierno a la población son muy ambiguas.
Según el portavoz de la Coordinadora del Gas, «La lucha por la nacionalización de los hidrocarburos recién comienza y al margen de los resultados del referéndum tramposo, el pueblo boliviano saldrá a las calles para hacerse escuchar».
Juicio contra Goni
Sin embargo, no sólo es la demanda central de la nacionalización de los hidrocarburos la que une a los partidos neoliberales ni moviliza a los sectores populares sino también el pedido de Juicio de Responsabilidades contra el ex presidente Sánchez de Lozada.
En octubre de 2003, antes que Goni fuera expulsado del gobierno por la ejemplar fuerza de este pueblo, más de 80 bolivianos y bolivianas fueron asesinados y más de 400 resultaron heridos de bala.
En ese sentido, las organizaciones populares exigen a las instancias judiciales que se inicie el juicio de responsabilidades que no sólo implica al ex presidente sino también a varios de sus ministros que precisamente pertenecen al MNR, MIR y NFR, los partidos de la ex megacoalición.
Mientras campea la impunidad para los ex gobernantes, el gobierno ordenó la detención de dirigentes sindicales del Movimiento Sin Tierra (MST), como Gabriel Pinto, acusado de participar en el asesinato del ex alcalde de la población altiplánica de Ayo Ayo, pero también continúan los procesos contra varios dirigentes de los productores de coca del Trópico de Cochabamba presuntamente por estar ligados a acciones «narco-terroristas».
Las organizaciones populares se van uniendo en torno a esas demandas y otras como el rechazo al Tratado de Libre Comercio (TLC) Andino, a la oposición al incremento del precio de los hidrocarburos y a la convocatoria a la Asamblea Popular Constituyente, mientras que los partidos neoliberales lo hacen para frenar los cambios sustanciales en la Ley de Hidrocarburos, para que no prospere el juicio contra Sánchez de Lozada y para que no atiendan las demandas populares.
A poco más de un año de la «guerra del gas», se puede percibir un futuro incierto en Bolivia, el país ubicado en el corazón del continente americano…