Días atrás el ex presidente argentino Eduardo Duhalde reapareció en los medios con declaraciones relacionadas con la seguridad y la defensa. Primero, advirtió que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) «perforaron» las organizaciones gremiales y políticas en Argentina. Luego propuso que los militares presten apoyo en el combate contra la inseguridad tal «como pasa […]
Días atrás el ex presidente argentino Eduardo Duhalde reapareció en los medios con declaraciones relacionadas con la seguridad y la defensa. Primero, advirtió que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) «perforaron» las organizaciones gremiales y políticas en Argentina. Luego propuso que los militares presten apoyo en el combate contra la inseguridad tal «como pasa en Río de Janeiro -dijo Duhalde-, que cuando en las favelas hay problemas, el ejército también participa». Sus declaraciones pusieron nuevamente sobre el tapete el debate sobre cuál es el rol que deben tener las Fuerzas Armadas.
El encargado de responder a sus declaraciones fue el ministro de Defensa José Pampuro, quien reconoció la presencia transitoria de gente de las FARC en el país pero remarcó que no hicieron contacto ni desarrollaron actividades de guerrilla o de violencia con ninguna organización argentina. Pampuro aclaró que su ministerio no tiene capacidad para investigar el hecho porque es tarea que le corresponde al ministerio del Interior y a la SIDE (Servicio de Informaciones del Estado), dejando en claro que las FARC no están operando «militarmente» en el país.
En relación con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, el ministro de Defensa argentino refutó los dichos del titular de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Eduardo Duhalde, argumentando que, en Brasil, la conformación de las fuerzas Armadas y de Seguridad es diferente a las de Argentina.
Incluso remarcó que el ministro de Defensa del país vecino, José Viegas solicitó información al Ministerio de Defensa argentino sobre la historia y el funcionamiento de la Gendarmería Nacional. Brasil carece de una fuerza intermedia y sus autoridades ven con buenos ojos la posibilidad de crear una fuerza militar de este tipo que se ocupe del control de disturbios y de megaoperativos de seguridad, para evitar así recurrir a las Fuerzas Armadas.
Más allá del trasfondo político que tuvieron las declaraciones de Duhalde, en pos de una campaña de acumulación de fuerzas de cara a las elecciones de octubre de 2005 en Argentina, está claro que el retorno de la democracia estuvo caracterizado por una reinstitucionalización democrática de las Fuerzas Armadas cuyo eje central implicaba la subordinación militar al gobierno civil y la desmilitarización de la seguridad interior.
Desde entonces y hasta la actualidad, se enfrentaron dos posturas antagónicas. La primera de ellas, producto de un amplio consenso político, plantea la no-intervención de las fuerzas armadas en los asuntos de seguridad interior, excepto en ciertas circunstancias especiales institucionalmente admitidas. Esto quedó plasmado en la ley 23.554 de Defensa Nacional y en la ley 24.059 de Seguridad Interior.
La tendencia opuesta postula la necesidad de intervención militar en la órbita de la seguridad interior. Esto tiene antecedentes en los decretos 83/89 y 327/89 promulgados por el ex presidente Raúl Alfonsín, que habilitaron la intervención castrense para hacer frente a la «lucha contra grupos terroristas», y el decreto 392/90 del ex presidente Carlos Menem que amplió aquella intervención para controlar situaciones de «conmoción social».
El ataque terrorista del 11 de septiembre contra las torres del World Trade Center, en New York, trajo de nuevo el debate que desde mediados de los años ´90 se venía desarrollando en la Argentina. En ese momento la posición favorable a militarizar la lucha contra las denominadas «nuevas amenazas» nuevamente encontró oídos.
El entonces ministro de Defensa, Horacio Jaunarena sostuvo la necesidad de revisar y reformular el esquema normativo y el sistema institucional vigente en materia de seguridad. Propuso un rol destacado de las Fuerzas Armadas en la prevención del terrorismo, tanto en el plano operativo como en el de la producción de información e inteligencia.
Más adelante, el tema de la utilización de las Fuerzas Armadas para tareas policiales fue planteado en junio de 2002, durante la presidencia de Duhalde. En aquella oportunidad Jaunarena, aún en el cargo de ministro de Defensa y su jefe de Ejército, Ricardo Brinzoni, argumentaron sobre la militarización de la seguridad interior y la intervención castrense en el conflicto social. Plantearon la creación de un superministerio de Defensa y Seguridad que tendría facultades sobre el control de la criminalidad callejera, la documentación personal, las aduanas y las migraciones.
En una nota publicada por APM, titulada «Argentina: inseguridad urbana y estrategia hegemónica», el experto en relaciones internacionales Angel Tello, afirmaba que «La participación de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad es inviable y además inoportuna porque las fuerzas armadas no están preparadas para estas actividades. Lo harían mal y producirían un efecto letal sobre la sociedad, además en nuestro país (Argentina) está prohibido porque hay leyes que impiden que esto ocurra. Son leyes que fueron sancionadas con un gran consenso en el Congreso de la Nación».
Fue el mismo Pampuro quien consideró que el ex presidente argentino Eduardo Duhalde efectúa este tipo de declaraciones para demostrar presencia política. «A veces, en la política, uno dice cosas, por ahí un poquito de más y se generan este tipo de cosas. En el tema de seguridad tendríamos que trabajar todos juntos, callarnos la boca y no causar polémicas», dijo el ministro.
Nada es casual en la política de Duhalde. El ex mandatario elige interferir en un tema sumamente delicado como la planificación oficial sobre cuestiones de seguridad y orden público, tema instalado en un lugar destacado de la agenda política y mediática argentina.
Aún así existen sectores de derecha que se inclinan a la utilización de tropas contra conflictos internos. Allí se encolumnan, además de Duhalde, Mauricio Macri -titular de Compromiso para el Cambio-, y diferentes cámaras de comercio. En este sentido, el perodista Martín Dinatale afirmó en el diario La Nación que hay varios legisladores del Partido Justicialista (peronista) que trabajan en propuestas de seguridad tendientes a nacionalizar la lucha por la inseguridad.
El periodista Horacio Verbitsky, en un artículo publicado en el diario argentino Página 12 destacó que la ley de Seguridad Interior no impide la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad, pero la limita a casos excepcionales en que el sistema de seguridad interior resulte insuficiente para resguardar la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes. «La decisión de recurrir a elementos de combate de las Fuerzas Armadas deberá tomarla el Presidente y refrendarla el Congreso mediante la declaración del estado de sitio», dice Verbitsky.
Consultado por APM, Ernesto López jefe de gabinete del ministerio de Defensa argentino destacó que «Argentina tiene dos leyes rectoras en materia de Seguridad y Defensa, ambas logradas con un amplísimo consenso parlamentario en su momento, consenso que, hasta el día de hoy, se mantiene. Son las leyes de Defensa Nacional y la ley de Seguridad Interior. La ley de defensa, de todos modos, incluye consideraciones sobre la posibilidad de que en algunas actividades las instituciones militares se desarrollen en términos de seguridad interna. Pero tiene que mediar declaración del Estado de Sitio y la participación del Congreso Nacional».
Según López, quien además es director del Programa de Investigación Fuerzas Armadas, Seguridad y Sociedad (PIFAS), el Poder Ejecutivo también tiene la alternativa de demandar algunas tareas de apoyo logístico de las instituciones militares para la seguridad interior. Sin embargo por el momento esta alternativa no sería posible. Hasta el momento se habrían firmado acuerdos con provincias para ceder terrenos para edificar cárceles, pero se descartaría que esas prisiones sean controladas por militares. También pueden registrarse ventas de algún equipamiento, como simuladores de tiro, pero no se llegaría a más que eso.
A mediados de septiembre los ministros de Defensa del MERCOSUR ampliado se reunieron en Buenos Aires con el fin de lograr una posición común ante la Cumbre Hemisférica que está prevista para mediados de noviembre en Quito, Ecuador. Pampuro, en calidad de anfitrión, advirtió que los ministros alcanzaron una visión unificada para asignarles a las fuerzas armadas sus roles tradicionales en cuestiones vinculadas con la defensa territorial de los países. Esa será la postura del MERCOSUR ampliado en la reunión hemisférica.
«Los países que estamos aquí -dijo Pampuro- queremos mantener a las fuerzas armadas lejos de los problemas de seguridad interna». Esta explicación de las diferencias -según el artículo de Verbitsky- causó irritación en Estados Unidos y el Pentágono hizo saber su disgusto al agregado militar argentino, al mismo tiempo que el embajador de Washington en Buenos hizo lo propio ante la Cancillería local.
Por su parte, Canadá, Estados Unidos y países centroamericanos impulsan una mirada militar desarrollada hacia el control interno. El gobierno norteamericano pretende desde hace varios años que se fusionen las leyes de seguridad y de defensa. El gobierno de George Bush intenta recuperar el rol que las Fuerzas Armadas del Cono Sur tuvieron años atrás, esto es intervenir en tareas de seguridad interior para una mejor articulación de su doctrina sobre el conflicto de baja intensidad.
De cara a la próxima Cumbre Hemisférica, el CEMIDA (Centro de Militares para la Democracia Argentina) emitió un documento en el que alerta sobre el sistema de defensa que Estados Unidos pretenderá institucionalizar en noviembre en Quito. Según el documento, las exigencias de la seguridad norteamericana luego del 11-S llevaron a Estados Unidos a convocar a una Reunión Especial de Seguridad Hemisférica que se realizó en México en octubre de 2003. En esa conferencia uno de los objetivos planteados fue el de unificar la Seguridad Interior con la Defensa ante la agresión externa. «El intento norteamericano en Monterrey no pudo lograrse totalmente -dice el documento- por la decidida oposición de México, Brasil, Venezuela y Argentina, pero los objetivos estadounidenses no han cambiado. Intentarán imponerlos en Quito».